DOMINGA.– Daniel de Jesús empezó a trabajar para Los Zetas en 2008 allá en Tampico. Dice que se animó porque le prometieron que no habría riesgos: por ese entonces trabajaban con el Cártel del Golfo y además quien hizo la invitación era un viejo conocido de su niñez que le prometió ganaría 10 mil pesos a la semana. El cargo que le dieron sería de “H”, nombre clave para llamar a los halcones.
Un mes después, recuerda, lo ascendieron a sicario y lo mandaron a trabajar a Nuevo León, donde halconeaba y escoltaba a los jefes de la plaza. Así anduvo dos años hasta que en 2010 explotaron todo.
Comenzó a librarse una guerra en Nuevo León, en la que Los Zetas dejaron de operar como asociados del Cártel del Golfo y pasaron a ser una organización independiente que les disputó el control de rutas del tráfico de drogas. “Y cuando empezó la guerra, yo me quedé con los Zetas”, dijo. En ese contexto de enfrentamientos diarios y muertes de los líderes, los cabecillas –los hermanos Treviño, Z40 y Z42– empezaron a nombrar jefes de la plaza a cualquier sicario con unos cuantos meses de experiencia que pudiera reemplazar a los asesinados.
En 2011 a Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, El Loco, lo nombraron jefe de la plaza de Nuevo León, donde tenía a su mando unas 80 personas, camionetas pick-up y camiones de tres y media toneladas blindados. Pero Los Zetas colapsaron todo, cuando el 23 de agosto del 2011 incendiaron el Casino Royale de Monterrey, donde fueron asesinadas 52 personas. Sobre estos hechos el Loco diría:
“Un día antes habían dejado en el estacionamiento del casino dos camionetas blindadas, que eran para los mandos de Nuevo León. El dueño del casino le habló al alcalde y se las llevaron. Por tal motivo se ordenó se hablara con el dueño para amedrentarlo y decirle que no se pasara de verga”, revelaría.
Después de aquel episodio, los Treviño sabían que se iba a calentar la plaza y que probablemente el ejército sitiaría todo el estado. Así que tomaron medidas urgentes: al Loco y a otras 15 personas los enviaron a un taller de supervivencia con un general del Ejército, quien les dio entrenamiento militar de bastón chino, para usar lanzacohetes, nadar con equipo en ríos, correr en la noche en la selva y cómo utilizar granadas. “Había puros niños de siete, ocho y nueve años de edad”, dijo.
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Si bien El Loco había visto mucho, lo que atestiguaría después, la noche del 12 y la madrugada del 13 de mayo de 2012, superaría los niveles de crueldad a los que estaba acostumbrado: aquel día tuvo frente a él decenas de torsos, brazos y manos de personas. Más tarde se sabría que eran 49 personas migrantes que fueron decapitadas y mutiladas por miembros del cártel de Los Zetas.
Estos son los testimonios de un amparo judicial del caso, de la que se convertiría en una de las masacres más crueles cometidas durante el periodo de Felipe Calderón. Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.
La llamada para un encargo de Los Zetas
Era la una y media de la madrugada del domingo 13 de mayo de 2012. A esa hora las carreteras del noreste de Nuevo León pertenecen a otros. Sonó el teléfono cuando un hombre le dijo al Loco que le traía un encargo. Primero le dijo que lo veía en el entronque de Los Herrera, pero minutos después volvió a llamar para decir que mejor lo veía en el entronque de San Juan, sobre la carretera federal 40.
Finalmente El Loco llegó al lugar y encontró una caravana: dos trocas blancas, una camioneta de tres y media toneladas con la caja pintada de rojo, y otro carro que venía de puntero. Aquella noche se encontró con José Ricardo Barajas López El Bocinas, quien le reveló que el encargo iba para la plaza principal de Cadereyta Jiménez. Pero Daniel de Jesus le contestó que no, que nadie le había avisado nada de eso. “No, vas a calentar la plaza”, le dijo. Por eso, empezó a marcar directamente a la gente de los hermanos Treviño para corroborar esa información. Nadie contestó el teléfono, así que volvió a marcar. No contestaron otra vez.
El Bocinas le insistió que la orden era dejarlos en la plaza principal. Al ver su negativa le dijo que no sabía de quiénes eran los cuerpos, pero que estaban ahí para cumplir las órdenes. No hubo más discusión. Desde un camión de volteo, junto a otros hombres los empezaron a bajar con palas ahí mismo, a la orilla de la carretera, en la oscuridad de la libre. Ya venían descuartizados. No eran cuerpos enteros. Eran restos de lo que alguna vez fueron cuerpos. Terminaron dejando un mensaje en una narcomanta. Subieron a los vehículos. Tomaron camino rumbo a Cadereyta Jiménez.
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En el camino se cruzaron con cuatro “pandas” –federales de caminos en sus charger– y dos “ratas” –policía federal en pick-up–. Se cruzaron y siguieron de largo. Nadie paró. Nadie vio nada.
Un hombre identificado como El Comandante que era cercano a los hermanos Treviño devolvió la llamada hasta el día siguiente. El Loco le contó lo de los cuerpos. Hubo un silencio y después el comandante dijo: “a poco sí, ¿neta?”. Después le reclamó que no controlaba la plaza, que se la pasaba de huevón.
“No tenían piernas, brazos, ni cabeza”
Su identidad ha sido ocultada en el expediente. Lo que se sabe de él es lo que declaró: llevaba apenas dos meses trabajando como halcón para el cártel. Su trabajo consistía en vigilar los movimientos de las policías y los contras. Dice que desde que empezó en esa vida se quedaba en una casa de la colonia Hacienda Real, en el mismo municipio de Juárez, la zona metropolitana de Monterrey. Tenía un punto asignado. Una rutina. Una vida que desde hacía dos meses había dejado de ser suya.
El sábado 12 de mayo de 2012, por la tarde, llegó hasta su punto de vigilancia donde otro integrante de los Zetas le dijo que se subiera a su vehículo, que tenían que irse a jalar. El jefe de plaza había ordenado que se movieran con rumbo a Cadereyta Jiménez. No le explicó más. Ya era la madrugada del domingo 13 de mayo cuando llegaron al entronque de San Juan, donde hay un arco. Ahí, en la oscuridad, ya estaban esperando el jefe de plaza y varios hombres más, algunos conocidos sólo por sus apodos. Entonces vio llegar unas camionetas donde dos hombres ya estaban bajando cuerpos. Su descripción es atroz: no tenían piernas, brazos, ni cabeza.
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El jefe de plaza ordenó que ayudara. Se puso guantes de látex en las manos y bolsas de plástico en los pies y empezó a bajarlos. Los aventaba al suelo. Eso dijo: los aventaba. Por órdenes del jefe de plaza los fue amontonando a un lado de la carretera. En algún momento alguien extendió una lona blanca sobre el suelo, junto a los restos.
Cuando terminaron, se subió al mismo vehículo en el que había llegado, con el mismo integrante de los Zetas que lo había recogido horas antes. Volvieron a la casa donde vivía. La noche siguió. Cadereyta aún no sabía lo que iba a encontrar con la luz del día.
La investigación de los agentes federales
El lunes 14 de mayo, Gustavo Illescas Fabila e Ismael Herrera Mondragón, agentes de la Policía Federal Ministerial, firmaron el parte que haría oficial lo que ya medio Nuevo León sabía a través de las noticias. Se trasladaron a la carretera libre Monterrey-Reynosa, en la entrada de una comunidad rural de Cadereyta Jiménez.
Ahí estaban: 49 torsos humanos. Seis de sexo femenino, 43 de sexo masculino. Abandonados sobre el asfalto, a un costado del módulo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cuando Illescas Fabila y Herrera Mondragón llegaron ya había un despliegue en el lugar: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría estatal. El fiscal del orden común les dijo que los restos habían sido encontrados alrededor de las dos de la madrugada.
Junto a ellos, yacía una cartulina con un mensaje que se adjudicaba al grupo criminal de Los Zetas: “ESTO VA PA TODOS LOS GOLFOS, CHAPOS, MARINA, HUACHOS Y TODO EL GOBIERNO NADIE NOS VA A PODER HACER NADA SE LA VAN A PELAR ATT EL LOCO Z40 Y COMANDANTE LAZCANO (sic)”.
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En una de las columnas de la entrada a San Juan, alguien había pintado con aerosol negro una letra Z. Alrededor de los torsos se marcaron 35 evidencias: material que al parecer había servido para envolver los cuerpos durante el traslado.
Los agentes fueron al rancho más cercano. Tocaron la puerta. Nadie abrió. Se movieron a la comunidad contigua y entrevistaron a los habitantes. Todos dijeron lo mismo: que no conocían a nadie involucrado con grupos delictivos, que no se habían percatado de quién dejó los cuerpos en la entrada de su comunidad. Nadie vio. Nadie oyó. Illescas Fabila y Herrera Mondragón siguieron recorriendo distintos tramos de la libre Monterrey-Reynosa. No encontraron a nadie cometiendo conductas delictivas. Nada. Después se trasladaron al Servicio Médico Forense.
Las 49 víctimas que no tienen nombre ni voz
El martes 15 de mayo, dos días después de la masacre, un halcón estaba en su punto. Un estacionamiento de tienda en un cruce de avenidas en Juárez, Nuevo León. Su trabajo: mirar. Eso hacía cuando llegó una camioneta pick-up color gris.
Los reconoció de inmediato. Trabajaban para el mismo grupo. Eran tres personas: un hombre alto, moreno, delgado, con corte tipo cholo y la cara con cicatrices; otro más bajo, también delgado y la cabeza grande; y una mujer de complexión media, pelo corto y negro. No venían a buscarlo. Venían a comer tacos en un puesto de la misma avenida. El halcón se acercó a saludarlos y entonces los escuchó. Hablaban en voz alta, sin bajar el tono, como quien cuenta una hazaña de fin de semana. Decían que habían ido a hacer un desmadre a una comunidad de Cadereyta Jiménez. Que habían tirado los cuerpos de una multitud de personas desde un camión de volteo. Eran más de 40. Que lo habían hecho por órdenes de alguien que mencionaron por apodo. Que habían sido varios. Fue la madrugada del sábado.
El halcón no necesitó que le explicaran más. El domingo por la mañana había visto las noticias: 49 torsos en la entrada de una comunidad rural, a un costado de la carretera libre Monterrey-Reynosa. Lo que esos tres contaban entre bocados de tacos era exactamente eso.
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Del expediente no se sabe mucho más sobre quiénes eran las 49 personas que terminaron en esa carretera. Las víctimas no tienen voz en los documentos oficiales. Sólo aparecen por los bordes, en los testimonios de quienes las buscaban. Un padre declaró que una persona que dijo ser de los Zetas le llamó para decirle que tenían a su hijo, que estaba desaparecido. Le pidieron un rescate de un millón de pesos. Él les dijo que no tenía esa cantidad.
Otros familiares supieron después que su hijo también estuvo secuestrado. Alguien le dijo: mira, te vamos a dejar ir, vamos a hacer como que no pasó nada, tú no sabes nada, pero tú corres y te vas, yo te voy a soltar, yo debo mucho, no importa que me maten. Dicen que su hijo salió corriendo y lo vieron los demás sicarios. Que le cortaron un pie por haber corrido. Después una mano. Al último la cabeza. La familia contó que les tomaron muestras de ADN de su padre y que estaban cien por ciento seguros de que era él, por lo que lo trasladaron a Tamaulipas para enterrarlo.
Otra familia, originaria de La Paz, Honduras, dijo que su hijo llamó dos veces. La última vez fue desde Tamaulipas, el 8 de mayo, cinco días antes de que los encontraran. Llamó para pedir dinero. Contestó una hermana. Les dijo que necesitaba el dinero para pagarle a Los Zetas porque se lo estaban pidiendo. Que los iban a trasladar de un lugar que se llama Tío Beto, el día domingo. La hermana le envió 650 dólares. Fue la última vez que supieron de él.
La muerte anónima de una fosa común
Lo que vino después de la masacre fue, en muchos sentidos, una segunda ejecución. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que sería imposible identificar esos restos.
Horas después del hallazgo, los hechos fueron calificados como “arreglo de cuentas” entre grupos delincuenciales. La primera versión oficial criminalizó a las víctimas. Como quedaría demostrado después gracias a la identificación de poquítisimos cuerpos, las víctimas eran migrantes que habían desaparecido en Tamaulipas.
En términos de reparación del daño, las familias de las víctimas ya identificadas en Honduras, Guatemala, Nicaragua y México, han denunciado que a 13 años siguen esperando respuestas y reparación.
En 2020 tanto el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) revelaron que en 2018, la Fiscalía de Nuevo León envió el expediente original del caso a la Fiscalía General de la República por paquetería. La empresa Redpack destruyó el expediente y las evidencias. La Fiscalía de Nuevo León no informó de esta situación sino hasta un año y dos meses después. Entre las evidencias destruidas estaba la manta que Los Zetas dejaron junto a los cuerpos aquella madrugada. El único objeto que firmaba la masacre se perdió en una caja de cartón en una bodega de paquetería.
Desde la masacre de Cadereyta, sólo se han logrado identificar a 19 de las 49 víctimas: 12 hondureñas, una guatemalteca, cuatro mexicanas y dos nicaragüenses. Ninguna de las seis mujeres ha sido identificada. No hay sentencia ni esclarecimiento de cómo ocurrieron los hechos, desde la desaparición de las víctimas hasta el hallazgo de sus restos en Nuevo León.
Actualmente sólo han sido detenidos Daniel de Jesús Elizondo Ramírez Asunción Hernández López, José Ricardo Barajas López y otros cuatro sicarios de bajo rango: Alberto Daniel Silva, alias El Chaparro o El Tikitiki, de 22 años; Juan José Escobedo Morales, de 18 y Javier Andrade Tavera, de 24, Asunción Hernández López alias El Veracruz, de 23 años. Pero todos aseguraron que sólo obedecieron órdenes de Los Zetas.
GSC/ATJ
