En la más reciente discusión sobre qué hacer con el Ejército y su papel en la seguridad pública creo distinguir tres asuntos de los que me parece es difícil discrepar.
Primero, la situación del país no da para regresar mañana a los cuarteles y a sus labores constitucionales al Ejército. No hay manera en muchos estados y municipios.
Segundo, la presencia del Ejército no puede ser más que temporal. No alcanza para más. No solo por tamaño, sino por funciones que le son ajenas al Ejército como prevención e investigación judicial del delito. Eso, solo se puede hacer construyendo las capacidades de policías de prevención y policías investigadoras —estas últimas, la clave en el nuevo sistema penal.
Tercero, en la mayor parte de los estados y municipios en los que más se necesitarían policías, ministerios públicos y policías de investigación sirven de muy poco, si es que de algo.
Si estamos de acuerdo con esas tres cosas, por qué alguien cree que ahora, con la aprobación de una nueva ley de seguridad interior o como termine llamándose, el problema tendrá siquiera visos de solución.
Es un problema de incentivos.
Dedicarse a la seguridad es un asunto jodido para cualquier gobernante. Es agotador, de resultados, con suerte de mediano plazo; no demasiado popular a la hora de construir popularidad y carreras políticas. Es más bonito inaugurar quioscos y abrazar niños en lugar de lidiar con delincuentes, jueces y cárceles.
Por eso no lo han hecho. Y la exigencia tiene más que dos años… tiene muchos más.
La extraña y legalmente dudosa presencia del Ejército ahora al menos sirve para que alguien los presione y con un poco de suerte se sientan presionados, les dé algo de vergüenza, pues. Será por eso que algunos de repente han hecho algo, como Nuevo León o Tijuana, aunque luego otro lo destroce, como ha sucedido en ambos casos.
Inventar un camino legal para que los estados y municipios se deshagan de su responsabilidad y la pongan en manos de otros es exactamente incentivar lo que alargará el problema para siempre. Los incentivos están mal puestos, el Ejército necesitará y obtendrá más recursos que después no querrá dejar, los estados y municipios no tendrán necesidad alguna de construir policías, los estados procuradurías, la Policía Federal quedará, como ha quedado, tan pequeña como hace cuatro años.
Todo mal, pues.
Twitter: @puigcarlos
