Dicen los partidos estar por la eliminación del financiamiento público y se manifiestan por la reforma del artículo 41 de la Constitución, que norma sus actividades.
PAN y Morena anuncian fideicomisos y el PRI la transferencia de sus recursos al Fonden.
Si la figura fiduciaria borrara jurídicamente la paternidad, es iluso imaginar que resistieran la tentación de cacarearla para sacarle raja política a la tragedia.
Si optan por transferir violarán la ley. El INE tendría que sancionarlos por desviar dinero destinado exclusivamente a lo que prevé la Constitución, ya que, proviniendo del Estado, lo habrán utilizado como patrimonio particular.
Y aun si el INE no los sancionara, los que hayan actuado conforme a la norma llevarían el caso ante el Tribunal Electoral.
El constitucionalista de cepa Diego Valadés puso ayer el asunto en su justa dimensión: en cuanto que la tramposa dádiva de los partidos es anticonstitucional, el final previsible de la pantomima (con todo y lágrimas de cocodrilo) será: “Nosotros estábamos decididos pero, los otros no quisieron...”.
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