Durante la última semana, el mundo presenció un episodio tan inusual como polémico: la flotilla Global Sumud, integrada por embarcaciones con destino a Gaza, fue interceptada y sus tripulantes encarcelados al intentar romper el cerco militar impuesto por la Marina de Israel, para impedir la llegada de ayuda internacional a territorio palestino. Entre los detenidos había seis mexicanos. De inmediato, distintas instituciones se pronunciaron al respecto. La UNAM, por ejemplo, “exigió” la liberación de los detenidos por el ejército israelí. Otras voces se sumaron con similar fervor.
Sin embargo, más allá de las legítimas motivaciones humanitarias de los integrantes de la flotilla, el asunto toca fibras delicadas del derecho internacional y consular. Ingresar a un país implica aceptar su jurisdicción. Y cuando además esa zona se encuentra en guerra, las reglas se tornan difusas, incluso arbitrarias, porque el conflicto bélico suspende de facto gran parte del orden jurídico. Pretender que un Estado renuncie a sus propias normas para satisfacer la demanda de cualquier organización extranjera, raya en lo absurdo.
Esto no significa desconocer la validez moral de las acciones humanitarias, sino reconocer que, al violar la soberanía territorial de Israel, los integrantes de la flotilla se sometieron automáticamente a su legislación. Exigir su liberación aparte de ingenuo es jurídicamente insostenible. En el ámbito consular, ningún país tiene la facultad de exigir a otro la excarcelación de personas que han infringido la ley. Lo máximo que puede solicitarse —y lo que México, con acierto, hizo— es que los detenidos reciban un proceso conforme a derecho.
De ahí que las demandas de intervención directa del gobierno mexicano fueran, en el mejor de los casos, un error de interpretación legal. El derecho internacional no opera por empatía, sino por soberanías. En ese marco, ningún Estado puede imponer a otro la liberación de infractores, menos aún cuando ese Estado se encuentra en guerra.
El desenlace, afortunadamente, fue positivo: más allá de sus amargas quejas por los malos tratos, los detenidos fueron liberados y deportados. El episodio terminó por convertirse en aquello que varios de sus protagonistas buscaban desde el principio: un circo mediático. Esperemos que, lo que dicen que sufrieron, les sirva para recordarles que nadie puede salvarlos de las consecuencias jurídicas de sus actos, incluso si su causa es noble.
Y es que, en tiempos en los que la emoción suele pesar más que la ley, conviene recordar que el derecho internacional no se negocia a golpe de hashtag, sino en el ámbito frío —y muchas veces ingrato— de la legalidad. Esta es la reflexión judicial de tu Sala de Consejo semanal.
