En una democracia, el conflicto político y la presión social son fundamentales para la creación y mejora de las políticas públicas; cuando no sucede así, el conflicto y la protesta son estériles y, más bien, se impone el autoritarismo.
La indignación social a nivel local, nacional y hasta internacional por la detención -y posterior liberación- de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara reposicionó dos temas como prioritarios en la agenda pública: transparentar el turbio proceso de privatización de los terrenos en la barranca de Huentitán y la injusticia normalizada que representa la “prisión preventiva oficiosa” (PPO). En esta columna abordaré lo segundo.
Más que un mecanismo que abone a la efectiva impartición de justicia, la PPO se ha convertido en un instrumento, cada vez más común, para ejercer presión política y abuso de poder. Además, ha menguado los esfuerzos e incentivos para investigar los delitos y criminaliza de antemano a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes no pueden costear una defensa legal ni tienen los recursos para visibilizar el abuso al que son sometidos.
Según datos del Consejo de la Judicatura, de 2016 a 2021, en México casi 32 mil personas estuvieron en prisión debido a esta medida cautelar. Tan solo en 2021, 7,848 personas fueron encarceladas sin haber demostrado si fueron o no culpables, o bien justificado que llevar su proceso en libertad pondría en riesgo a la sociedad. Según México Evalúa, como resultado de la ampliación del catálogo de delitos susceptibles de PPO, en 2019, el número de personas bajo prisión preventiva aumentó 27%; imponiéndose de forma oficiosa (versus “justificada”) a 3 de cada 5.
Jalisco es uno de los estados que más usa -y abusa- de la PPO, estamos en el deshonroso “Top 10” nacional (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). En México, del total de personas en prisión preventiva el 59% fue por la vía oficiosa; en contraste, en Jalisco este porcentaje alcanzó el 89% (n9.cl/wygxv). Enciérrenlos, luego averiguamos.
Es inaceptable que en un Estado democrático los derechos y garantías individuales se puedan perder con tanta facilidad, a manos de la propia justicia.
Carlos Iván Moreno Arellano
