Han pasado dos semanas ya del embate contra Ricardo Anaya.
Ya veremos qué dicen las próximas encuestas sobre el efecto que han tenido respecto a las preferencias electorales.
Por lo pronto hay un saldo que da un poco de miedo: la destrucción de la institución encargada de procurar justicia en el país. No es poca cosa.
Es curioso: hasta hace poco este sexenio, este gobierno, podría haber presumido en unos años que, por las razones que hayan sido, había creado una fiscalía independiente del Ejecutivo, como hoy la tienen la mayoría de los países que han avanzado en temas de combate a la corrupción e impunidad.
Pero este mismo gobierno y su partido han decidido meter a la PGR en la arena electoral. De esa no se sale pronto, las consecuencias para el país pueden durar años.
El asunto tiene todo un aroma a desafuero de 2004/2005 y creo que es difícil no creer las funestas consecuencias que tuvo para la PGR y el país.
No me asusta, por cierto, que unos acusen de corruptos a otros.
Se llama guerra sucia y así funciona en estos tiempos de campaña. Un candidato sale y acusa a otro —más allá de la calidad de la prueba— de cualquier barbaridad. El aludido tiene que salir a negarlo. Los medios caen en la trampa, se lavan las manos y publican la acusación y el desmentido. El acusador estará satisfecho. Algo de la acusación quedará. Eso, insisto, se ha vuelto tristemente normal. Eso son las fake news. Parte de los tiempos, me dicen.
Lo complicado es cuando el aparato gubernamental participa. Cuando una institución caracterizada por su ineficiencia persiguiendo delitos de repente se vuelve la más eficiente para participar, en plena sincronización, en la embestida partidista.
Escribió el lunes en estas páginas Diego Fernández de Cevallos, que algo conoce de esas praderas: “Todo mundo conoce del uso faccioso que se hace de la PGR, donde lo que impera es el poder político y el dinero. Me encantaría que alguien, con un mínimo de vergüenza, se atreva a desmentirme. Todos los días se puede comprobar, con expedientes en la mano, lo que afirmo. Por eso urgen cambios legales y constitucionales, para la limpieza, autonomía y el debido servicio —no servilismo— de la institución. Lo sucedido ayer pinta, de cuerpo entero, lo que es y para lo que sirve la encargada de procurar justicia”.
Dirán que nos están salvando de un corrupto. Ya veremos. Por lo pronto, el saldo es la destrucción de la institución que procura justicia. Eso es un hecho.
Twitter: @puigcarlos
