De las 40 personas detenidas tras la marcha de la Generación Z en Guadalajara, 32 fueron liberadas sin cargos. Desde ese 15 de noviembre, las autoridades estatales se encargaron de marcar la narrativa: infiltrados del Bloque Negro, delincuentes pagados con intereses políticos, camiones de otros estados llenos de agitadores. Una serie de acusaciones que se cayeron con la vinculación a proceso de solamente ocho aprehendidos, entre ellos el famoso Tarzán, que no pudo presentar documentos y, según información extraoficial, más que un alborotador profesional, se trata de un hombre en situación de calle con mala suerte.
No hubo micrófono en el que los funcionarios no atacaran la credibilidad de quienes fueron detenidos de forma ilegal, arbitraria y violenta, señalados de incitadores de violencia que buscaban manchar al gobierno estatal; un intento desesperado por tapar el evidente abuso de autoridad que este gobierno repite como fórmula aprendida de su predecesor.
Las escenas de policías golpeando manifestantes, detenciones arbitrarias y testimonios de amenazas de muerte por parte de los oficiales no son nuevas. Se repite la historia de aquel junio de 2020, cuando decenas de personas fueron retenidas y abandonadas en la periferia de la ciudad tras horas de tortura física y psicológica, entre participantes y civiles que simplemente pasaban por la protesta en Fiscalía por el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Somete ahora, pregunta después.
Ir a sacar copia de un juego de llaves, caminar hacia el transporte público para regresar a casa o grabar las agresiones de los oficiales fueron razones suficientes para ser perseguidos, detenidos, golpeados e incomunicados por horas.
La violencia con la que respondieron los uniformados quedó registrada en la cámara de Gabriel Vigueras y el relato de Dalia Rojas, periodistas de MILENIO Jalisco que fueron agredidos con una piedra por uno de los policías mientras realizaban su labor periodística. Un ataque que debe ser condenado y castigado con severidad fue minimizado a la investigación de dos elementos, enviados a labores administrativas en espera de conclusiones. Nada más.
Lo peor es reconocer que esto no es un hecho aislado, es protocolo institucional, y eso es lo más alarmante. El abuso al que fueron sometidos ciudadanos inocentes debe encender la ira social y exigir no solamente el reconocimiento de un “mal comportamiento” de policías, sino justicia para las víctimas de sus abusos y acciones reales para que estas escenas no vuelvan a verse en ninguna parte.
