En el histérico rechazo al pase automático a la Fiscalía General que aprobó el Congreso en 2014 (y que Peña Nieto propone se elimine pero el frente PAN-PRD-MC y Morena quieren antes “consultar” a “la sociedad civil”) se asoma la purulenta exigencia de que al procurador general actual, Raúl Cervantes, se le impida figurar entre los candidatos al nuevo cargo.
Ignorantes y demagogos, arguyen que la designación debe recaer en alguien inexistente, desligado de los partidos, a sabiendas de que las filias y fobias políticas e ideológicas son privativas en el común de los mortales y que serán las fracciones legislativas partidistas las que determinen quién.
Si las leyes mexicanas no lo contemplaran, los “puristas” debieran asomarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la libertad y preventivos de cualquier forma de discriminación, incluida la motivada por “opiniones políticas”, y de cómo un agraviado puede litigar “actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención...”.
cmarin@milenio.com
