El consentimiento político y social a la violencia o a la corrupción se encuentra en la satisfacción con el discurso que, inmerso en sus estructuras, afirma rechazarla. Esa condición de aparente dualidad crea atmósferas. Con ellas vienen tolerancias y fueros. Un consenso ha poblado editoriales indistintamente de afinidades con el oficialismo: nociones dispersas de un cambio en la estrategia de seguridad contra el gobierno pasado, aunque la transexenalidad del conflicto armado interno en Sinaloa no resiste ese optimismo. Mucho menos, lo hace la vanagloria en tribunas donde ni siquiera hay intentos por esgrimir retórica alguna frente a las desapariciones.
La modificación de métodos en la relación del Estado mexicano con la violencia tiene como destinatario de facto nuestras necesidades regionales y comerciales, antes que a las víctimas. El papel ha sido funcional; pero sería un error confundirlo con una ruptura en la continuidad de la vida en Culiacán, desde hace más de un año, al sumarse más de 2 mil muertos y otros tantos desaparecidos a partir de septiembre del 2024.
Cuando lo que importa deja de hacerlo, es admisible ignorar las desapariciones como ocurrió en el último reporte de incidencia delictiva.
Las personas desaparecidas siempre contienen una relación de incomodidad para los gobiernos. Entonces, bajo lógicas de negación, un fenómeno de obligaciones morales y éticas antes que políticas se desplaza en una conversación dominada por la autorreferencia de la plaza pública. La vida nacional es ella. La discutimos en lo anecdótico, pasamos al siguiente tema.
Hay cierta universalización del cinismo y la conformidad en un país que optó por desvincular los hechos de sus estructuras. Así, se verán singularidades en seis civiles recién asesinados en Tamaulipas por las Fuerzas Armadas. Ni siquiera la complejidad inaudita en la red de corrupción de la que forman parte altos miembros de la Marina rompe aquellos fueros otorgados en el simplismo.
Todo país es tan grande como las regiones y realidades que se minimizan y a las que se adecua la comunicación de desgracias.
No es mala estrategia, si un gobierno quiere asegurar la centralización del Estado. Los saldos son otra cosa.
