El Paquete Económico 2025 que la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso refleja, más que un diagnóstico objetivo, una apuesta arriesgada en un entorno donde las certezas económicas se desvanecen con rapidez. El documento proyecta un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, cifras que contrastan con los pronósticos de organismos internacionales y del propio Banco de México, que ubican el crecimiento más cerca del 1.3% para el próximo año.
Apostar al techo de 2.8% es, en los hechos, construir sobre arena.
El contexto internacional juega en contra. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y destino de casi el 80% de las exportaciones mexicanas, atraviesa un año cargado de tensiones políticas y una política comercial impredecible. La posibilidad de nuevos aranceles o medidas proteccionistas es una amenaza directa para la manufactura mexicana. Al mismo tiempo, la volatilidad global —marcada por la desaceleración en China y las tensiones geopolíticas en Europa y Asia— limita los márgenes de maniobra para una economía tan dependiente del comercio exterior como la nuestra.
Pero los riesgos no son solo externos. En el frente interno, el déficit fiscal es la gran sombra. En 2024 se disparó al 5.4% del PIB, el nivel más alto en tres décadas, y aunque Hacienda promete una reducción en 2025, el Paquete Económico contempla nuevamente una fuerte contratación de deuda para financiar el gasto. Se calcula que el Servicio de la Deuda Pública costará más de 1.2 billones de pesos, convirtiéndose en el segundo rubro más oneroso del presupuesto después de los programas sociales. Esto significa que cada peso que se destina a pagar intereses es un peso menos para inversión en infraestructura, salud o educación.
El discurso oficial insiste en que “no habrá nuevos impuestos”, pero la realidad es otra: los contribuyentes cautivos —personas físicas asalariadas y empresas formales— enfrentan cada vez más presión fiscal, más fiscalización y mayores controles. No se tocan los grandes huecos de evasión y elusión, ni se amplía la base de contribuyentes. El resultado es un círculo vicioso: se gasta más en
programas sociales y se recauda con las mismas fuentes, cada vez más exprimidas.
En este sentido, los apoyos sociales son el corazón del presupuesto. Las pensiones y transferencias directas superan ya los 1.8 billones de pesos y representan más del 25% del gasto neto total. Son políticamente redituables, pero económicamente comprometen la flexibilidad de las finanzas públicas. La metáfora es clara: la cobija es una, y al jalarla hacia los programas sociales se deja descubierta la inversión en infraestructura, educación y salud, sectores que paradójicamente podrían detonar crecimiento sostenido.
El otro foco rojo es institucional. Las reformas judiciales y constitucionales impulsadas por la actual administración han generado incertidumbre en los mercados, y el Paquete Económico no despeja las dudas sobre cómo se blindará la confianza de los inversionistas. A ello se suma la opacidad en la ejecución del gasto: los informes de la Auditoría Superior de la Federación han revelado inconsistencias año con año, lo que erosiona aún más la credibilidad.
La Cámara de Diputados aún puede ajustar el proyecto. Lo responsable sería reconocer que el crecimiento estará más cerca de 1% o 1.4%, en lugar de insistir en escenarios de 2.8% que carecen de respaldo en el mercado. Esa corrección permitiría construir un presupuesto más realista, menos dependiente de deuda y con mayor disciplina fiscal.
El Paquete Económico 2025 sostiene un excesivo optimismo que podría convertirse en su principal debilidad. El reto no está solo en cuadrar cifras, sino en recuperar la confianza: ampliar la base de contribuyentes, transparentar el gasto y fortalecer la inversión productiva. De lo contrario, México corre el riesgo de repetir un guion ya conocido: crecer menos de lo previsto, recaudar menos de lo esperado y endeudarse más de lo planeado.
