El lunes 28 de septiembre del año pasado, en este mismo espacio bajo el título “¿Qué pasa en Metrorrey?”, publicamos una serie de denuncias que llegaron de manera anónima, donde señalaban algunos malos manejos en compras y adjudicaciones en ese organismo.
Entre otras cosas, se mencionaba que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable ordenaron la compra de sujetadores a sobreprecio y no pudieron ser instalados, pero lejos de corregir el problema corrieron al gerente de mantenimiento.
De igual manera se dijo que estaban amarrados contratos para las siguientes administraciones y que los vagones adquiridos para la Línea 3 eran de segunda mano, a precios altísimos.
La persona que hizo llegar la información por correo electrónico aseguró haber sido despedido de la secretaría porque en su momento enumeró cada uno de los presuntos actos fraudulentos. “A mí me separaron de mi cargo en Sustentable y me reservo el nombre por temor a represalias”.
Metrorrey históricamente ha sido una cuna de lobos, de donde algunos de sus directores salieron cuestionados, pero a ninguno de ellos le fincaron responsabilidades.
Ahora nos damos cuenta que no andaba tan errado. La Auditoría Superior de la Federación acaba de emitir un dictamen donde concluye que hay desvíos por 50 millones de pesos, y advierte que la Línea 3 no está lista para operar por cuestiones de seguridad.
Esto se da a conocer a unos días de la puesta en marcha de la obra insignia del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, quien niega la versión de la ASF, y asegura que todo está en regla.
Por supuesto que Jaime va a rechazar cualquier irregularidad en su gestión, porque eso mancharía a una administración independiente que se cansó de acusar al priista Rodrigo Medina de malos manejos.
El Bronco tiene en sus manos una verdadera bomba que amenaza con estallar y es que ahora no se trata de señalamientos de algún periodista o medio de comunicación, sino de una instancia del gobierno federal, quien seguramente tiene pruebas para llegar incluso a fincarle responsabilidades en un momento dado.
Por si las dudas, el gobernador debe investigar a fondo si alguno de sus colaboradores está involucrado en actos de corrupción, pues aunque no sea culpable, él es el responsable de cualquier anomalía en su gobierno y quien podría llegar hasta la cárcel.
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