Los autos chocolates, aquellos que han ingresado a nuestro país de manera la mayoría de ellos por el contrabando ilegal y que deja claro que las fronteras nacionales siguen siendo una coladera amenazan la seguridad de los mexicanos por muchos motivos, el principal de ellos por que al no contar con un registro e identificación pueden ser utilizados para cometer un delito y con ello volvemos a la sensación de impunidad que permite el hecho de circular en un automotor con un remedo de placas expedidas por cualquier organismo “Juan de las Cuerdas”.
En segundo lugar el otro riesgo que representan es a la seguridad vial, pues en caso de ser partícipes en un accidente en caso de huir el sospechoso de ser responsable no hay manera de localizarlo, pero si la situación permite detenerlo éste no contará con el seguro que permita hacerse responsable de los gastos generados por el percance. No se diga el tema de la contaminación ambiental que representa el incrementar en más de dos millones, según cálculos el número de vehículos obsoletos en las calles de nuestro país.
Sume a todo ello el golpe que representa a la economía de las mayorías, pues mientras un ciudadano que va por la vía legal a adquirir un vehículo, en este caso seminuevo o usado primero tiene que pagar cuando menos 50 por ciento más del valor de un vehículo chocolate, en el caso que lo amerite pagar impuestos de control vehícular, además de la verificación y los gastos que conlleva también la adquisición de un seguro. De todo ello quedan exentos aquellos que se animan a andar de ilegales y al final se les premia con un paguito de 2 mil 500 pesos para que el contrabando de vehículos quede legalizado con una abierta invitación a que si sucedió sucederá mañana y el problema no acabará nunca.
Premio a la corrupción y a la ilegalidad. Creo que si el gobierno federal quiere apoyar a las personas que requieren vehículos para circular por necesidad o trabajo no deberían poner el mal ejemplo de permitir que conductas ilícitas queden redimidas con el favor del ejecutivo, lo que debe hacerse es generar condiciones de vida que permitan a cualquier mexicano hacerse de un automóvil por la vía legal.
Ah, pero se me olvidó que regresamos 30 años en cuanto a política social… ¿a dónde vamos a parar?
Miguel Ángel Puértolasmiguel.puertolas@milenio.com
