La percepción respecto a que este 2024 la violencia generada por los grupos criminales va a incrementar no es exclusiva de quienes vivimos en el país y que hemos visto la incapacidad de la autoridad de actuar en contra de los delincuentes en una actitud que navega entre lo omiso y lo permisivo, ponernos por ejemplo el foco hoy en las campañas electorales que serán blanco de los criminales, porque los políticos salen a la calle a pedir el voto y enfrentarán los riesgos que todos los ciudadanos enfrentamos cada día.
Para nadie es desconocido el poder que tienen estas bandas para influir en los resultados de las elecciones, pero no de una manera burda como el simple robo de urnas, cuyos casos han sido contados, sino mediante la coacción de sus bases sociales para mediante el miedo o entrega de dádivas acudan a las urnas a votar por quienes son sus candidatos con los que bajo presión o soborno ya trabajan para ellos con el único fin de aumentar su control sobre las finanza públicas mediante la obra obligando a contratar empresas fachada para lavar el dinero producto de sus actividades u obtener protección usando a las policías municipales.
Leía con atención dos estudios uno realizado por el Instituto Baker de los Estados Unidos y el otro realizado por Integralia en México donde resaltan como puntos preocupantes el crecimiento de la violencia en general y los ataques en campañas además de un alza importante del trabajo de las organizaciones criminales en torno a actividades delictivas como la producción de droga y los homicidios.
“El cambiante panorama criminal podría provocar aumentos repentinos de la violencia. En el año electoral aumentarán los asesinatos políticos y las amenazas contra los candidatos para obligarlos a retirarse de las elecciones, como vimos en 2018” señala el análisis Perspectivas para México 2024 del Baker Institute.
Por su parte en Diez Riesgos Políticos para 2024 de Integralia se señala que “...los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales. En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas”.
Y nadie habla de esto… y poco se está haciendo para evitarlo.
