El viernes pasado, Hacienda (SHCP) entregó a las cámaras el que será el último paquete económico de esta administración. Mucho hay para comentar sobre el mismo, como el incremento en el gasto destinado a salud, que en 2024 será el más alto observado en términos reales, o el relativo a pensiones, que también alcanza máximos históricos como resultado de los nuevos derechos constitucionales para los adultos mayores en México.
Estos destinos de gasto, junto a los relativos a la conclusión de los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, las obras hidráulicas de Conagua y otros, así como al fortalecimiento de Pemex, no resultan sorpresivos dadas las prioridades que ha delineado el gobierno federal a lo largo del sexenio.
Lo que quizás sí resultó sorpresivo para algunos analistas fue el aumento en el déficit proyectado, mismo que alcanza 5.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), una presión de 2.1 por encima del 3.3 de 2023. A simple vista, este dato parece romper con la línea de política fiscal que la administración mantenía hasta ahora. En particular, algunas voces han mencionado que esto puede incluso generar un riesgo de disminución en la calificación crediticia de México.
Esto se antoja, en ausencia de sorpresas, poco probable. Como ha señalado el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, las calificadoras hacen sus evaluaciones con base en el gasto total nominal sobre el PIB. Si bien el déficit proyectado para 2024 supera a los observados en ejercicios pasados, es importante ponerlo en perspectiva. En porcentaje del PIB, la deuda de México se mantendrá por debajo de 50 por ciento, un dato sano tanto en sí mismo como en comparación con países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón o Brasil, con más de 120, 100, 260 y 90 por ciento, respectivamente.
Por otra parte, una proporción importante del presupuesto está destinada a inversiones que tienen una fecha de conclusión hacia el final de la administración y, cuando eso ocurra, la presión de 2.1 por ciento antes mencionada se reducirá a alrededor de 1 por ciento. Es decir, no hay razones para suponer que lo proyectado por el paquete sea una tendencia, sino más bien un esfuerzo medido para garantizar a la vez la conclusión de sus proyectos prioritarios, la consolidación de su política social y una transición económica y financiera armónica y sin sobresaltos de cara al próximo cambio de administración.
En suma, aun cuando el paquete económico para 2024 sí presenta una diferencia en comparación con los anteriores, es importante observarlo desde la perspectiva de un gobierno que busca consolidar un plan de desarrollo y que, para ello, busca echar mano del margen que a lo largo de los cinco años pasados pudo construir.
