No se equivoquen: el anuncio del gobernador Pablo Lemus de bajar el tarifazo de 14 a 11 pesos no es un regalo del cielo ni un gesto de sensibilidad política. Es la evidencia cruda de que, cuando la gente se organiza y sale a las calles, los poderosos retroceden. Punto.
Lo que Lemus vende como “diálogo con la ciudadanía” fue en realidad un repliegue forzado por marchas, amparos ganados por estudiantes y un rechazo masivo que no pudieron ignorar. Si no hubiera habido presión en Avenida Vallarta, consignas en la Minerva y 35 personas que tumbaron la obligatoriedad de la tarjeta Broxel con un amparo, hoy las y los jaliscienses estarían pagando 14 pesos y entregando huellas digitales a una empresa privada.
Así de simple. Critiquemos sin anestesia el actuar de este gobierno. Aprobaron el aumento en diciembre, en pleno periodo vacacional, bajo el modus operandi de siempre para que la gente no reaccionara a tiempo. Querían un boleto técnico de 14 pesos, con subsidio de 1,200 millones del erario solo si aceptabas su tarjeta “La Única al Estilo Jalisco” —un esquema que olía a negocio desde lejos—.
¿Mejoras visibles? Ninguna. Las rutas siguen siendo un caos, las unidades un peligro rodante, los tiempos de espera un castigo diario para quienes sí usan el transporte público. Porque el verdadero insulto fue la desconexión: decisiones tomadas por funcionarios que jamás han sudado en un camión atascado, que no conocen el pánico de calcular si el sueldo alcanza para el pasaje de ida y vuelta, que viajan en camionetas blindadas o Uber Black mientras diseñan políticas que afectan a quienes dependen del transporte para llegar al trabajo, a la escuela o al mercado.
Ese es el pecado capital de este tipo de gobiernos: gobernar desde la burbuja. Imaginen a un secretario de Movilidad que nunca ha esperado 45 minutos bajo la lluvia por una ruta que no llega, o a un gobernador que no sabe lo que es apretujarse en hora pico con el miedo constante de un asalto, un accidente o hasta de sufrir acoso.
Desde esa altura, el transporte público es un problema abstracto, un número en Excel, un contrato con empresas como Broxel que terminan ganando más que mejorando el servicio. El tarifazo no era para financiar mejoras; era para imponer control digital, recolectar datos biométricos y condicionar un derecho básico, aunque lo nieguen.
Pero el pueblo dijo ¡basta! Desde enero, colectivos, estudiantes de la UdeG, la Asamblea Popular contra el Tarifazo y miles de ciudadanas anónimas llenaron las calles. No fueron caprichos; fueron gritos de hartazgo. Ganaron amparos, recolectaron firmas, viralizaron el descontento.
Y funcionó. Lemus tuvo que salir a redes a anunciar la tarifa en 11 pesos sin condiciones, con estudiantes en 5 pesos y “el único ajuste del sexenio”. Palabras bonitas, pero tardías. La victoria no es suya; es de quienes se movilizaron, de quienes no se quedaron callados ante el abuso.
Ahora viene lo verdaderamente urgente: dejar de parchar y empezar a construir políticas públicas que sí sirvan a quienes usan el transporte todos los días. Invertir en flotas eléctricas modernas, en rutas que lleguen a las periferias marginadas, en integración real con el tren ligero sin obligar a nadie a entregar su vida digital.
Celebrémoslo, pero vigilemos. Jalisco merece un transporte digno, no experimentos elitistas ni concesiones a medias. El pueblo ya demostró que puede tumbar tarifazos; ahora toca exigir que construyan algo que valga la pena.
