Las semanas pasadas, un lamentable episodio difundido en redes y medios, puso en evidencia algo que las millones de mujeres ya sabemos por experiencia: el acoso sexual callejero no es un accidente, ni un problema aislado, es una práctica socialmente normalizada que atenta contra nuestros derechos y nuestro bienestar.
El hecho de que ese episodio haya ocurrido contra una figura pública del alto mando de nuestro país, frente al ojo de asistentes y grabado por cámaras lo pone en foco la conversación nacional. Se habló de él, se teorizó, se mostró apoyo nacional y ayudó a nombrar la problemática que vivimos todas y eso es valioso. Pero hay una verdad que también debemos señalar: la violencia sexual está normalizada y las respuestas institucionales ante ella son reactivas y jerárquicas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia; casi la mitad ha vivido violencia sexual. Al mismo tiempo, la mayoría de los casos nunca llega a denunciarse. Esos números nos recuerdan que no hablamos de “eventos” aislados, sino de una práctica social que sobrepasa clases, territorios y edades.
Es legítimo y necesario que el suceso difundido impulse anuncios, campañas, planes y reformas. Sin embargo, es importante leer entre líneas, históricamente el Estado acelera las respuestas cuando la violencia alcanza a figuras con alta visibilidad y poder.
Si bien, el hecho coloca la agenda de género en la prioridad pública, también revela un patrón de reactividad: se actúa más por la presión mediática y política que por la urgencia cotidiana que enfrentamos las mujeres que caminamos sin cámaras ni escoltas.
Los anuncios y el debate público tienden a concentrarse en lo penal y lo mediático, pero suelen dejar de lado dos dimensiones claves: el daño psicosocial y las diferencias interseccionales en la vivencia de la violencia.Nos acosan a todas, sí; pero no de la misma manera.
