Resolver el problema de inseguridad que aqueja a nuestro país requiere un diagnóstico honesto de la situación en la que nos encontramos. Y ello precisa aceptar algo penoso: que por años, las fiscalías y procuradurías estatales han manipulado las estadísticas oficiales de homicidios mediante una táctica de “reclasificación”.
La táctica de reclasificación es sencilla pero efectiva. Las fiscalías son las encargadas de clasificar si una persona fue víctima de homicidio, accidente (homicidio culposo) o si pertenece a una clasificación nebulosa de “otros delitos contra la vida”. Esto les da un enorme poder discrecional pues solo aquellas muertes clasificadas como homicidio pasan a formar parte de las estadísticas oficiales. El resto queda en el limbo.
Así, las fiscalías tienen el poder de bajar las tasas de homicidio a modo si se atreven a manipular los datos.
Las estadísticas muestran que, de 2015 a 2021, la manipulación por reclasificación se volvió una epidemia. De hecho, la tasa de homicidios clasificados como “otros homicidios” prácticamente se cuatriplicó durante ese periodo.
Posteriormente, de 2022 a 2024, los “otros homicidios” se mantuvieron sin cambio –pero en tasas elevadas– y hay síntomas de que pudieran estar aumentando en 2025. Esto es algo que debe prender las alertas de la presidenta y de Marcela Figueroa Franco, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En general se observan tres patrones de posible manipulación de datos:
Primero están aquellos estados que, en algún año, descubrieron la estrategia de reclasificación y desde entonces no han dejado de utilizarla. El pionero parece haber sido el Estado de México en 2015 durante el gobierno de Eruviel Ávila. Al estado le siguió San Luis Potosí en 2016; Tabasco y Zacatecas en 2017; Sonora y Morelos en 2018; Aguascalientes, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo en 2020; Guanajuato en 2021 y Baja California Sur en 2023.
Un segundo patrón consiste en entidades donde la reclasificación no parece estar sucediendo hacia “otros homicidios” sino hacia “accidentes”. Tal es el caso de Oaxaca, donde los accidentes comenzaron a aumentar de manera extraña en 2016, Nayarit en 2018 y Puebla en 2024.
Y finalmente están aquellas entidades que parecen estar usando la reclasificación solo de manera selectiva, durante periodos en los que las víctimas aumentan. El caso más evidente es Campeche, donde los “otros homicidios” aumentaron solo de 2022 a 2024; Yucatán, donde lo hicieron de 2016 a 2018, y Chihuahua en 2025.
Además de los patrones anteriores, Querétaro merece mención aparte pues ahí siempre, desde que tenemos datos en 2015, los “otros homicidios” han sido mayores que los homicidios oficiales.
