La designación de Víctor Leopoldo Delgado Pérez como el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para el periodo 2025-2029, electo por mayoría calificada del Congreso mexiquense, marca el inicio de una etapa crucial. Su conocimiento interno del organismo, al haber laborado en él por casi 30 años, ofrece una ventaja de experiencia, pero también lo enfrenta a retos monumentales que la sociedad mexiquense exige ver resueltos: la eficacia en la defensa de los derechos humanos y, de forma urgente, la desigualdad presupuestal.
La Codhem opera en un entorno de alta complejidad, con problemáticas que van desde la violencia de género (incluyendo feminicidios y violencia ácida) hasta la revisión de casos de amnistía, pasando por la necesidad de una supervisión rigurosa de las fuerzas de seguridad pública y los centros penitenciarios. Los principales retos de la nueva administración se concentran en tres ejes:
1. Independencia y autonomía efectiva: El mayor desafío institucional es reforzar la percepción y la realidad de que la Codhem es un contrapeso real al poder. Esto implica emitir recomendaciones firmes y asegurar su cumplimiento sin sucumbir a presiones políticas, garantizando la reparación integral a las víctimas.
2. Combate a la violencia estructural: Se debe intensificar la labor en la emisión de recomendaciones específicas sobre temas como la impunidad, el uso desproporcionado de la fuerza pública y la discriminación transversal. El organismo debe ser más proactivo y visible en la protección de los grupos vulnerables (mujeres, infancias, comunidad LGBTIQ+).
3. Modernización y especialización: La atención de temas complejos como la amnistía o la seguridad digital exige la contratación de personal especializado. El presidente Delgado Pérez ha reconocido la necesidad de un mayor presupuesto en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) para poder sumar expertos, lo que nos lleva al punto medular de esta columna.
El respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del Estado, pero esto no se refleja en la asignación de recursos. El presupuesto de la Codhem se ha mantenido históricamente bajo, con cifras que oscilan alrededor de los $280 millones de pesos anuales en los últimos ejercicios fiscales (en 2023 fue de $283.1 millones de pesos).
A pesar de que para el ejercicio 2025 se propuso un incremento (de 4.7%), esta mejora sigue siendo un paliativo insuficiente al compararse con el financiamiento de otros organismos autónomos en el propio Estado de México.
La disparidad es evidente y moralmente cuestionable, el dinero destinado a la defensa de la dignidad humana es marginal frente a los recursos canalizados a la organización de elecciones o a la impartición de justicia no administrativa. Mientras que el presupuesto total de los Órganos Autónomos del Edomex asciende a más de $14 mil 479 millones de pesos para 2025, la porción de la Codhem es ínfima.
Es una falacia suponer que la austeridad debe recaer en el organismo que atiende los atropellos a los ciudadanos. El mensaje que se envía es perverso, la operación política o la gestión administrativa valen más que la protección de la vida, la integridad y las libertades fundamentales.
El nuevo presidente de la Codhem no La disparidad es evidente y moralmente cuestionable: el dinero destinado a la defensa de la dignidad humana es marginal frente a los recursos canalizados a la organización de elecciones o a la impartición de justicia no administrativa. Mientras que el presupuesto total de los Órganos Autónomos del Edomex asciende a más de $14 mil 479 millones de pesos para 2025, la porción de la Codhem es ínfima.
Es una falacia suponer que la austeridad debe recaer en el organismo que atiende los atropellos a los ciudadanos. El mensaje que se envía es perverso: la operación política o la gestión administrativa valen más que la protección de la vida, la integridad y las libertades fundamentales.
El nuevo presidente de la Codhem no solo tiene la tarea de sanear la casa, sino de emprender una defensa enérgica y transparente de su presupuesto ante el Congreso. La Comisión de Derechos Humanos requiere, como mínimo, un presupuesto que le permita operar visitadurías regionales fuertes, contratar a los especialistas necesarios para llevar casos de alto impacto (como violencia ácida o desaparición forzada) y realizar la promoción y capacitación que exige una entidad de casi 18 millones de habitantes.
Si el Estado de México proclama un compromiso con la justicia social, debe reflejarlo en la suficiencia presupuestal de su principal órgano protector de los derechos humanos. De lo contrario, la labor de la nueva administración, por más voluntad que tenga su titular, se verá inevitablemente limitada por la estrechez de sus recursos. La dignidad no puede ser objeto de recorte.
