En el cerrojazo de su administración, el presidente López Obrador ha hecho alardes de moralidad republicana que le garantizan un sitio de honor en el altar de la patria. Meses antes de que su partido sufriera duros reveses en la elección intermedia de 2021 declaró moralmente derrotada a la oposición. Desde entonces era previsible que lucharía con denuedo por anotarse victorias morales, pero nadie imaginó que lo haría con tal frenesí. La más reciente, su amenaza de recortar al mínimo el presupuesto de la Suprema Corte, por atreverse a invalidar la primera parte del plan B, y los ataques de porros encapuchados a la sede del poder judicial, reafirman el indomable arrojo de cruzada regeneradora.
Sabe que tiene la fuerza de su lado, pues ningún otro presidente del siglo XXI se había esmerado tanto por convertir a nuestra joven y frágil democracia en un gobierno militar. Aunque tuvo la prudencia de ocultar su militarismo cuando era candidato, algo que tal vez le hubiera restado votos, ya en el poder lo ha exhibido con orgullo. Los grandes éxitos del ejército en el combate a las organizaciones criminales ameritaban, sin duda, el diluvio de recompensas que le ha otorgado. La prosperidad de los generales llena de júbilo a todo mexicano bien nacido, pues vemos por doquier los frutos de su tarea pacificadora, sobre todo en las carreteras, donde ningún grupo delictivo perturba ya la paz pública. Al permitirles usufructuar el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la línea aérea que tratará de poblar ese mausoleo, López Obrador ha creado un régimen de propiedad intermedio entre lo público y la privado: la propiedad militar. No sólo ha sido dadivoso con las fuerzas armadas: también las protege contra la insidia de la prensa conservadora que ha denunciado, por ejemplo, el espionaje telefónico del Ejército a defensores de derechos humanos y los opulentos viajes al extranjero del secretario de la Defensa, que hace turismo fifí a costa del erario en compañía de toda su familia. Bravo, señor presidente: desde que liberó al general Cienfuegos sabíamos que nunca intentaría imponerle controles a esa impoluta corporación.
Otra contundente victoria moral de López Obrador son sus espaldarazos a colaboradores cercanos que cometieron negligencias criminales o gigantescas malversaciones de fondos. En tiempos de la presidencia imperial, las graves pifias o los trinquetes de un alto funcionario podían costarle el puesto. Más celoso de su autoridad que aquellos emperadores, AMLO jamás ha destituido a una oveja negra envuelta en escándalos bochornosos. Contra viento y marea sostiene en su puesto a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, a pesar del criminal incendio en la mazmorra de Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes, y en vez de procesar judicialmente a Ignacio Ovalle por la estafa de 15 mil millones de pesos en Segalmex, lo premió con un puesto en la Secretaría de Gobernación. Un hermoso ejemplo de amor al prójimo que ni el papa Francisco podría superar. El pueblo bueno se lo agradece con los ojos anegados en llanto.
Pero estas exhibiciones de rectitud palidecen ante la acción más virtuosa de su gobierno: la tentativa por destruir o paralizar al INAI, bloqueando en el Congreso el nombramiento de los comisionados que le hacen falta para sesionar. Como sabemos, la información que el INAI proporcionó a los medios en el sexenio de Peña Nieto contribuyó a destapar las cloacas de la casa blanca, la estafa maestra y la operación safiro. Por una mezcla de pudor y miedo a la opinión pública, Peña mantuvo en funcionamiento el instituto que lo dejó en cueros. Por fortuna, López Obrador no tiene pudores ni se arredra ante el riesgo de cometer marrullerías que la mafia del poder puede tachar de cínicas. Su desposorio con el pueblo ratifica todos los días una superioridad moral que lo pone por encima de toda sospecha.
Si el presidente está seguro de haber erradicado la corrupción, ¿por qué no se abre al escrutinio de la sociedad? ¿Tendrá algún esqueleto en el clóset? Eso piensan los traidores a la patria que desearían volver a la rapiña del periodo neoliberal. Pero las campañas electorales son guerras sucias y en la que empezó con dos años de anticipación por el destape prematuro de las corcholatas, el blindaje de los documentos públicos es indispensable para evitar revelaciones que pueden costar millones de votos. Sería funesto para el país dar esa ventaja a los enemigos de la cuarta transformación. Ante un peligro tan grande, los verdaderos patriotas tienen el deber sacrosanto de cerrar a piedra y lodo los archivos de las dependencias públicas, eximiendo al caudillo de una fiscalización que lastima su dignidad. Nadie tiene derecho a husmear en los gastos de un prócer situado más allá de las leyes y las flaquezas humanas.
