Las manifestaciones encendidas el 2 de octubre, tanto en Toluca como en CdMx, con la evidencia de estudiantes enardecidos y algunos descontrolados detenidos; policías agresores y agredidos; además de periodistas afectados por la brutalidad de algunos uniformados; mas toda la polémica desatada entre los que quieren contención a toda costa y quienes creen que la libertad de manifestación y expresión es absoluta; nos dejan ver el gran reto que deben enfrentar con celeridad y seriedad los gobiernos locales: preservar la libertad de expresión y de manifestación, imponiendo la autoridad con la firmeza y asertividad, para procurar la seguridad del resto de la población que no es más que espectadora. Ojalá que sí.
Es de reconocer que se dice más fácil de lo que se hace, pero muy peligroso e inconveniente es que un gobierno decida frenar una manifestación a costa de lo que sea, como permitir que los manifestantes hagan todo lo que se les ocurra y arrasen con lo que encuentren a su paso, pues en ambos casos pierde la sociedad y a esta altura seguro debería haber capacidad para encontrar una buena forma de actuar, cuando la dinámica convencional muestra que prácticamente todos los días concurren grupos de manifestantes, en ambas ciudades capitales, con diversos motivos, métodos e intensidad.
Expertos en derechos humanos se deben entender con especialistas en tácticas y estrategias de seguridad pública y operación política, para atender una necesidad prioritaria y evidente: capacitación suficiente para poder contar con personal profesional en el análisis de riesgos, previsión, mediación, diálogo y negociación, que lleve a afrontar con empatía todo el descontento social que mueve cualquier manifestación, incluso antes de llegar a un momento crítico, lo cual por momentos parece haber sido relegado por quienes encabezan los bandos ufanándose de tener la razón y descartando la posibilidad de conciliar.
Hoy existen protocolos de actuación, pero al parecer algo más está haciendo falta y está afectando principalmente a quienes han decidido actuar con base en la ley. Imposible no reconocer que hay grupos de manifestantes cuyas causas son indudablemente válidas, pero no están exentos de ser infiltrados por grupos de provocadores y malandros con propósitos dañinos o que hay otros movimientos cuyos integrantes han llegado a creer que es válido descargar su furia y arremeter contra los bienes públicos y privados como huella de su vigencia o simplemente por desahogo y eso no hay forma de tolerarlo. ¿Es imposible prever?
La peor respuesta a todo lo ocurrido la semana pasada en las manifestaciones “conmemorativas” sería la impunidad para los agresores, ya sean manifestantes o policías, así como la renuencia a aprender y corregir errores en el desempeño de las instituciones. Se ha perdido mucho por la indolencia y es muy difícil exigir mayor reflexión a quienes instan a las movilizaciones, toca a la parte gubernamental establecer mejores canales de diálogo y acuerdos para poder manejar estas movilizaciones por cauces realmente pacíficos. Observemos qué talla de gobernantes tenemos para afrontar esto.
La reacción de muchas personas apoyando a quienes hacen valer con la ley con violencia contra los manifestantes en actitud salvajemente destructiva, es el indicador de esa urgencia antes de alentar que quienes hasta hoy han respetado la ley, decidan emigrar, cerrar negocios o tomar la iniciativa para hacer justicia e imponer respeto por su propia cuenta, lo cual sería funesto.
#Provocaciones
TiempoExtra: El Poder Judicial del Estado de México amplió el plazo para recibir propuestas de temas que tengan que ser trabajados para transformarlos en líneas de acción de su Plan de Desarrollo Institucional para los próximos dos años, en los que por cierto, deberían sentarse las bases para mejorar progresivamente la impartición de justicia, como se prometió se haría con la reforma judicial. Es tiempo de que quienes reclamaron cerrazón o indiferencia en el pasado, planteen ideas. Por algo debemos empezar y es de reconocer la apertura del ejercicio.
