DOMINGA.– Los amoríos no están incluidos en el programa de rehabilitación de La Sagrada Familia. Ni siquiera el sexo o el cariño, sólo la desintoxicación forzosa, el dolor, la caída al infierno o la salvación. Sin embargo, allí se conocieron Luciana y Niñote en la entrada de uno de esos anexos que parecen brotar de la tierra en Guanajuato, un estado panista y conservador al que azota una epidemia de metanfetamina que calcina el oeste de México.
El encuentro no tuvo nada de la asepsia romántica de Disney. “Me agarró una chichi”, dice Luciana, con una risa apenada, mientras Niñote la abraza en la entrada del anexo en Silao, Guanajuato, ese limbo que separa a los internados del mundo exterior. “Me gustó, me gustan los gordos”, agrega mirándolo de reojo. Pero lo que realmente la conquistó no fue el gesto tosco, sino que él asumiera que le gustaba frente a todos con un descaro que pocas veces le han regalado en la vida.
Luciana es una mujer trans de 42 años, psicóloga, que luego de un proceso de desintoxicación en Irapuato, creó su propio centro de rehabilitación en el municipio de San Felipe, a 100 kilómetros de allí. Es el mismo municipio donde, el pasado 17 de enero, un comando armado asesinó a dos internos de otro anexo e hirió a ocho más, en un ataque cuyas causas siguen siendo un misterio.
Ella mide poco menos de 1.70 y su cabello negro jade, con brillos azulados, cae en cascada sobre un rostro trigueño, tras unos lentes oscuros. Es la secuela de una sobredosis a los 23 años que le dañó la vista. Luciana vino a La Sagrada Familia a apoyar en una capacitación exigida por las autoridades para regularizar los centros de rehabilitación, después de que muchos fueran clausurados a partir de 2020 tras una seguidilla de ataques y masacres que resonaron en todo el país.
Niñote pertenece a otra generación. Tiene 26 años, es alto –le saca una cabeza a Luciana– y lleva tatuajes y ropa holgada al estilo gringo. Su rostro es infantil, enmarcado por una ligera barba y una cadena perpetua al cuello.
Guanajuato, el escenario de este romance improbable, es uno de los bastiones más católicos de la república, gobernado históricamente por el Partido Acción Nacional (PAN): el autoproclamado defensor de la familia “tradicional”, monoparental. Hace una década que su postal idílica se ha teñido de sangre. El estado vive envuelto en una vorágine de violencia por la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera El Mencho –abatido el 22 de febrero de 2026–, y el de Santa Rosa de Lima, que se disputan el mercado de la metanfetamina –un estimulante diez veces más potente y barato que la cocaína–, la extorsión y el robo de combustible.
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En este territorio en crisis, La Sagrada Familia se ha convertido desde sus inicios en un refugio inesperado. Es el punto de encuentro de dos poblaciones históricamente marginadas: la de la diversidad sexual y la de los consumidores de drogas, ambos “indeseables” en el modelo tradicional de Guanajuato.
Los anexos y las iglesias cristianas de Guanajuato
En este centro de Silao, no es raro ver entrar a chicas trans y hombres gays en visitas a amigos internos. “Esa gente se acercó a pedirnos ayuda y claro que no podíamos decirles que no”, explica Nicolás Pérez, director de La Sagrada Familia. “Aquí todavía hay mucha discriminación hacia ellos. Y no sólo hacia ellos, sino hacia nosotros [las personas con adicciones] sólo por haber consumido drogas, para muchos somos repugnantes”, remata. Acá, la tolerancia y el respeto son una estrategia de supervivencia entre grupos estigmatizados, discriminados e invisibilizados.
El anexo es una casa blanca con puertas azules y amarillas, de dos pisos, cubierta con letreros que la identifican como un centro de rehabilitación. Allí conviven hacinados unos cincuenta internos. Comparten literas y pocos baños durante al menos seis meses, el tiempo que dura el tratamiento de desintoxicación forzosa al que llegan por voluntad propia, por orden familiar o tras ser levantados en la calle.
Al lado hay tiendas de abarrotes y panaderías que, por solidaridad, les regalan los sobrantes del día, también hay niños que vienen a saludarlos; y a unas cuadras, una iglesia cristiana tan abarrotada que tiene feligreses hasta en la calle. Las iglesias cristianas son probablemente, junto con los anexos, los recintos que más se han multiplicado en la región del Bajío en los últimos años.
La oficina de la entrada –donde Niñote manoseó a Luciana– es la frontera del purgatorio. Es un cuartito de unos tres metros por cuatro, con un olor a ropa vieja y cuero que no se quita por más que lo limpien a diario, vigilado por internos de confianza. Sus muros están tapizados de certificados y en el centro hay un viejo escritorio con las siglas de Alcohólicos Anónimos. Atrás hay esposas para los usuarios más recalcitrantes y un botiquín con sedantes para calmarlos. Es el último recurso para decenas de familias que no tienen el dinero para pagar costosas clínicas privadas y que buscan salvar a los suyos del consumo problemático. Seis meses de tratamiento pueden costar unos 10 mil pesos: 55 pesos diarios.
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En teoría, como en la mayoría de los anexos en México, tener pareja al interior está prohibido. Pero “se encuentra la manera”, ríe Christian Rivas, uno de los encargados. Él nunca ha tenido problemas con su orientación sexual –asegura que “no se le nota”–, pero conoce de sobra las historias de agresiones hacia personas de la diversidad en otros rincones de Guanajuato. Descubrió su homosexualidad y el “cristal” casi al mismo tiempo, mientras vivía en Estados Unidos, una sociedad considerada más abierta que la mexicana. Desde entonces lucha contra su adicción y parece que va ganando la batalla.
En México “tienes que regresar a las sombritas” para que no hablen mal de ti, “pero igual tienes que aprender a dejar que la gente diga y hable lo que quiera decir [...], al cabo que la opinión de ellos no tiene por qué afectarte si estás bien definido”, cuenta mientras rasca el grueso antebrazo en el que tiene tatuado su apellido.
La epidemia de machismo
Sentada frente al anexo, bajo el sol que calcina el camellón este mediodía de febrero, Luciana recuerda la época en que inició su tratamiento hormonal, a los 19 años, automedicándose con recetas de amigas, cuando el Estado no ofrecía apoyo. Algunas de sus compañeras se prostituían para costear su transición en un mercado laboral cerrado. Entonces se consumía crack, residuo de cocaína proveniente de Colombia, y marihuana sembrada en México. El cristal llegó después y arrasó con todo.
Tras la sobredosis que sufrió a los 23 años, Luciana interrumpió su transición. Conoció a un chico en un anexo al que “no le gustaba que tuviera rasgos femeninos”. La paradoja la hace reír hoy: salía con un hombre que prefería estar con alguien de rasgos masculinos para no ser juzgado. En el machismo del Guanajuato tradicional, la apariencia importa, aunque la frontera entre la hombría ruda de cantina y la homosexualidad es porosa. Pero Luciana se cansó de fingir.
“Dije: no me quiero morir sin sentirme bien conmigo. ¡Voy a ser quien soy!”, relata con aplomo y desenfado.
Esa decisión, sumada a su experiencia como docente de Psicología, la impulsó a abrir su propio anexo en el municipio de San Felipe, con sus ahorros y el apoyo de otras personas que estuvieron anexadas con ella en Irapuato. No ha sido fácil. Su centro opera a media capacidad –tiene 13 internos para 25 plazas–, en parte por el prejuicio, afirma. “Tienen la idea de que voy a tener relaciones con los muchachos, pero yo no voy a estar con alguien que no me guste”, explica con una risa cansada. Al interior, muchos le “piden las nalgas”, siempre a escondidas. Su miedo no es al sexo trans, sino al qué dirán.
En ese sentido, Niñote fue diferente. Su descaro público le ofreció a Luciana un reconocimiento inesperado. Aún lo mira con asombro cuando acepta tomarse una foto para la prensa. “¿Qué tiene? ¡Que se sepa!”, lanza el muchacho.
Es un tipo rudo. En las redadas nocturnas que hace La Sagrada Familia para internar a la fuerza a quienes deambulan por las calles con alguna adicción, él es quien los somete. Entra sin miedo a las casas abandonadas de Silao donde alguna vez él mismo estuvo “loqueando” y carga a los nuevos internos hasta la camioneta. Lo hace sin armas, a diferencia de otros que llevan palos por si uno carga un cuchillo.
Ha crecido en un Guanajuato donde 227 mil 957 personas se autoidentifican como parte de la comunidad LGBT+: 4.9% de la población de 15 años y más, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021. Y donde décadas de activismo han logrado abrir espacios que se reflejan en avances, como la prohibición en 2021 de las terapias de conversión –que buscan “corregir” la orientación sexual que no sea heteronormada, muchas veces con el uso de la fuerza–, o la aprobación del matrimonio igualitario en 2023.
Sin embargo, el panorama sigue complejo. Desde 2016 se han reportado ante la plataforma Visible.LGBT 19 transfeminicidios en Guanajuato. Uno de esos casos fue el de Karla Valentina Camarena del Castillo, defensora de los derechos humanos, asesinada a balazos el 30 de marzo de 2020 en el municipio de San Felipe. Un año después, Devanny Cardiel, reconocida activista trans, también fue víctima de un crimen de odio y perdió la vida en una estética de su propiedad en la ciudad de León.
Mientras eso sucedía, el consumo de cristal se disparaba en todo el país. Según la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco, publicada en 2025 tras diez años de ausencia, más de una de cada 100 personas ha consumido estimulantes de tipo anfetamínico en su vida (la cifra pasó de 0.9% en 2016 a 1.5% en 2025). Las anfetaminas son una gran familia de drogas estimulantes a la que pertenecen tanto el éxtasis o MDMA, la metanfetamina y la dextroanfetamina.
Y la meta, cristal o hielo como también le dicen a la metanfetamina, es la principal droga de impacto para la mayoría de personas que ingresan a La Sagrada Familia, según su director, Nicolás Pérez.
Niñote conoció esta droga en la secundaria a través de un amigo. “Ahí empecé y no paré”, dice con sobriedad. Es un hombre de pocas palabras. Antes de Luciana nunca había estado con una chica trans. “Nos conocimos aquí y desde entonces no dejamos de mandarnos mensajes. Me trata bien”, dice. Para él, hijo de su tiempo, la diversidad sexual no es tabú.
Una población invisibilizada
Daniela Múñoz, activista trans, médica y filósofa, advierte por su parte sobre los riesgos de amalgamar la diversidad sexual con el consumo de drogas. Dice que “cualquier vulneración, independientemente de su origen, te lleva a realidades complejas, incluido el consumo”. No se consume por ser trans, sino porque la marginación a veces empuja a las orillas, donde la droga puede ser una opción de escape y/o de sobrevivencia, sobre todo si no se cuenta con redes de apoyo.
La falta de estadísticas sobre el consumo de drogas en la población trans o LGBT+ no ayuda a cerrar las brechas de una violencia estructural antigua en México. Sin embargo, la aparición de figuras como Wendy Guevara, chica trans de León que saltó de las redes sociales a la televisión, está marcando un punto de inflexión en la percepción de la diversidad sexual para la sociedad mayoritaria. Otro avance tangible, a nivel local, es la creación de la primera Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género de Guanajuato, que dirige Ricardo García. La primera que existe en México.
Este joven político, de lentes finos y ojos perspicaces que militó en el Partido Verde Ecologista de México, cuenta que fue convencido por la gobernadora panista Libia Dennise García para liderar una oficina única en el país. Y que su gobierno representa el relevo generacional de un PAN que intenta abrirse. Pero su tarea es titánica: capacitar a policías y trabajadores de la salud en diversidad sexual y combatir la invisibilización estructural. “No hay información estadística”, admite García en una entrevista por videollamada. “El primer paso es atender violencias estructurales como la invisibilización”, agrega, al afirmar que ya emprendió los primeros pasos para remediar este olvido histórico. Sin un diagnóstico claro, el daño real en la comunidad LGBT+ permanece incalculable.
Y no sólo ocurre en Guanajuato: más allá de lo que arroja la primera encuesta ENDISEG de 2021, la información y documentación de las experiencias de está población es casi inexistente.
Luciana conoce ese daño de primera mano. Ha visto a chicos gays ser violentados en otros centros sin atreverse a denunciar. Cuenta el caso de un joven “al que abusaban todos los días” y que no se atrevía a denunciarlo por temor a ser discriminado. Ese tipo de historias se repite entre la docena de internos entrevistados para este reportaje en cinco anexos de Guanajuato. A sus 42 años, Luciana sabe que los amores de anexos suelen ser efímeros, porque se funden y se difuminan con la libertad. Pero hoy disfruta de la bocanada de oxígeno que le da la relación inesperada con Niñote.
Paradójicamente, la entrada del anexo, diseñada para el encierro, es de los pocos lugares en donde los dos pueden ser libres.
GSC
