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Domingo , 21.04.2019 / 10:28 Hoy

Auditoría Ciudadana

La irregularidad como regla general

Héctor A. Romero Fierro

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Ayer se publicaron diversas noticias donde se señala la presunta existencia de irregularidades del OPD Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, específicamente, por haber “dirigido” una convocatoria a licitación para el “Servicio Integral de Bancos de Sangre”, con la intención de favorecer a una empresa en específico.

De ser cierto esto, pudiera acarrear graves consecuencias para la empresa participante y los servidores públicos responsables ante diversas instancias del Sistema Estatal Anticorrupción y, en su caso, la Comisión Federal de Competencia Económica.

Para comprender el impacto negativo que genera este tipo de conductas, debemos considerar que la Constitución mexicana establece como regla general la licitación pública para las contrataciones que realiza el gobierno, con el objetivo de asegurar que la libre competencia de las empresas que le suministran productos y servicios permita las mejores condiciones económicas, haciendo su gasto más eficiente y eficaz.

No obstante, la ley permite que, en casos excepcionales, se realicen contrataciones mediante procedimientos alternativos “no competitivos”, tales como invitación restringida a determinados proveedores o adjudicaciones directas.

Durante años, tanto la academia como la sociedad civil han demandado que las administraciones públicas de todos los órdenes de gobierno eviten el uso excesivo de estos procedimientos distintos a las licitaciones, pues incrementa exponencialmente los riesgos de corrupción en el sector público.

Ello, ha provocado que poco a poco disminuyera su utilización, aunque a la fecha la cantidad de procedimientos que se desarrollan mediante licitación es muy bajo.

Sin embargo, establecer la obligación de que la licitación se considere como regla general no es suficiente, sino que debe asegurarse, en cada caso, que existan condiciones que favorezcan la libre competencia y mayor participación de empresas.

Por ello, la legislación estatal establece como prohibición a las dependencias imponer requisitos en convocatorias que limiten “la libre participación, concurrencia y competencia económica”.

Entre este tipo de limitaciones pueden encontrarse el limitar a contar con algún “tipo societario” específico, estar regulado por una autoridad en específico, haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna dependencia o entidad en particular, capitales contables mínimos, tener su domicilio en determinado lugar, solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente sean de una marca determinada, entre otros, a menos de que exista una justificación válida para ello, como alguna disposición legal o técnica que lo amerite, de lo contrario deben ser nulas.

Esto pretende asegurar que los contratos públicos se realicen bajo las mejores condiciones de contratación, bajo un contexto de “competencia perfecta”, es decir, que ningún proveedor o agente económico influya individualmente en los precios o valores de los productos o servicios que adquiere el Estado.

Como se ve, ningún caso tiene celebrar una licitación cuando se establecen barreras innecesarias a la participación en licitaciones que solo permitan a un grupo reducido o una sola de ellas cumplir con los requisitos que se establezcan. Incurrir en esto es un verdadero fraude a la ley y conlleva responsabilidades para quienes lo realicen.

Esta puede ser la punta del iceberg que permita a la Contraloría del Estado y los órganos internos de control de cada dependencia identificar casos de corrupción en el sector público, por lo cual deben verificarlo en las licitaciones que se han llevado a cabo, especialmente aquellas donde el objeto del contrato sea alto. También hace patente la necesidad de la efectiva implementación de testigos sociales, los cuales, a pesar de estar previstos por la ley, son inexistentes en la práctica. El gobierno federal esta asignando más del 80% sin licitación y eso que prometieron evitar esa conducta.

Debo también comentar sobre un tema relevante que se observó en la licitación que se ha conocido como “MaquinariaGate”, ya que si bien existen elementos que hagan necesaria una profunda revisión del proceso correspondiente por un posible conflicto de intereses y favoritismo propiciados por un ex funcionario de alto nivel, se ha señalado y sometido al escarnio injustamente a la Lic. Mariel Rodríguez Printzen, prácticamente señalándosele como si hubiese sido la responsable de la operación política y jurídica para llevar a cabo el proceso denunciado.

De acuerdo a una revisión de los documentos corporativos de las empresas Operadora de Servicios Mega y en segundo de Avancap, los cuales son públicos en el Registro Público de Comercio, ella únicamente ha participado con dichas empresas como delegada especial para la protocolización de actas de asamblea, sin que ello se traduzca en que es empleada, representante o funcionaria de las empresas. Lo bueno es que tanto la Junta de Coordinación Política, la fracción del grupo Parlamentario del PRI, un diputado del PAN y la fracción de Morena, en el Congreso estatal, han solicitado la intervención de las autoridades fiscalizadoras competentes. La fiscalía anti- corrupción debe dictar medidas cautelares suspendiendo estas licitaciones.

hromerof@lgrrabogados.com

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