La iniciativa del grupo de diputados del partido Morena propone una reforma a diversos artículos de la Constitución para blindarla de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a su poder interpretativo que puede llevar hasta la invalidación del texto constitucional.
La propuesta legislativa, a la vista de algunas organizaciones de derechos humanos intenta acabar con la autonomía judicial, pero evidentemente esto también tiene su fondo: el evitar que sea el Poder Judicial mexicano el que legisle, es decir, en este caso la corte, ya que esta no es su función. con esto argumentan que también se evitaría que de esta manera incluso lo intenten hacer hasta algunos poderes extranjeros.
Es a raíz del auge de la defensa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, considerados como derechos humanos, que este tipo de situaciones se da con frecuencia, e invocándolos, como en este caso, se pretende invalidar otra parte del texto constitucional.
Pero la violación o supuesta violación de los derechos humanos por parte de algún artículo del texto constitucional, de acuerdo a la interpretación de algunos ministros de la suprema corte, sirve de perfecta justificación para pretender invalidar el texto que se cita. Es el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues esta viola la presunción de inocencia.
Así el dilema entre legalidad o justicia prevalece y las leyes pueden ser injustas pero son legales, y creo que en ese caso las autoridades e incluso los ciudadanos deberían tener el derecho de queja ante el Poder Legislativo para que este revise y corrija en su caso errores o contradicciones, cuya aplicación causan agravio a la población. Y si el Poder Legislativo se niega, que existan recursos cómo el amparo para obligarlo a corregir injusticias a los derechos constitucionales y humanos.
Julio C. Vega Olivares
