Protegida por los muros de su propio palacio, sin exponerse y mucho menos ser objeto de algún cuestionamiento público, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un informe digamos ordinario y sin grandes novedades, excepto el énfasis puesto en algunas cifras exitosas. Y no debe extrañar que hay casos que no deben regatearse que ciertamente se han tenido en su administración que, con todo, tienen una evaluación realista de nuestra situación. Sí ha habido mejoras en el plano económico, y específicamente en los incrementos al salario mínimo y la lucha contra la pobreza, aunque en este campo, se consideran cifras un tanto contrarias a las condiciones verdaderas de la economía global. Entre otros problemas, pronto la inactividad manufacturera habrá de cobrar sus efectos ya que refleja que una parte considerable de la industria está simplemente paralizada.
En temas de seguridad se trató de resaltar puntos que la presidenta quiso enarbolar como un triunfo, como la baja en homicidios dolosos y otros delitos, escogidos cuidadosamente para no mencionar la dramática condición de inseguridad que todavía se vive en estados y regiones del país, lo que evidencia que, pese a los empeños de uno de los funcionarios que suelen rendir buenas cuentas, Omar García Harfuch, así como de la “entrega” de capos y delincuentes de distinta monta que habían sido anteriormente capturados y purgaban prisión, al gobierno de Estados Unidos, la pacificación de la Nación dista aún de ser una realidad. Basta con ver que todos los días vemos ejemplos del poder persistente del hampa, las extorsiones y la imparable ola de crímenes que cometen a diario.
Y aunque se trate de formas, bien estaría que después de casi veinte años sin suceder, la presidenta reabriera la práctica constitucional de rendir su informe personalmente ante la representación popular, o sea el Congreso de la Unión. Sus antecesores inmediatos no lo hicieron por temor a las diatribas y señalamientos de sus respectivos opositores pero, pese a la necesidad de que emita un mensaje ante la población, la presidenta siguió con la misma práctica y prefirió seguir con la forma más cómoda: enviar su informe por escrito a los legisladores y evitar de paso escuchar la palabra, el reclamo o lo que se quiera, de sus opositores. En fin, contando con la mayoría absoluta en la Legislatura pudo haber considerado siquiera esta acción auténticamente republicana.
Y en el otro tema importante, aclarando que nada, pero lo que se llama tengo en contra de las manifestaciones y expresiones religiosas o artísticas de los pueblos originarios. Sin embargo, no deja de ser insólito y poco institucional que se echen por tierras las formalidades legales para la toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, no tan nueva al menos para las tres ministras que, bajo el signo del gobierno de López Obrador, ahora lograron con el “voto popular” su sitio en el que tienen garantizados muchos años de buen sueldo y sus complementos. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, las aguerridas defensoras de todas las causas del expresidente, hoy descansan tranquilas al recibir, como otros, el beneficio de los tristemente famosos acordeones que fueron inducidos entre votantes que, de otra forma, no hubieran atinado a elegirlas como querían. E igual sucedió con el nuevo presidente de la Corte, el abogado de raíces indígenas Hugo Aguilar Ortiz, intenso seguidor de AMLO quien recibió por un tiempo el premio mayor de la pantomima electoral a la que, con todo y el poder de Morena y la indudable fidelidad de quienes reciben recursos de programas sociales, sólo alcanzaron el sufragio de uno de cada diez mexicanos.
La ocasión no era para menos, así que, para resaltar todavía más la trascendencia de que el personaje, a quien sin empacho los morenistas -incluida la presidenta-, han llegado a una comparación que por lo menos hoy no es propia: es el nuevo Benito Juárez de México. Así de fácil. Pues bien, no parece chiste sino capricho que antes de la ceremonia realmente oficial, se haya llevado una especie de Guelaguetza a la Corte, con bailables y “limpias”, y por supuesto la entrega del “bastón” por parte de comunidades indígenas, costumbre establecida por ya saben quién, lo que permite suponer que la gran idea se originó en Palenque. El nuevo presidente fue enfático en señalar que esta nueva etapa será la de la erradicación de la corrupción y el nepotismo (¿será?), aunque falta por ver si este poder, convertido de nueva cuenta en brazo del único real que es el Ejecutivo, es capaz -y pronto se sabrá-, de alcanzar lo que todos esperamos: su independencia. Después de todo, todo indica más bien que los resultados de la nueva reforma al Judicial está a prueba, sobre todo porque nació en medio de una muy discutible legitimidad. Y de pensar en que llegará a ser el contrapeso del poder absoluto presidencial, será mejor dejarlo para años o décadas en el futuro. Ojalá y no.
