La insidia contra los escoltas de mayor confianza de Carlos Manzo pasa por alto que se formaron en la desaparecida Policía Federal, que pasaron luego a la Guardia Nacional y que, por su amistad de cinco años o más con el alcalde, pidieron trabajar con él y fueron adscritos a la policía municipal para efectos de su pago.
Por lo mismo, es infame la maniobra que parece perfilarse para silenciar al Movimiento del Sombrero y el llamado al voto de castigo que desde su primer discurso hizo la viuda Grecia Quiroz, hoy presidenta municipal de Uruapan.
El recelo surge porque, antes que nadie, el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los escoltas de Manzo “flexibilizaron su seguridad”.
Y en el mismo tenor está su correligionario y subordinado subsecretario del gobierno estatal, Juan Manzo, hermano del occiso, quien mucho se afanó en que el alcalde regresara al redil de Morena, el partido que lo traicionó.
“Genera sospechas que (los escoltas) lo hayan regresado en al menos tres ocasiones al mismo punto donde fue asesinado. Él ya se iba y elementos de seguridad le pidieron varias veces regresar, porque había quienes querían tomarse fotografías”, ha declarado.
Se arguye también que el sicario fue muerto cuando ya estaba sometido, pero se omite que el muchacho (17 años) estaba drogado (mariguana y metanfetaminas), que se resistió con fuerza a la captura y que fue en el forcejeo de unos cuantos segundos cuando recibió el disparo, lo que impidió conocer por él de quién o quiénes fue la autoría intelectual.
Sin facultades ministeriales, Ramírez Bedolla dijo que la “flexibilización” de la seguridad es “una de las líneas de investigación”.
No es vana ni aislada la embestida del gobernador y el hermano incómodo: al obradorato le conviene desactivar a la viuda y al movimiento sociopolítico que en pocos días prendió con arrastre y resonancia nacional (desde hace dos domingos no han cesado las protestas y se ha convocado a una concentración y marcha para el sábado en Ciudad de México y otras localidades).
Ramírez Bedolla debiera solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación o, mejor, promover una fiscalía indudablemente independiente.
Por fortuna, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo el lunes que no había indicios de que algún escolta del malogrado alcalde tuviera vínculos con el crimen organizado, y para sustentar su dicho aquilató que uno de ellos abatiera al homicida.
Lo malo en todo esto es que la iglesia esté en manos de Lutero, porque las investigaciones las realiza la fiscalía estatal, que por lo pronto, debe reconocerse, ha sido prudente. Ojalá honre su constitucional autonomía.
Uno de los hombres en quien más confiaba Manzo me dijo (lunes y martes en El asalto… de MILENIO Televisión) que ningún policía estatal formaba parte de la seguridad, porque Manzo desconfiaba de Ramírez Bedolla.
¿Jack Ruby asesina a Oswald en versión uruapense?
Vaya perversa insinuación…
