El binomio tierra-agua está en el origen de la mayor parte de las civilizaciones y, de manera destacada, en la agricultura, que dio luz a los primeros asentamientos estables, productivos y progresistas de la humanidad.
Esta verdad ancestral se ha venido agudizando en tiempos de cambio climático. La escasez de agua produce tensiones, conflictos, guerras. Según el Instituto Internacional de la Paz, desde el año 2000 hasta el 2023, en el mundo se registraron 1057 conflictos por el agua. Hoy mismo, nuestro país mantiene una disputa con nuestro vecino del norte por el agua del río Bravo, y al interior, cada vez con más frecuencia varias entidades, municipios y comunidades padecen estrés hídrico.
Por ello es muy importante la iniciativa relativa a la expedición de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y que, en una primera instancia, dio origen a movilizaciones, bloqueos y protestas de organizaciones productoras del campo.
Es importante señalar que las iniciativas presidenciales tienen el objetivo de garantizar el acceso al agua como derecho humano fundamental; evitar el acaparamiento y monopolización del vital líquido en cualquiera de sus usos primordiales (por la vía de su privatización creciente); asegurar la rectoría del Estado sobre la administración, asignación y distribución de este recurso propiedad de la nación, y proveer su abastecimiento social (no mercantilizado) para las futuras generaciones.
Después de un intenso ejercicio de consulta con personas usuarias, productoras, consumidoras, técnicas, académicas y especialistas sobre el tema de los recursos hidráulicos, se acordó impulsar algunas modificaciones, precisiones y cambios que permitirán avanzar a reformas legislativas que armonizan tanto las legítimas demandas de las y los usuarios actuales como los objetivos presidenciales de garantizar el acceso al agua para todas y todos los mexicanos de hoy y de las próximas generaciones.
La apertura al diálogo y la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del director de Conagua, Efraín Morales López, permitieron realizar medio centenar de adecuaciones que darán a la ley la mejor fuente de legitimidad a la que puede aspirar una autoridad reguladora: el aval de los actores regulados.
Entre las adecuaciones destacadas se encuentran las siguientes: se refuerza el traslado de derechos de agua en la transmisión de dominios de tierra, es decir, el binomio tierra-agua; de esta forma, se brinda certeza jurídica a las personas propietarias (artículo 49).
En el traslado de derechos, se conservarán los relativos a la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes, con lo cual se facilita la continuidad de las actividades productivas y se asegura que el uso del agua permanezca vinculado al territorio, evitando conflictos y fortaleciendo el manejo responsable.
Asimismo, se establece que la combinación de uso agrícola y pecuario en actividades primarias no implica un cambio de uso, y que se respetarán los volúmenes actuales en la renovación de vigencias.
Las nuevas leyes actualizan el ideal zapatista de que la tierra y el agua sean de quienes las trabajan, no de quienes las monopolizan, las comercializan o, peor aún, de quienes se las roban.
