El próximo primero de agosto cumple su periodo al frente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJE) el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres y, por disposición de la ley, deberá ser electo un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el voto mayoritario del pleno del referido tribunal.
¿Por qué es importante que se elija al mejor perfil para tan importante encargo?¿Cuál de todos los magistrados que integran el TSJ tiene mejor perfil de juez justo y probo, sea hombre o mujer?
La primera pregunta es fácil responderla. Porque si al frente del TSJ está el mejor jurista y juzgador, por supuesto, de los que hay en el PJE, no un político mañoso impuesto por el PAN y el PRI, o por los poderes fácticos, existe por lo menos la posibilidad de que se haga algo para el mejoramiento de la justicia en Nuevo León.
La respuesta a la segunda pregunta está en chino, ello debido a la opacidad que impera en el PJE, pues ¿cómo un justiciable cualquiera puede saber cuál de los magistrados tiene mejor perfil si el Consejo de la Judicatura del PJE (CJPJE), en franca oposición a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, no publica en el portal del PJE información de los juzgadores que por disposición de la ley debe publicar?
Los justiciables tenemos derecho a saber quiénes son los que nos juzgan, es éste un derecho humano que se pisotea. Es cierto que se trata de información privada; pero la vida privada de quien nos juzga, si de verdad es íntegra y no se tiene nada que ocultar, moral y jurídicamente, debe hacerse pública.
No obstante, desconocemos la historia de vida de cada uno de los que por mandato de ley está facultado para juzgar a sus iguales: quiénes son sus padres o quiénes fueron; el ambiente familiar y académico en el que vivieron, crecieron y se formaron como licenciados en derecho, como jueces, como esposos o esposas y como padres; sus éxitos académicos en la licenciatura, estudios de posgrado y especialidad; sus experiencias laborales, conflictos de interés, creencias e ideología que profesan, etcétera.
No es nada extraño que un prestigiado abogado de empresa o consorcio que como estudiante fue meritorio del PJE, en donde llegó a ser, por ejemplo, hasta secretario de juzgado, después, aprovechando que dejó comenzada la llamada carrera judicial, sea empujado por los poderes fácticos para que ocupe el cargo de magistrado o juez de primera instancia; y, como no hay control en el tema de conflicto de intereses, pues usted ya se ha de imaginar.
No estoy diciendo nada que no sea del conocimiento público de la comunidad jurídica de Nuevo León, todos sabemos que el acceso a la judicatura se realiza de manera informal, que la puerta más grande de entrada es la de atrás, por medio de prácticas por lo general nepóticas de reclutamiento. Así comenzó uno de los aspirantes a la presidencia del TSJ, Alberto Ortega Peza, en mi opinión el mejor, dado la languidez de los otros aspirantes, el político panista José Arturo Salinas Garza y Leonel Cisneros Garza.
Ortega Peza comenzó como meritorio; después fue capacitado para que capacitara a otros en materia de juicios orales; después ascendió, fue escribiente, secretario de juzgado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros cargos.
Y eso, fíjese usted, es a lo que pomposamente se llama “carrera judicial”, cuando que en realidad no ha dejado de ser un sistema escalafonario. ¿Y los estudios formales de la función jurisdiccional? ¿Dónde se estudia para ser juez? En ningún lado. La universidad se olvidó de esos estudios, eso se aprende en la práctica, a la luz de la cultura del “machote”.
Efrén Vázquez Esquivel
