M+.- Sobre los hechos ocurridos en el municipio de Morelos, Chihuahua, el pasado 18 de abril, donde fueron asegurados seis grandes narcolaboratorios y que se asocian con el accidente vehicular en que murieron agentes de la Fiscalía General del estado y dos personas adscritas a la embajada de Estados Unidos en México, sobre lo que aquí aventuré la remota probabilidad de que el Ejército hubiese sido “embaucado” por las autoridades chihuahuenses, la Secretaría de la Defensa Nacional me envió una aclaración que pulveriza mis peregrinas especulaciones:
De conformidad con el denominado Eje 4 ––coordinación absoluta con el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas–– de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el contexto de la mesa de coordinación estatal en Chihuahua, la participación del personal militar en el operativo respondió a una solicitud formal de apoyo para realizar esa diligencia.
La petición fue de la Fiscalía General del estado, dirigida al comandante de la 42 Zona Militar con sede en Parral.
El operativo se desarrolló con la participación de 57 agentes de la Agencia Estatal de Investigación y 73 elementos del Ejército mexicano (no “40 y 40”, como aseguró el fiscal), estos últimos con la misión específica de proporcionar seguridad periférica durante el desarrollo de las diligencias ministeriales y, ante resultados positivos, resguardar el área. Este tipo de apoyo no contempla la identificación individual del personal participante adscrito a las fiscalías ni el conocimiento detallado del origen de la información que sustenta las investigaciones ministeriales, por lo que no se cuenta con elementos que permitan confirmar la participación de agentes extranjeros en esta clase de acciones.
Los apoyos de acompañamiento y seguridad siempre son solicitados en todas las entidades federativas de manera regular, dentro de los mecanismos de coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad pública, y se encuentran registrados en los informes semestrales de la Fuerza Armada Permanente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elabora y remite al Congreso de la Unión.
Estos informes contienen los datos estadísticos respecto a las escoltas y la seguridad externa que ha proporcionado el Ejército a la Fiscalía General de la República y a las estatales en la cumplimentación de mandatos judiciales.
Durante lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a escala nacional, existe un registro de 23 mil 319 apoyos de esta naturaleza por parte del Ejército, cifra que asciende a 37 mil 949 al considerar la participación de la Guardia Nacional.
La aclaración es diáfana y la agradezco.
Con esas cifras, ya parece que los jefes militares, con la orden específica de apoyar ipso facto las diligencias ministeriales proporcionando seguridad periférica y en áreas con fuerte presencia de bandas criminales, se pongan a pasar lista de asistentes y a checar identificaciones…
