Alianza In México, organización agrupadora de plataformas digitales, pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que rechace el impuesto de 2 por ciento a plataformas digitales.
“Declarar constitucional este impuesto tendría consecuencias directas sobre miles de familias que utilizan las plataformas digitales como su principal fuente de ingresos”, señaló la asociación en un comunicado.
La SCJN revisará la constitucionalidad de esta medida el próximo 9 de Octubre y deberá analizar su impacto en términos económicos, sociales y jurídicos.
Un impuesto en contra del T-MEC
Según Alianza in México, el impuesto genera un trato fiscal discriminatorio respecto a otros prestadores de servicios similares, además de poner en duda el cumplimiento de México con compromisos comerciales internacionales, en particular con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La asociación advierte que esta medida no solo afecta a las plataformas, sino también a los millones de consumidores que utilizan estos servicios diariamente.
“Un impuesto como el que se plantea en el Código Fiscal de la Ciudad de México se percibe como una barrera al crecimiento y un desincentivo a la innovación", señaló la asociación.
"Además tiene un efecto sistémico que podría repercutir negativamente en otras entidades federativas, complicando aún más la actividad de plataformas que ya se han consolidado como un motor de empleo y desarrollo económico en distintas regiones del país”, afirmó.
Limitaciones del impuesto
Alianza In México subrayó que la decisión de la SCJN tendrá un impacto más amplio del que a simple vista parece.
Esto porque además de afectar a los usuarios de plataformas y a los prestadores de servicios, este tipo de impuestos puede generar incertidumbre jurídica y financiera que desincentive la inversión en la economía digital, limitando la creación de empleos y nuevas oportunidades de negocio.
En su comunicado, destacó que la innovación, la inclusión y el crecimiento económico están ligados a la actividad de las plataformas, lo cual beneficia a repartidores, comercios, consumidores y a la economía nacional.
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AG
