El paso del huracán Priscila por Hidalgo dejó un panorama devastador: comunidades incomunicadas, viviendas destruidas, caminos colapsados y familias que enfrentan pérdidas irreparables. Hasta ahora, se reportan al menos 22 fallecimientos, 26 municipios afectados y más de 280 comunidades sin electricidad.
Frente a esta emergencia, la respuesta gubernamental, al menos en términos oficiales, ha sido rápida y coordinada: albergues habilitados, distribución de víveres, maquinaria pesada para restablecer caminos y un presupuesto extraordinario de 500 millones de pesos destinado a atender la emergencia.
Sin embargo, la ciudadanía ha tenido que salir a las calles para visibilizar la urgencia de la situación. Manifestaciones en San Antonio El Desmonte, Pachuca y frente al Palacio de Gobierno muestran que, cuando los canales institucionales no alcanzan a llegar con rapidez o claridad, la gente recurre a la protesta como un mecanismo de comunicacióndirecto de la ciudadanía, una señal clara de dónde y cómo se requiere la atención inmediata.
Lo que estas manifestaciones dejan ver no es solo desesperación, sino también organización, compromiso y participación social activa. La protesta pacífica se ejerce con intención de dialogar y visibilizar necesidades.
Sin embargo, en lugar de recibir estas demandas como un canal para mejorar la acción gubernamental, algunas de estas manifestaciones han sido reprimidas, con despliegue de antimotines y reportes de agresiones, incluso contra menores.
Este contraste evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de participación, de escuchar a la ciudadanía sin miedo ni violencia, y de reconocer que la protesta no es enemiga del Estado, sino unindicador del grado de efectividad y sensibilidad de la administración frente a la emergencia.
La crisis provocada por Priscila nos recuerda que la gestión pública no puede limitarse al discurso ni al despliegue operativo; debe incorporarla voz de la ciudadanía para alcanzar resultados reales y justos.
