La sesión del 17 de febrero de 2026 en la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados dejó una sensación incómoda: por un lado, el reconocimiento de una crisis evidente; por otro, la lentitud habitual de la política frente a una emergencia que ya cobra vidas todos los días.
La Coalición Movilidad Segura presentó una propuesta integral para reformar leyes y frenar las muertes en motocicleta, un fenómeno que ha crecido de forma alarmante en los últimos años. Mientras se debate, en México mueren en promedio ocho motociclistas al día.
Las cifras son difíciles de ignorar. Solo en la Ciudad de México se registraron 155 fallecimientos de motociclistas entre enero y septiembre de 2025, lo cual, no se trata de episodios aislados, sino de un patrón. Las motos se han convertido en una herramienta de trabajo, de movilidad barata y de supervivencia económica. Sin embargo, el crecimiento en su uso no ha ido acompañado de regulación, infraestructura ni cultura de seguridad.
Aquí es donde entra el concepto de Visión Cero, una política pública nacida en Suecia que parte de una idea simple pero radical: ninguna muerte en el tránsito es aceptable. No se trata de resignarse a reducir daños, sino de diseñar sistemas para evitarlos. En un país donde las motocicletas concentran buena parte de los ingresos hospitalarios por accidentes viales, la adopción de este enfoque no es idealismo; es sentido común.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta ciudadana es la implementación de licencias graduadas. La lógica es básica: no se debería poder conducir una motocicleta de alta potencia sin experiencia comprobada. Hoy, en muchos estados, obtener una licencia sigue siendo un trámite burocrático sin evaluación práctica real. El resultado es predecible: jóvenes sin capacitación circulando en condiciones de alto riesgo.
Pero el problema se agrava por la fragmentación normativa ya que cada entidad regula a su manera, lo que genera vacíos que terminan pagando los usuarios más vulnerables. La discusión reciente rechazó la idea de otorgar licencias gratuitas a estudiantes, argumentando preocupaciones de seguridad. La decisión es comprensible, pero insuficiente. El debate no debería centrarse en el costo del trámite, sino en la calidad del proceso.
Los países que han logrado reducir drásticamente las muertes viales no lo hicieron con campañas aisladas, sino con sistemas completos: exámenes rigurosos, infraestructura diseñada para proteger, estándares técnicos obligatorios para vehículos y responsabilidad compartida entre Estado, industria y usuarios. En México, muchas motocicletas circulan sin homologaciones claras y la infraestructura rara vez contempla su vulnerabilidad.
El auge de las plataformas de reparto ha intensificado esta tensión. Miles de personas dependen de la motocicleta para generar ingresos, pero trabajan bajo presiones de tiempo que incentivan conductas de riesgo. El sistema termina culpando al conductor individual, cuando el problema es estructural. Visión Cero plantea lo contrario: la seguridad es una responsabilidad colectiva.
La urgencia no es retórica. Las hospitalizaciones por accidentes en motocicleta han crecido de manera sostenida y las principales víctimas son hombres jóvenes, en plena edad productiva. Cada muerte no es solo una estadística; es una familia afectada y una pérdida social acumulada.
La sesión legislativa expuso el problema con claridad, pero reconocer una crisis no equivale a resolverla. Adoptar Visión Cero implicaría decisiones incómodas: exámenes obligatorios, seguros, bases de datos interoperables, sanciones efectivas y rediseño urbano. Implicaría también exigir estándares a fabricantes y responsabilidades a las plataformas.
México no sólo necesita más diagnósticos. Necesita asumir que la movilidad segura es una política de Estado. Si no se actúa ahora, el crecimiento del uso de motocicletas seguirá acompañado de más muertes prevenibles. La meta no es ambiciosa: es mínima. Que nadie tenga que morir por moverse.
