Se complica el asunto de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de la organización criminal La Barredora, quien fuera capturado en Paraguay. Por una parte se politiza y por otra el vecino del norte podría solicitar que se lo entreguen.
Hay que considerar que probablemente hay posibles involucrados incluso más que quienes se han manejado con insistencia. Por ejemplo el ex gobernador Carlos Manuel Merino tuvo bajo sus órdenes a Bermúdez, así como el ex fiscal de Tabasco, Jaime Lastra, y el general Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia, quienes en su momento deberán convencer a la justicia mexicana de que ellos son inocentes y que no sabían nada.
La politización del asunto se refiere a que esto le sirve a la oposición para golpear, de carambola, intentando desprestigiar y debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Antes se acostumbraron a que los mexicanos capturábamos a los narcotraficantes y los entregamos rápidamente. Pero las extradiciones tenían un motivo por el cual se realizaban: no había confianza en el Poder Judicial de nuestro país, porque este poder con frecuencia liberaba a los inculpados y de nada servía retenerlos; así que mejor había que procesarlos en otro país.
Pero ahora las condiciones han cambiado, hay una nueva Suprema Corte electa democráticamente, y ya la extradición es innecesaria pues el país no requiere deshacerse de sus reos, sino que puede procesarlos en México con la seguridad de que esto se hará con toda legalidad y justicia.
Este nuevo escenario, producto de una reforma judicial que si bien al inicio no abrigaba grandes expectativas, ahora muestra muchas cosas que resultan destacables, por ejemplo acaba con la impunidad judicial de los jueces, magistrados y ministros, al fraccionar el poder absoluto de la Suprema Corte de Justicia, cuya impunidad partía de que no había recurso oponible a sus decisiones, incluso aquellas violatorias de la constitución.
Además, ahora se desterrarán abusos como cargar al presupuesto gastos de amantes y familiares. Claro, el quitar esas ínsulas de poder e impunidad no era bien recibido, no sólo por la Corte sino por los sectores beneficiados de ese poder sin contrapesos que tenía y que se erigía como la última palabra por encima de los demás poderes, incluso torciendo sin consecuencias la constitución y las leyes.
