El dato en sí es devastador: son 73 mil 201 personas desaparecidas en este país de fosas y silencios impunes. Solo en los primeros seis meses de este año se han registrado 2 mil 332 desaparecidos. Ahora mismo desaparecen 12 personas al día. Retengámoslo bien: cada dos horas hay una persona que es forzada, secuestrada y después ilocalizable. Con todo, esas cifras, por impactantes que parezcan, no son capaces de abarcar la magnitud de la catástrofe. No, porque no logran trasmitir el significado de cada uno de esas desapariciones, de esas ausencias…
En este momento, por ejemplo, es probable que alguna hija, sobrino o primo esté sujetado férreamente con cadenas al poste de un calabozo, o en las mazmorras de una vieja hacienda o enclaustradas en cualquier hotel de paso. Quizá esclavizados en los sembradíos de mariguana u opio comuflajeados en montes o tierras boscosas, o en laboratorios subterráneos o en recovecos de tierra socavada en los baldíos desérticos. Imaginar el tamaño de la vejación y el dolor por lo que están ahora mismo transitando no nos alcanza a vislumbrarlo o dibujarlo por mucho que hayamos leído o visto sobre la tortura, ultraje o cruentas flagelaciones.
Ahora, donde estén, seguirán preguntándose si sus familiares aún los buscan o ya se dieron por vencidos. Sentirán que los han dado por muertos. Creerán, acaso, que existe alguna autoridad que está haciendo todo por encontrarlos. Estarán deseando asirse de algo, un dios, un milagro para seguir resistiendo las eternas horas de encierro. Se habrán adaptado como animales encadenados al terror, al hambre. Habrán enloquecido.
Quizá, con solo tratar de imaginar a cada uno de los desaparecidos podamos tener algo de empatía, mínima, con los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Quizá entendamos de una vez por toda que no dejarán de insistir hasta saber qué diablos hicieron son sus hijos, sobrinos, primos.
Duele y avergüenza todavía más que haya registros, quejas, denuncias de decenas de familiares que acusan directamente a las fuerzas armadas de estar involucradas en las desapariciones forzadas. El ejemplo más brutal que estos días nos vino a reventar en la cara esa devastadora realidad, es el video del tiroteo de unos militares contra una camioneta Pick Up en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el video escuchamos la indicación de uno de los militares cuando descubre que en la camioneta baleada hay signos de vida: “Está vivo”, le advierte a su superior, pero como respuesta obtiene el mexicanísimo grito: “¡Mátalo, a la verga! Reviso el reportaje de Animal Político. Y la información es desoladora. Entre los muertos de aquel tiroteo estaba Damián Tercero, de 18 años, secuestrado y amarrado de manos. Damián “había llegado a Nuevo Laredo cinco meses atrás para buscar trabajo junto a su hermano Alejandro, que todavía sigue desaparecido”.
En el Senado les llegó un exhorto para que la ONU intervenga en la búsqueda y recuperación de las personas desaparecidas. Llevó el salvoconducto de nuestro Presidente justo a unas horas de oficiarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto). Y no es tanto el cumplimiento protocolario de un trámite burocrático que busque el beneplácito internacional. Es más la aceptación, casi como una capitulación, del vergonzoso fracaso del Estado para cumplir con la principal razón de su existencia: la seguridad de sus gobernados. En el documento mismo, este gobierno reconoce con todas sus letras: “la magnitud de esta crisis”. Es la devastación.
@fdelcollado
