Después de un fin de semana tan funesto, donde la tragedia de la explosión de una tienda en Sonora que dejó 23 personas fallecidas sólo pudo ser desplazada en atención por otro evento trágico, el homicidio en una plaza pública del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; hecho que provocó que la ira y el descontento social saltara a las calles exigiendo justicia y reprochando indolencia, especialmente porque el político michoacano había pedido apoyo de las fuerzas federales y estatales para frenar a los grupos criminales que imponen su poder en esa región, los mismos a los que él había desafiado a sabiendas que eso podría costarle la vida, como finalmente ocurrió. Pregunta obligada es: ¿Se hizo todo por protegerlo?
Los reclamos y los insultos encendidos en las calles de Michoacán para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y en las redes sociales de manera exacerbada para el gobierno federal encabezado por la presidenta Sheinbaum, considerando que a ella dirigía Carlos Manzo las constantes peticiones públicas de ayuda, se convirtieron desde la noche del sábado en una avalancha de animadversión que evidentemente ha generado preocupación, tanto por la respuesta que obligadamente debe darse con celeridad para imponer justicia y responder contundentemente al grupo criminal que puede estar tras el atentado, como por los efectos que esto puede causar en la imagen de la mandataria y su movimiento.
Lo primero se ha tratado de atender con las respuestas que tanto el secretario de seguridad Omar García Harfuch, como del de Defensa, Ricardo Trevilla han ofrecido a través de los medios de comunicación y la redes sociales institucionales, respecto a las acciones implementadas para la seguridad y contención del crimen; lo segundo, al parecer de manera menos acertada, recurriendo con evidente molestia al muy usado argumento que dicta que la violencia que se vive hoy es efecto de las guerra declarada hace casi 20 años por el entonces Presidente Felipe Calderón, complementado con la narrativa que la corriente de repudio está impulsada por los adversarios del régimen que además financian su expansión como una campaña de odio, a través de medios y periodistas a los que han calificado de “buitres” y “carroñeros” aseverando que se prestan a ese propósito, y eso ahora deberá tratar de demostrar el gobierno. ¿Era necesario?
A esto se ha sumado una serie de expresiones de apoyo y solidaridad de personajes políticos para con la Presidenta, a quien, situada como víctima, tratan de blindar y vigorizar en la opinión pública, mientras continúan las ofensas, reclamos y repudio, y la actitud gubernamental asumida, enciende más los ánimos que no parecen artificiosos, sino encontrando una justificación más para persistir. Así ya se ve lo ocurrido en Morelia la tarde del domingo con manifestantes que arremetieron contra el palacio de gobierno estatal y la noche de este lunes con la quema del palacio municipal de Apatzingán, ambas exigiendo justicia no sólo por la muerte de Carlos Manzo, sino también por la del empresario limonero Bernardo Bravo.
Ojalá hubieran mostrado algo más de magnanimidad y empatía los gobernantes para enfrentar de otra forma el problema, pues con su proceder parece que la mayor preocupación es la popularidad, antes que las soluciones. Ojalá mostraran humildad para entender que aún cuando afirmen que hay avances contra el crimen, sigue habiendo decenas de homicidios cada día, sigue habiendo lugares donde la gente no vive tranquila y está a merced de sus victimarios impunes, ojalá mostraran sensatez para recordar que el reclamo en la dimensión que sea, ante hechos tan dolorosos, no es una agresión sino la exigencia que cumplan con lo que prometieron que eran capaces de resolver. Magnanimidad y humildad, quizá funcionarían mejor. Esto podría crecer aún y puede que no sea bueno. Ojalá reconsideren a partir de ahora.
