En esta entrega abordo la dimensión institucional, ligada a las dos previas, la estructural y lo histórico institucional.
¿Qué capacidad tienen las instituciones de un Estado frágil – remendado y achicado, por exigencia del modelo neoliberal- y coludido en ciertas regiones del país con el narcotráfico y el crimen organizado para preservar la integridad de la mujer?
¿Qué capacidad tienen las instituciones impartidoras de justicia de dicho Estado para no permearse de la naturaleza hetero patriarcal que lo define?
Estas preguntas caen, una a una, en un entorno brutal de impunidad y revictimización: sólo 4 de cada 100 desapariciones -promedio- es judicializado. Sólo 4 casos -promedio- de cada 100 resultan en sentencias.
En México asesinan -cada día- en promedio a 10.5 mujeres. 4 de esos asesinatos queda impune (Impunidad Cero: 2020).
¿Cómo reducir la impunidad en ambos casos?
Para las desapariciones, el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada (ONU 2022) plantea, entre otras, una medida urgente: Diseñar e implementar una Política Nacional de Prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
Para los asesinatos contra la mujer, la ONU Mujeres propone, entre otras, esta medida:
Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron víctimas.
La lógica estructural de la etapa actual del capitalismo; la herencia histórico institucional y la fragilidad del Estado mexicano que facilitan la violencia contra las mujeres, cultivan la impunidad y apuntalan la revictimización -pero pueden ser reversibles hasta cierto punto.
No echemos en saco roto las recomendaciones del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada (ONU 2022) y las propuestas de ONU Mujeres.
Son nuestra isla de resistencia y resiliencia como país, pletórico de dolor e incertidumbre por las mujeres; con rostro de madre, hija, sobrina, esposa y amiga.
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