La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales no es un capricho ni una concesión ideológica; es una actualización pendiente en un país que mantiene una de las jornadas más largas de la OCDE. Sin embargo, el problema no radica en la intención declarada de reformar la Ley Federal del Trabajo, sino en la manera en que se está intentando modificar la propuesta hasta diluir su esencia.
En un inicio, la iniciativa planteaba algo claro: dos días de descanso por cada cinco trabajados. Un estándar básico en muchas economías modernas. No obstante, lo que comenzó como un avance contundente hacia mejores condiciones laborales ahora enfrenta ajustes que parecen diseñados para reducir su alcance real.
En primer lugar, uno de los errores más graves es proponer periodos de transición excesivamente largos. Una reforma laboral no puede convertirse en una promesa diferida indefinidamente. Si el derecho se reconoce, debe aplicarse con certeza. De lo contrario, extender su implementación durante años bajo el argumento de “adaptación gradual” abre la puerta a que el cambio se postergue o se fragmente, particularmente en sectores donde la capacidad de defensa de los trabajadores es menor.
Asimismo, resulta preocupante la insistencia en esquemas de flexibilidad que permitirían concentrar o redistribuir horas sin garantizar descanso efectivo. Si, en la práctica, el resultado termina siendo trabajar lo mismo, pero comprimido o bajo fórmulas que faciliten jornadas extendidas disfrazadas, la reforma se convierte en una simulación. Reducir horas en el papel mientras se mantienen cargas reales similares no mejora la calidad de vida.
Por otra parte, la narrativa dominante ha centrado la discusión casi exclusivamente en el impacto económico para las empresas, dejando en segundo plano el impacto humano de jornadas prolongadas. Fatiga, estrés crónico, problemas de salud mental y menor tiempo familiar no son variables marginales; son costos sociales acumulados que rara vez se integran al análisis económico. Ignorar esta dimensión distorsiona el debate.
Además, cualquier modificación que introduzca excepciones amplias por tamaño de empresa o sector productivo corre el riesgo de generar desigualdad entre trabajadores. Un derecho laboral no debería depender del tipo de empleador que se tenga. Cuando se fragmenta su alcance, se debilita el principio de universalidad que debería sostenerlo.
A lo anterior se suma un problema estructural: la coherencia institucional. Si el Estado no fortalece los mecanismos de inspección y cumplimiento, cualquier reforma puede quedarse en letra muerta. México ya enfrenta dificultades en la aplicación de normas laborales vigentes. Sin supervisión efectiva, la reducción de jornada podría convertirse en un beneficio para algunos y una ficción para otros.
En este contexto, la ciudadanía observa con escepticismo cuando las decisiones se retrasan, se negocian o se condicionan en función de presiones sectoriales. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su texto final, sino también del proceso que la construye. Cuando el debate se percibe como una cadena de concesiones que erosionan el objetivo original, la confianza pública se debilita.
En definitiva, la discusión sobre las 40 horas no debería tratarse como una pugna entre productividad y derechos, sino como una conversación sobre el modelo de país que se quiere construir. Países que han reducido jornadas no colapsaron; por el contrario, ajustaron su organización laboral y apostaron por productividad basada en eficiencia, no en desgaste humano.
Reducir la jornada es reconocer que el tiempo también es un derecho. Si la reforma termina llena de excepciones, plazos indefinidos y ambigüedades, no será un avance histórico, sino una oportunidad desperdiciada. Y eso, más que una diferencia técnica, sería una señal política preocupante.
