El reciente retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vuelve a enfocar la atención sobre un mal endémico de México, responsable en gran medida de la violencia que asola al país: la estrecha relación entre los grupos delictivos transnacionales y el poder político, ya sea por infiltración, participación directa o simple connivencia.
En el caso de la mandataria fronteriza, las sospechas recaen principalmente sobre su esposo, Carlos Torres Torres, a quien se vincula con el huachicoleo mediante la importación ilegal de diésel y el posible lavado de dinero. Esta situación exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades mexicanas, especialmente del gobierno federal, dada la naturaleza de los delitos que se imputan.
Lamentablemente, los ejemplos de exmandatarios que utilizaron el poder para favorecer a la delincuencia organizada son numerosos. Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, detenido en Italia en 2017 y extraditado a Estados Unidos, enfrentó acusaciones de lavado de dinero y nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, arrestado en 2001, fue sentenciado por narcotráfico y lavado de dinero. Y más recientemente, el trágico asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido en 2020, puso de relieve las sospechas sobre sus vínculos con grupos criminales.
Ante esta realidad, el gobierno de Estados Unidos se ha convertido en un aliado clave, instando a muchos políticos mexicanos a actuar con cautela. La supuesta “lista de Rubio”, que señala a narcopolíticos bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, ha generado gran revuelo. Si bien su existencia está en duda, lo que es innegable es que hay investigaciones en curso. Testimonios de figuras como los exlíderes del Cártel de Sinaloa y sus familias podrían desencadenar una persecución de narcopolíticos, una sacudida necesaria para que México pueda alcanzar la paz.
El crecimiento de estos grupos delictivos sería impensable sin la complicidad y la corrupción. Los gobernantes que han sucumbido a la tentación de pactar con el crimen organizado deben saber que más temprano que tarde deberán rendir cuentas ante la justicia.
