Ante la próxima desaparición de institutos oficiales y con tanto ruido mediático, juicios o prejuicios expresados en las redes —y el silencio incomprensible del gobierno para justificar sus decisiones—, se torna complejo concluir si estamos ante un atropello o ante una transformación radical y necesaria de la administración pública.
Desde fuera, el gobierno luce todopoderoso. Las personas suelen imaginar que una vez pasadas las elecciones y al mando del Poder Ejecutivo todo es cuestión de tronar los dedos para solucionar problemas. En realidad es mucho más complicado y por eso estamos ante un Estado en el que creció tanto la rama de los organismos autónomos, ese cuarto nivel de gobierno que parece en ocasiones como si quisiera constituirse como otro Poder Ejecutivo.
Hablamos de los institutos, comisiones y fideicomisos constituidos para intentar dotar al Estado de mayor eficiencia en sus tareas. Aunque también su existencia puede leerse como una vía fácil tomada por los presidentes en turno para burlar la complejidad de leyes, reglamentos, derechos laborales y sindicatos que dificultaban la acción de gobierno.
Como el sistema no servía para los fines con que fue concebido de manera adecuada, se crearon nuevas instancias que tomaban funciones que debieran pertenecer a las secretarías. Es así como surgieron los institutos, desde los poco conocidos como el del Transporte, el de Tecnología del Agua, el de Ecología y Cambio Climático, el de Investigaciones Nucleares, hasta los más populares como el de Acceso a la Información, el de Desarrollo Social y el de Elecciones. O las comisiones, como la de Biodiversidad, la de Vivienda, la de Derechos Humanos, la de Arbitraje Médico, la de Seguros y Fianzas, la de Mejora Regulatoria, etcétera.
Algunas son desconcentradas, otras son descentralizadas y otras más son autónomas, es decir, con total autonomía presupuestal y de operación.
Están a punto de desaparecer el Indesol, el IMTA, el Inecc y quizá hasta el Inali, cuyas funciones serían absorbidas por otras dependencias, como la propia Secretaría del Bienestar, la Semarnat o el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La extinción del Indesol la firmaron desde el 23 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario del Bienestar, Javier May. Otros como el del Inecc o el Inali dependen de cambios que realizará la Cámara de Diputados una vez que reanude sesiones en febrero próximo.
¿Convienen estos cambios? ¿Son una estocada a las organizaciones sociales, como asegura Martha Tagle? ¿Es un retroceso a los derechos humanos, como sostiene la diputada del PAN Teresa Castell? ¿Atenta esta decisión contra las luchas de los indígenas en México, como sostienen Eufrosina Cruz e Irma Pineda?
O más bien estamos ante una obligada transformación del Estado y una recuperación de funciones que terminarán por fortalecer una política de cambio. Es decir, ante un episodio más de cómo mover al elefante reumático. Ante la escasa argumentación pública de parte del Ejecutivo aún no es posible decirlo, pero tampoco coincidir con los juicios sumarios que menudean en las redes.
Héctor Zamarrón
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