Que los fracasos del malogrado subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, le están calando hondo al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien ahora no sabe cómo explicar por qué la llamada Operación Tornado no sirvió para nada.
Ayer, cuando se le preguntó sobre las razones por las cuales quedó sin efectos el plan con el que intentó meter a la cárcel a ex funcionarios de su antecesor, Rodrigo Medina, el mandatario estalló.
“Pregúntale a los jueces, güey, no a mí”, espetó Rodríguez Calderón al salir de la sesión con la que arrancó la 76 Legislatura del Congreso local.
Que quienes salen despavoridos de las reuniones de transición son los funcionarios estatales de la administración saliente.
Los cuestionamientos del equipo entrante han sido tan constantes y las respuestas son tan pocas, que los secretarios y titulares de dependencias salen tan raspados que ya mejor optan por no atender a la prensa cada que terminan sus intervenciones.
Bien dicen que “el miedo no anda en burro”.
Que tres predios ubicados en los municipios de Allende y Cadereyta se han convertido en un obstáculo para continuar con la construcción de la tercera etapa del Anillo Periférico, debido a que no han podido ser adquiridos para que por ahí pase la obra.
El atorón se debe a que las personas que aparecen como propietarias de los inmuebles han fallecido o no existe claridad sobre quiénes son los legales poseedores de los mismos.
Ante ello, ayer se publicó en el Periódico Oficial del estado un decreto de expropiación de los tres terrenos, los cuales se sumarán a 368 porciones de predios ya adquiridos por el estado.
Hasta ahora, la tercera etapa del Anillo Periférico tiene una longitud de 28.5 kilómetros en los que ya se ha instalado carpeta de concreto.
