En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una novedad para convertirse en una realidad cotidiana que atraviesa múltiples dimensiones de nuestra vida: desde el algoritmo que recomienda productos de consumo, hasta el asistente médico que realiza diagnósticos o predice variaciones genéticas.
Esta expansión vertiginosa plantea oportunidades de gran valor, pero también desafíos éticos de fondo que no pueden pasarse por alto, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe, donde las desigualdades estructurales pueden amplificarse y afectar a muchos.
Conscientes de esta realidad, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha promovido una mirada crítica sobre la IA fomentando la conformación de un Grupo de Trabajo sobre Frontera Tecnológica de 14 investigadores expertos en el tema, provenientes de diversas universidades de la región que, tras un año de estarse reuniendo para reflexionar sobre las implicaciones de la IA en diferentes ámbitos, publicaron recientemente el documento “La inteligencia artificial, una mirada desde América Latina y el Caribe”.
En dicho análisis se abordan los efectos de la IA sobre la economía, la política, los derechos humanos, la salud, la educación, la comunicación, el trabajo y el medio ambiente, a partir de una premisa clara: la tecnología no es neutral, y debe estar siempre al servicio del ser humano, no al revés.
Uno de los focos de mayor preocupación es el ámbito económico pues la IA ha facilitado la automatización de tareas, generando nuevos modelos de negocio que, si bien pueden aumentar la productividad, también tienden a profundizar la desigualdad.
Las plataformas digitales concentran poder en pocas manos, crean monopolios informales y promueven modalidades laborales precarias, conocidas como “uberización del trabajo”, donde millones de personas trabajan sin contratos, sin seguridad social ni garantías mínimas.
En el terreno político, los algoritmos han demostrado su capacidad para manipular la opinión pública, alterar procesos electorales y fortalecer el poder de élites tecnocráticas.
La concentración del poder informativo en grandes plataformas digitales, sumada al analfabetismo digital, ha abierto las puertas a fenómenos como la desinformación, la polarización social y el debilitamiento de la democracia participativa.
La opacidad con la que operan muchos sistemas de IA –la llamada “caja negra algorítmica”– hace difícil atribuir responsabilidades cuando se cometen abusos, lo cual erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
En salud, las promesas de la IA conllevan riesgos considerables. Uno de ellos es la despersonalización de la relación médico-paciente, reducida a datos, modelos y patrones estadísticos.
Además, los algoritmos pueden reproducir sesgos injustos y generar discriminación o marginación social. La falta de atribución de responsabilidad plantea, por su parte, preguntas sobre a quién atribuirle la misma en caso de un “error” médico que produzca daños significativos, permanentes o incluso la muerte de un paciente.
La educación y la comunicación también enfrentan transformaciones profundas. El uso intensivo de IA en la creación de contenidos y en plataformas educativas ha cambiado nuestra forma de pensar, aprender y relacionarnos con la realidad.
La simulación de conocimiento, la generación automática de textos o imágenes, y la sustitución de la reflexión por la velocidad y la eficiencia, están poniendo en riesgo la formación del pensamiento crítico, la creatividad y la profundidad intelectual.
Por otro lado, el impacto ambiental de la IA es un aspecto que rara vez se menciona, pero que es urgente visibilizar. La materialidad tangible y no tangible como el funcionamiento de redes de datos, servidores, chips y sistemas inteligentes consume cantidades muy grandes de energía, requiere materiales como el litio y el cobalto –extraídos muchas veces mediante prácticas de sobrexplotación o desplazamiento de pueblos originarios– y produce toneladas de residuos tecnológicos tóxicos.
En América Latina, donde se encuentra el llamado “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia y Chile), este extractivismo tecnológico podría abrir nuevas heridas ecológicas y sociales si no se regula a tiempo.
Frente a todo esto, el CELAM no propone una ni tecnófila ni tecnofóbia, más bien, hace un llamado a un discernimiento ético que tenga como orientación fundamental que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la persona y del bien común y no viceversa y que frente a los riesgos que implica, se necesita una ética que acompañe, regule y oriente su desarrollo, desde una perspectiva integral, sustentable y solidaria.
