Autoridades de Guanajuato han detectado que un falso gestor identificado como Prisciliano José 'N' ha “inflado” el padrón estatal de víctimas, se le atribuyen 3 mil personas inscritas en lo que va del 2025.
Este falso gestor cobra desde mil pesos por el llenado de un formato de registro que se tiene que entregar a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV); a esto se suman otros mil pesos por tramitar amparos y quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), además de que exige un porcentaje del apoyo económico que reciban las víctimas por parte de la CEAV.
MILENIO consultó a integrantes de colectivos de búsqueda y también señalaron a dicha persona.
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El titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, detalló que esto ha generado que, de 9 mil 459 personas inscritas en el padrón de víctimas, ahora 80 por ciento sean por delito de homicidio, desplazando a los casos de desaparición. Sin entrar en detalles del nombre del falso gestor, indicó que este ya se ha hecho público.
Padrón Estatal de Víctimas se invierte ahora son más por homicidio y no por desaparición
"Originalmente, el padrón de víctimas era fundamentalmente de desaparición en 80 por ciento y de homicidio en 20 por ciento, pero ahora se ha ido invirtiendo por este tipo de gestores, donde es mucho más de homicidio que de desaparición. Cuando en realidad los homicidios han ido disminuyendo", explicó Rochín del Rincón.
Detalló que, mediante la creación de un colectivo de víctimas de homicidio, el sujeto recorre el estado buscando personas con algún familiar asesinado desde hace años, exigiendo a la CEAV pagar funerales de manera retroactiva, incluso de lustros o décadas atrás.
“Se van por todo el estado buscando personas que tengan un familiar que haya sido asesinado y a partir de allí exigen a la comisión que les dé por ejemplo el pago de un gasto funerario que se realizó hace años o que se les den apoyos alimentarios”, dijo Rochín del Rincón.
Falso gestor sería responsable de más de 700 quejas ante Prodheg
Explicó que gestores como este obligan a las víctimas a tramitar amparos y quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, por los cuales les cobran mil pesos por persona.
Se presume que un reciente amparo colectivo en contra de la CEAV, firmado por 800 personas, les habría generado casi un millón de pesos en ganancias.
“Para firmar el amparo les cobran mil pesos, los obligan. Por ejemplo, hay un amparo que promovieron contra las reglas de operación firmado por 800 víctimas, entonces pudieron haberse llevado ahí casi un millón de pesos (...) es un sistema armado de explotación a las víctimas”, agregó.
Se les atribuyen las 700 quejas presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra de la Comisión de Víctimas, reclamando retrasos en trámites y respuestas. Por cada queja promovida se cobran mil pesos por persona.
“Es este grupo de personas malintencionadas, con su lÍder que generan estos mecanismo de queja de manera automática, son todas iguales son machotes donde se quejan de que no les damos nada, pero cuando hablamos a las familias ellos señalan “No sé ni que firmé, a mí me dijeron que solo así iba a recibir los apoyos”, eso es lo que nos dicen”, enfatizó Rochín.
Al respecto, la autoridad estatal ha referido que solo las personas afectadas pueden presentar las denuncias correspondientes en contra de estos falsos gestores que lucran con las víctimas.
El propio secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, ha declarado que se han identificado más de 800 casos en los que familias de personas desaparecidas y asesinadas han sido defraudadas por falsos gestores que les cobran por trámites y apoyos que en realidad son gratuitos.
Concluye gestión el primer comisionado de Atención a Víctimas en Guanajuato
Este miércoles 15 de octubre, concluye su gestión Sergio Jaime Rochín del Rincón, quien pasará a la historia como el primer Comisionado Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato.
Rochín fue designado en 2020, cuando el estado atravesaba uno de los momentos más críticos en materia de seguridad, con un creciente número de desaparecidos, diversos colectivos de madres buscadoras conformándose y un constante primer lugar nacional en homicidios, que era diariamente exhibido desde la mañanera del ex presidente López Obrador.
A cinco años, recuerda que en uno de los puntos más críticos, el entonces fiscal Carlos Zamarripa, sin previo aviso y sin que la Comisión contara aún con abogados contratados, retiró a todos los abogados de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que llevaban la representación de las víctimas, generando un “cuello de botella” para la impartición de justicia en la entidad.
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“Lo que pasó es que la Fiscalía de un día para otro dejó de atender y no solo los casos nuevos, también los casos que ya tenían les daban un papelito con mi nombre. Ahí fue la actual Gobernadora, entonces Secretaría de Gobierno, quien salió a dar la cara, a prestarnos abogados y a exigir que tuviéramos mayores recursos, era difícil y fue ella quien nos ayudó a convencer al propio gobernador (Diego Sinhue) que esta era una prioridad que debía atenderse”, recordó Rochín.
Otro de los momentos más complejos, dijo, fueron las primeras manifestaciones de familiares de desaparecidos de la entidad, cuando la Secretaría de Gobierno era encabezada por Luis Ernesto Ayala Torres, quienes exigían la prestación de servicios de manera oportuna, por parte de una Comisión que en ese momento no contaba ni con el personal ni con el presupuesto suficientes.
“Hay cosas muy buenas que se hicieron, pero a quien llegue a la Comisión le invitaría a que aquellas cosas que se quedaron en el tintero se puedan aprovechar. Esta nueva etapa de la comisión va a ser mejor que la que hicimos nosotros, porque a nosotros nos tocó construir, equivocarnos y corregir”, señaló.
El Congreso del Estado de Guanajuato arrancará los procesos para designar a su sucesor. Son cuatro personas —tres hombres y una mujer— quienes aspiran a la titularidad de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato: Francisco Javier Juárez León, director de la Asesoría Jurídica de Víctimas de la CEAV; Efraín Alcalá Chávez, subprocurador de Derechos Humanos; Lucía Berenice Acosta Gómez, fiscal especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada; y Germán Estrada Laredo, abogado litigante y colaborador del Poder Judicial del Estado en la impartición de cursos.
Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en conjunto con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, encabezarán el proceso de entrevistas a desarrollarse los días 16 y 17 de octubre.
Los criterios de evaluación a los aspirantes tendrán la siguiente ponderación: coordinación y vinculación con las víctimas, cinco por ciento; preparación y trayectoria académica, 10 por ciento; trayectoria y experiencia profesional vinculada con la materia de derechos humanos, 20 por ciento; participación comprobada en instituciones o comisiones análogas, 10 por ciento; contenido de un plan de trabajo que abarque la materia de víctimas, 15 por ciento; y la entrevista, 40 por ciento.
Posteriormente, la gobernadora Libia Dennise García remitirá al Congreso del Estado de Guanajuato, el 20 de octubre, la terna que se someterá a votación del pleno. Dicho nombramiento requerirá mayoría calificada, con 24 de los 36 votos.
