En Tamaulipas, la muerte en la calle ya se volvió paisaje. Un cuerpo en el asfalto, una moto destrozada, un cruce donde todos “ya saben” que alguien va a salir volando.
La tragedia se repite con una regularidad que debería escandalizar. Y, sin embargo, seguimos llamándole “accidente”, como si fuera un fenómeno meteorológico: cayó una lluvia, pasó una desgracia.
No. Un siniestro vial es una decisión política acumulada. Es el resultado de años de calles mal diseñadas, velocidades permitidas y toleradas, vigilancia selectiva, transporte público deficiente y una cultura institucional que prefiere reaccionar con comunicados antes que prevenir con infraestructura.
Los números no admiten anestesia. En 2023, Tamaulipas registró 552 muertes por siniestros viales. Quinientas cincuenta y dos. No son “estadísticas”: son familias rotas. Y el dato más ofensivo no es sólo cuántas personas murieron, sino cuánto desprecio institucional hay detrás: casi la mitad aparece como “no especificado”.
Es decir, el sistema ni siquiera puede decir con claridad si la víctima era peatón, motociclista, ciclista u ocupante de un vehículo. ¿Cómo se puede prevenir lo que no se mide bien? Cuando un gobierno no conoce a sus muertos, tampoco está preparado para proteger a sus vivos.
Aquí es donde se revela la trampa más común del discurso oficial: culpar al ciudadano. “El peatón se cruzó mal”. “El motociclista iba rápido”. “La gente no respeta”. Esa narrativa es cómoda porque desplaza la responsabilidad hacia el individuo y absuelve al poder.
Sí, hay conductas peligrosas. Pero quien tiene la capacidad real de reducir el riesgo a gran escala no es el ciudadano: es el Estado, porque la seguridad vial no depende de sermones, depende de decisiones, de ingeniería, control y justicia administrativa.
Las autoridades de Tamaulipas tienen en sus manos un catálogo probado de medidas que funcionan en todo el mundo. No son ideas futuristas: son derechos humanos.
Gestión de velocidad mediante infraestructura, no solo con patrullas: zonas 30 cerca de escuelas y hospitales, cruces elevados, reductores bien hechos, carriles más estrechos donde se necesita bajar velocidad, semaforización peatonal, iluminación y banquetas continuas.
Intersecciones rediseñadas —porque la mayoría de muertes se concentra en unos cuantos puntos—, giros peligrosos eliminados, pasos seguros, señalización que se vea, mantenimiento que no sea cosmético sino preventivo. Y cumplimiento real: alcoholímetros constantes, sanciones efectivas por uso del celular al volante, control a transporte de carga, vigilancia donde se muere, no donde conviene políticamente.
El problema es que esas medidas exigen algo que suele incomodar: prioridades. Exigen presupuesto sostenido, metas públicas, indicadores verificables y rendición de cuentas. No basta con pintar un paso peatonal y subir una foto.
La pregunta es brutal y sencilla: ¿cuántas muertes van a tolerar antes de actuar en serio? ¿Cuál es el objetivo anual de reducción? ¿Quién responde por los resultados? ¿Cuáles son los diez cruces con mayor siniestralidad y qué se hizo ahí? ¿Qué porcentaje de escuelas tiene un entorno seguro? Si no hay respuestas, no hay política pública: hay simulación.
Y hay algo más: la seguridad vial es un termómetro moral del gobierno. Porque habla de cómo administrar el espacio común. La calle es infraestructura pública. Cuando esa infraestructura mata, no es mala suerte; es negligencia. No es un “descuido humano”; es un diseño que permite el error y lo paga con sangre. Y cuando el Estado normaliza esa sangre, se vuelve cómplice.
Tamaulipas no necesita más campañas de “maneje con precaución”. Necesita autoridad que gobierne. La seguridad vial no es un favor: es un derecho. Y si un gobierno no puede garantizar lo mínimo: que llegar a casa no sea una ruleta, entonces está fallando en lo esencial. Lo contundente aquí no es el enojo. Lo contundente es el hecho: 552 muertes en un año no son inevitables. Son responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene nombre: las autoridades que no han hecho lo suficiente.
