Si algo me parece crucial abordar en esta coyuntura, es cómo llegará México a la próxima revisión del T-MEC. No se trata únicamente de las tensiones con Estados Unidos o Canadá, sino de las señales que México mismo está enviando con sus decisiones internas. Hoy no solo debemos preocuparnos de lo que se negocie en Washington, sino de lo que estamos haciendo desde casa.
Me parece muy importante subrayar que esta revisión, que se iniciará con un análisis interno a partir de septiembre, no se trata de una simple formalidad. Es una revisión que coincide con un contexto nacional complicado: una profunda transformación del Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos clave como la COFECE y el IFT, y una propuesta de reforma electoral que está generando dudas sobre la solidez institucional del país.
Estas decisiones internas, más allá del discurso político, pueden convertirse en un obstáculo para México en la mesa de negociación. El propio T-MEC establece, con absoluta claridad, la obligación de mantener tribunales independientes, procesos judiciales imparciales y órganos reguladores autónomos. La preocupación es real: si seguimos desmontando instituciones, abrimos un frente innecesario que Estados Unidos y Canadá podrían utilizar como pretexto para imponer condiciones más duras o incluso aranceles disfrazados de medidas de “protección”.
A lo largo de los últimos años, ya hemos visto cómo se imponen aranceles bajo argumentos de seguridad nacional, migración o lucha contra el narcotráfico. Mi preocupación es que con los cambios que estamos viviendo, sumemos un nuevo frente: la percepción de debilitamiento institucional. Esto no es una especulación; está en el texto del tratado y puede ser un argumento válido para endurecer la negociación contra México.
Mi planteamiento es muy claro: México no debe regalarle argumentos a nadie. Necesitamos llegar a la mesa mostrando firmeza, sí, pero también seriedad institucional. El gobierno debe demostrar con hechos —y no solo con palabras— que los órganos impartidores de justicia y los entes reguladores siguen siendo independientes, imparciales y ajenos a cualquier intervención política. De lo contrario, no solo estaremos enfrentando aranceles injustos, también una pérdida de confianza en nuestro sistema jurídico.
A esto se suma otro riesgo: el momento político. La revisión del T-MEC coincidirá con la entrada en funciones de los nuevos juzgadores electos al Poder Judicial, con los cambios constitucionales y regulatorios más profundos en décadas y con un entorno político polarizado. Todo lo que estamos modificando desde el Congreso puede convertirse en munición para nuestros socios comerciales.
Insisto: no es momento de improvisaciones ni de abrir nuevos frentes. La prioridad debe ser proteger lo que funciona: una economía abierta, cadenas de producción integradas y reglas claras para el comercio exterior. Si agregamos incertidumbre interna, será más difícil defender nuestras exportaciones, nuestros empleos y nuestro crecimiento.
La defensa del T-MEC empieza en casa. Si queremos llegar a la negociación con argumentos sólidos, el Ejecutivo y el Legislativo deben actuar con responsabilidad, mientras que el nuevo Poder Judicial demostrar con hechos su capacidad e imparcialidad. Cada reforma cuenta, cada cambio institucional tiene un efecto directo en cómo se nos percibe afuera. Hoy más que nunca, lo que aprobemos en México puede jugar a favor o en contra del país en su negociación más importante.
