DOMINGA.– El Edificio Isabel es un inmueble histórico art déco en Avenida Revolución. Un conjunto centenario, construido entre 1928 y 1929, que incluye casas y departamentos, unas 64 viviendas. Durante décadas ha funcionado como una pequeña comunidad dentro del barrio de Tacubaya. Los vecinos se conocen, organizan actividades y han construido una relación que va más allá de compartir paredes. Una vida amenazada ahora por la ola de la gentrificación que viven las colonias vecinas, sobre todo la Condesa, en la Ciudad de México.
Casi todos los habitantes del Edificio Isabel recibieron el mismo correo con el que les informaban la no renovación de sus contratos. El mensaje confirmaba lo que meses antes empezaba a sentirse en los pasillos y patios del conjunto: el lugar donde habían vivido por años iba a dejar de ser su hogar. Fue el inicio de varias acciones que forman parte de un intento de hacer de Tacubaya el próximo barrio cool de la capital de México.
Por medio del presente me permito informar que, como parte de las recomendaciones que se están llevando a cabo en los inmuebles propiedad de la Fundación Mier y Pesado IAP, se tiene la necesidad de cambiar de formato todas las casas de [Avenida] Revolución 119 y 121, por lo que ahora cada casa será dúplex. Esto con la finalidad de continuar recabando ingresos para lograr el objeto social de la Fundación, que es apoyar a nuestros niños y adultos mayores.
Y más abajo la carta agregaba:
Es por tal motivo que requerimos el inmueble para intervenirlo, por lo que se hace por esta vía el aviso formal de NO RENOVACIÓN del contrato de arrendamiento…
La carta la firmaba el coordinador de arrendamiento de la fundación.
Aurora, vecina del Edificio Isabel, en sus 40 años, explica que esa relación entre quienes viven ahí siempre ha sido cercana. Se conocen, se organizan y participan en la vida de la colonia. Han arreglado cosas del edificio, celebran juntos y mantienen comunicación constante. Esa red de convivencia justo fue lo que permitió que, cuando comenzaron los problemas, pudieran reaccionar rápido.
El edificio pertenece a la Fundación Mier y Pesado, que además posee varios predios y locales comerciales en la misma zona. Durante años la relación con la administración no había generado mayores conflictos, cuenta Aurora. Sin embargo, en el último año comenzaron cambios que despertaron preocupación.
Primero llegaron las obras en el conjunto. Trabajos constantes, remodelaciones en distintas viviendas y movimientos que empezaron a modificar la forma original de algunas casas. Antes de la llegada de los correos, algunas viviendas comenzaron a dividirse para convertirse en dúplex y cuyo arrendamiento, afirman los vecinos, comenzó a ser administrado por Homie, una empresa intermediaria para la renta y venta de inmuebles. Donde antes vivía una familia ahora albergaría más inquilinos.
Luego se escucharon planes que los vecinos tomaron como hostigamiento. En cierto momento, recuerda Aurora, se habló incluso de modificar los jardines y retirar los árboles, algunos también centenarios y que los vecinos cuidan todos los días.
Los correos de no renovación llegaron después. A algunos vecinos les dieron como último día el 31 de diciembre de 2025. En plenas fiestas navideñas. “Es un desalojo silencioso”, dice Aurora. Esta expresión empezó a circular entre los vecinos porque, a diferencia de otros casos donde la expulsión es inmediata o judicial, aquí el proceso avanzaba de a poco: primero las obras, luego la presión indirecta, después los avisos de no renovación.
La nueva Condesa Sur es marketing puro
Mientras eso ocurría dentro del edificio, el entorno ya mostraba cambios. En zonas de Tacubaya comenzaron a aparecer desarrollos nuevos, anuncios inmobiliarios y proyectos que buscaban atraer a otro tipo de inquilinos. En la publicidad de algunos edificios cercanos de la colonia Tacubaya apareció el nombre de “Condesa Sur”.
Algo que arrancó con la construcción de un inmueble en un terreno que antes albergaba al demolido Cine Ermita –al lado del Edificio Isabel– y que fue nombrado complejo residencial Condesa Sur: uno de varios niveles y cuyo diseño interior se asemeja a un hotel de lujo. Era marketing puro: una forma de vender la zona asociándola con colonias de mayor valor inmobiliario a pocos minutos de distancia.
Aurora dice que el problema no es que la colonia cambie o que llegue gente nueva. Lo que cuestiona es la forma en que esos cambios están ocurriendo. Para ella y otros vecinos, el conflicto es el riesgo de que quienes han vivido ahí durante décadas sean desplazados para transformar su edificio.
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Algunas familias ya se han ido. Entre ellas hay adultos mayores y hogares con niños, perfiles que coinciden con los grupos que la fundación asegura proteger a través de su labor social. La contradicción es algo que comentan con frecuencia entre ellos. El Edificio Isabel es un espacio donde la gente ha construido una vida. Hay quienes llevan décadas ahí. Otros crecieron en esas casas. Algunos recuerdan historias familiares que se remontan incluso a los primeros años posteriores a la Revolución.
Cuando los avisos de no renovación comenzaron a repetirse, los vecinos decidieron organizarse. Primero entre conversaciones en los pasillos, luego en mensajes y finalmente en un grupo de WhatsApp donde hoy participan alrededor de 30 personas. Para Aurora, la organización no surgió de la nada. La comunidad ya existía desde antes. No todos quisieron involucrarse. Algunos prefirieron mantenerse al margen o irse sin confrontar la situación. Pero otros, en cambio, decidieron quedarse y tratar de entender qué estaba pasando.
Para Aurora, lo que ocurre aquí es un ejemplo claro de gentrificación. Un proceso que, dice, no tiene que ver simplemente con que lleguen cafeterías nuevas o personas con más recursos económicos. El problema comienza cuando quienes ya habitan un lugar son desplazados para abrir espacio a otro tipo de mercado inmobiliario. Las señales del entorno apuntaban en esa dirección.
Muy cerca se encuentra el Edificio Ermita, otro inmueble emblemático de la zona, también de estilo art déco. Los vecinos dicen que ahí ocurrió algo parecido a lo que ahora temen. Durante años comenzaron a salir poco a poco los inquilinos. Después, cuando llegó la pandemia de covid-19 y la actividad en la ciudad se redujo, quienes quedaban fueron desalojados. El inmueble fue remodelado y ahora funciona con rentas de corta estancia, más caras que las que pagaban quienes vivían ahí antes. Ahora gestionado por Homie, se habla de que algunos estudios se rentan entre 20 y 30 mil pesos mensuales, pese a ser espacios pequeños.
Ese fue un primer antecedente. Luego, aparecieron nuevos edificios, las cafeterías y proyectos inmobiliarios impulsados por la gentrificación de alrededor. La cercanía con colonias Escandón, San Miguel Chapultepec y principalmente la Condesa influyen para que la expansión de la dinámica inmobiliaria comience a sentirse ahora en este barrio. Lo de “Condesa Sur” es una etiqueta, mera publicidad, que busca atraer a quienes quieren vivir cerca de las colonias cool, aunque en la práctica estén del otro lado de avenidas como Jalisco o Revolución.
La salida paulatina de habitantes continúa afectando algo que para ellos es fundamental: el tejido social. Cuando una familia se va, dicen los vecinos, no sólo se desocupa un departamento. También se rompe una parte de esa comunidad creada por años. Por eso decidieron salir a manifestarse el 15 de febrero pasado. Quieren que el gobierno de la ciudad atienda el problema antes de que se extienda más. Porque es parte de un proceso más amplio: “Hoy somos nosotros”, dice Aurora. “Pero mañana pueden ser otros los expulsados de este u otros barrios de la ciudad”.
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El papel de los grandes propietarios de vivienda
La discusión sobre la gentrificación en el poniente de la ciudad no empezó ayer. Para Santiago, integrante del Observatorio Vecinal Escandón, una de las pistas más claras apareció hace unos años cuando comenzaron a construir el llamado complejo Condesa Sur. Ese proyecto, cuenta, fue uno de los detonantes para empezar a mirar con más atención lo que estaba pasando en la zona.
Al investigar ese desarrollo, encontró algo que, dice, pocas veces se discute en la Ciudad de México: el papel de los grandes propietarios de vivienda. En ese caso, explica, todos los departamentos pertenecen a un mismo tenedor y este fenómeno tiene efectos directos en el mercado inmobiliario. Cuando una persona o empresa acumula muchas propiedades en una misma ciudad, añade, puede influir en los precios y alterar el equilibrio del mercado.
Santiago comenzó entonces a revisar lo que ocurría en otras ciudades. Encontró ejemplos en Canadá y Estados Unidos donde fondos de inversión compran grandes cantidades de vivienda en zonas con buena infraestructura y servicios. Con el capital que manejan, explica, pueden superar fácilmente las ofertas de compradores individuales y terminar concentrando propiedades. Eso, a su juicio, termina desplazando a quienes buscan comprar o rentar para vivir.
En la calle donde él habita –en la colonia Escandón, vecina de la San Miguel Chapultepec y Tacubaya– el proceso también está relacionado con un instrumento urbano impulsado hace años: el Sistema de Actuación por Cooperación del gobierno de la Ciudad de México, creado en la administración de Miguel Ángel Mancera. El mecanismo permite a desarrolladores construir más niveles de los que marca originalmente el uso de suelo a cambio de aportar recursos para infraestructura.
El problema, señala, es que esos acuerdos se negocian de manera privada con autoridades urbanas y los montos o destinos del dinero no siempre son claros. Los recursos entran a fideicomisos y los vecinos no saben con precisión en qué se usarán. En teoría, el modelo se basa en una figura llamada “bono por densidad”: se permite mayor construcción a cambio de mejorar servicios y generar vivienda social para quienes ya viven en el barrio. Pero esa parte casi nunca se cumple, dice Santiago.
El programa establece que entre 10% y 30% del desarrollo debería destinarse a vivienda social para evitar que los residentes originales sean expulsados cuando suben los precios. Pero en la práctica, apunta, no está ocurriendo. Por lo que el esquema que se presentaba como una herramienta de desarrollo termina convirtiéndose en otra cosa: en “desplazamiento por densidad”.
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La preocupación de los vecinos creció cuando comenzaron a aparecer proyectos con alturas muy por encima de lo permitido originalmente. En algunos casos, explica, los desarrolladores buscan triplicar los niveles autorizados mediante este mecanismo. Eso no sólo cambia el perfil urbano, también genera impactos directos en quienes ya viven ahí: edificios más altos que bloquean la luz del día, transforman las calles y aumentan la presión inmobiliaria. Ante ese panorama, un grupo de vecinos decidió organizarse para exigir medidas contra la gentrificación, a través de manifestaciones y conversaciones con las autoridades.
Un edificio para los sobrevivientes de la Revolución
Los habitantes del Edificio Isabel salieron a la calle la semana pasada para denunciar lo que describen como una presión constante para que abandonen los departamentos donde han vivido durante años. Colgaron mantas en la fachada, hablaron con medios y expusieron una situación que, aseguran, se ha intensificado desde finales de 2025.
Los vecinos acusan obras dentro del inmueble y cambios en las condiciones de vivienda que, dicen, buscan empujar la salida de quienes aún permanecen ahí. El conflicto escaló cuando autoridades de la ciudad intervinieron. Personal del Instituto de Verificación Administrativa colocó sellos de suspensión a trabajos realizados dentro del inmueble tras detectar posibles irregularidades en las obras de un edificio histórico. Los vecinos del Isabel aplauden la acción de la autoridad. Su protesta, dice, no sólo busca frenar las remodelaciones, sino denunciar que se están quedando sin el hogar que han habitado generaciones de familias.
Como es el caso de Carolina, de 49 años. Su historia con el edificio no empezó hace unos años ni con el conflicto reciente: empezó antes de que ella naciera. Sus abuelos llegaron ahí en 1943, poco después de casarse. Primero nació una de sus tías, luego su madre en 1946 y después el resto de la familia. Con los años, el edificio se llenó de historias similares: familias que llegaron después de la Revolución buscando un lugar donde reconstruir la vida.
“Las casas estaban pensadas para personas que de alguna manera se vieron muy afectadas por la Revolución”, recuerda. Ahí creció su madre. Ahí creció ella. Y ahí también crecieron sus hijos. La vida dentro del edificio era la de una comunidad que se fue formando con el paso de las décadas. Niños jugando en los pasillos y amistades que con el tiempo se volvieron casi familia: “Los amigos de mi mamá que jugaban con ella en la infancia terminaron siendo como mis tíos”, dice.
El conflicto de Carolina comenzó en 2021, cuando murió su madre. Poco después apareció una deuda que la administración del edificio le atribuyó a su familia: cerca de 70 mil pesos que, dijeron, se debían por pagos pendientes como arrendatarios.
Carolina tuvo que aceptar un acuerdo para poder quedarse. Pagó una prórroga: 5 mil pesos adicionales a la renta mientras se resolvía la situación. Aceptó por una razón urgente. En ese momento vivía con una tía, la última hermana de su madre, una mujer mayor que ya dependía completamente de cuidados. El acuerdo incluía la promesa de que la casa por fin recibiría mantenimiento. Durante años, dice, su madre había reportado fugas de agua y otros problemas sin obtener respuesta.
Cuando finalmente llegaron los trabajadores, Carolina creyó que las cosas empezarían a mejorar. Pero ocurrió lo contrario. Pidió que los trabajos se hicieran por etapas para poder seguir viviendo ahí con sus dos hijos y su tía enferma. Primero la cocina, luego el baño, después otras áreas. Pero un día tocaron la puerta para retirar la alfombra y arreglar el piso. En menos de una semana la casa estaba casi destruida: varias habitaciones quedaron inutilizables y durante meses la familia quedó confinada a un solo espacio. “[Los cuatro] vivíamos en la sala”, recuerda.
Sin baño adecuado para poder atender a su parienta enferma. La situación duró 11 meses. Conforme pasaba el tiempo, la salud de su tía empeoraba. Carolina buscó ayuda incluso dentro de la institución que administra el inmueble, intentando encontrar orientación médica para cuidar a una persona mayor en ese estado. “Me dijeron que no podían ayudar”, dice. Con el tiempo, concluyeron algunos trabajos, pero otros quedaron a medias. El piso de madera, por ejemplo, fue reemplazado con un material que se deformó en pocas semanas.
Carolina es de las pocas vecinas que no ha recibido aviso de renovación, pero ha visto cómo otras familias se han ido: una de ellas llevaba cerca de 90 años en el edificio. Entre los vecinos había personas que llevaban décadas viviendo ahí. Algunos superaban los 70 años en el lugar. Otros 50. Hay familias que llegaron cuando el edificio todavía representaba una forma de vivienda multifamiliar en la ciudad.
La renta de departamentos en Tacubaya subió a 25 mil pesos
Aurora recuerda que uno de los episodios que más indignación provocó ocurrió cuando un departamento fue intervenido tras la salida de quienes lo habitaban. Según cuenta, el lugar quedó prácticamente destruido por dentro. “Hasta los excusados rompieron”, relata. Para quienes viven en el edificio, ese tipo de acciones son parte del proceso para volver inhabitable el lugar para los antiguos residentes y hacerlo atractivo para nuevos inquilinos con mayor capacidad económica.
Muchos de los locales que rodean el edificio pertenecen también a la fundación propietaria del predio. En esas esquinas conviven negocios tradicionales con nuevas propuestas comerciales. Aurora recuerda, por ejemplo, a una mujer que vendía café de Veracruz recién molido. Era un negocio pequeño, de barrio. Con el tiempo, ese tipo de espacios comenzaron a desaparecer para dar paso a cafeterías más sofisticadas, las llamadas de especialidad. Ese tipo de transformaciones son parte de un proceso más amplio en Tacubaya.
Aurora no habla del tema sólo como vecina; también lo estudia. Durante su maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas comenzó a analizar cómo funcionan los procesos de desplazamiento urbano y cómo se manifiestan en distintos barrios de la ciudad. Desde esa perspectiva, lo que ocurre en su edificio no es un hecho aislado sino una expresión concreta de la gentrificación.
Para Santiago, en colonias como Tacubaya el proceso avanza, pero a un ritmo distinto. A diferencia de otras zonas cercanas, explica, ahí el tejido social sigue siendo más popular y eso ha hecho que los cambios vayan más lento. Uno de los puntos que podría detonar una transformación mayor, señala, está alrededor del paradero del metro Tacubaya. En esa zona existe un terreno amplio donde se ha planteado construir un desarrollo grande. Si ese proyecto se concreta, considera, podría acelerar el proceso de encarecimiento y desplazamiento de habitantes.
En ese contexto, Santiago menciona que han comenzado a aparecer formas de presión más sutiles para vaciar edificios. Historias como la de una vecina a la que le levantaron el piso del departamento y lo dejaron así durante meses le parecen una muestra clara de ese desgaste deliberado. “Hay formas más silenciosas de sacar a la gente: no renovar contratos, no arreglar nada, cansarlos”, dice. También menciona cambios en el mercado de renta fija vinculados a nuevas empresas que administran departamentos. En la zona, la gestión pasó a compañías que manejan los inmuebles como negocio inmobiliario. En algunos casos, asegura, departamentos que antes tenían precios relativamente accesibles comenzaron a ofrecerse mucho más caros.
El aumento de precios no es una percepción aislada. Santiago cuenta que hace algunos años era común encontrar rentas entre ocho y 12 mil pesos en Tacubaya. Ahora, muchos departamentos se anuncian entre 20 y 25 mil. Incluso en vecindades con poco mantenimiento se han visto cuartos ofrecidos por alrededor de 11 mil pesos. Advierte que medir el desplazamiento real es difícil. Muchas personas simplemente se van sin dejar rastro. Cuando alguien es desalojado o ya no puede pagar la renta, suele mudarse a otra parte de la ciudad y su historia desaparece del registro del barrio.
A pesar de ese panorama, algunos vecinos siguen organizándose, como ahora los del Edificio Isabel: saliendo a las calles, haciéndose visibles. Para Santiago, la única manera de frenar estos procesos es exigir políticas públicas que incluyan vivienda social suficiente, no sólo para los sectores más vulnerables sino también para trabajadores y clases medias que hoy quedan fuera del mercado.
De lo contrario, dice, el futuro de la zona parece claro: proyectos inmobiliarios cada vez más grandes y colonias que cambian de población poco a poco.
El mercado termina definiendo quién puede quedarse. Y según lo que Santiago ha observado en los planes de desarrollo y proyectos que circulan entre vecinos, el foco principal de esa transformación vuelve a aparecer en el mismo punto del mapa: Tacubaya.
La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Los vecinos del Edificio Isabel dicen que se suma otro factor que está influyendo en la velocidad de los cambios en la ciudad: la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Aurora y otros habitantes creen que el evento internacional está acelerando proyectos inmobiliarios y procesos de renovación urbana para el crecimiento también de Airbnb. La lógica, dicen, es preparar ciertas zonas para visitantes, turismo o nuevas inversiones. Si eso ocurre, temen que barrios populares cercanos a las zonas más cotizadas se vuelvan aún más atractivos para el mercado inmobiliario.
El tamaño de Tacubaya también influye en esa presión. Mucha gente imagina la colonia como un territorio amplio, pero en realidad su extensión es relativamente pequeña y está rodeada por áreas con dinámicas inmobiliarias más intensas. Hacia un lado se encuentran colonias que ya pasaron por procesos de revalorización; hacia otro, zonas en transformación. Esa ubicación convierte al barrio en un punto de interés para desarrolladores y agentes inmobiliarios.
Aurora insiste: lo que ocurre en su edificio resume un problema más amplio de la ciudad. No es únicamente una disputa por contratos de renta o remodelaciones. Es la pregunta sobre quién puede permanecer en un barrio cuando el valor del suelo aumenta y las dinámicas económicas cambian. Y, sobre todo, qué papel deben jugar las autoridades y las políticas públicas para evitar que comunidades enteras desaparezcan en el proceso.
GSC
