DOMINGA.– Mario Alfonso Cuéllar era el jefe de las operaciones para cruzar la droga de Los Zetas por la ciudad fronteriza de Piedras Negras. Él mismo reveló los sobornos que pagaban los capos para obtener impunidad. Lo hizo en un juicio en Austin, Texas –en abril de 2013–, en contra de José Treviño Morales, quien lavaba sus ganancias en Estados Unidos comprando caballos de carreras Cuarto de Milla.
En el expediente estadounidense puede leerse que el fiscal, Douglas W. Gardner, interrogó a Poncho Cuéllar, entonces de 46 años, y le solicitó explicar a los miembros del jurado qué implicaba una “plaza” para el crimen organizado en México.
–Una plaza es una ciudad, algo así como Piedras Negras, donde se establece el control sobre la policía municipal, la policía federal y otros agentes del orden, donde se paga una cuota mensual para dedicarse al narcotráfico o a cualquier otro delito que se quiera cometer [...] para así ganar dinero y producir como un cártel –respondió.
–¿Sabes por qué los hermanos Z40 y Z42 nunca han sido arrestados?
–Han sobornado a toda la policía mexicana, al ejército y a gente poderosa –dijo.
–Ahora bien, usted mencionó que cruzaban 500 kilos [de cocaína]. ¿Qué cantidad recibiría usted de Estados Unidos por esos 500? –preguntó el fiscal.
–¿La cantidad de dinero? –replicó Cuéllar
–Sí, señor. La cantidad
–Quince millones de dólares –apuntó Cuéllar.
Parte de esas ganancias se destinaron a sobornar a las autoridades locales, federales y militares. La masacre de Allende, la tragedia criminal más atroz del México contemporáneo, se mantuvo oculta casi durante dos años gracias a los sobornos que pagaban Los Zetas. El total de víctimas que secuestraron, mataron o desaparecieron en el norte de Coahuila suman alrededor de 300, según los testimonios de los familiares. Cuando los crímenes fueron denunciados por las familias, la respuesta del Estado fue tardía y deficiente.
A más de 14 años de distancia, las familias de las víctimas siguen sin acceder a la justicia ni a la reparación integral que les prometió el Estado. No se ha pagado un sólo peso de reparación, ni se ha restituido ninguna propiedad, lo que ha dejado a las familias de Allende y Piedras Negras, y otros municipios afectados por Los Zetas, sumidas en la misma impunidad.
La venganza del Z40 en Allende, Coahuila
La tragedia que sufrió Allende comenzó el 18 de marzo de 2011, cuando unos 200 pistoleros irrumpieron en el municipio coahuilense y comunidades vecinas. Los siguientes hechos fueron contados por miembros y colaboradores de Los Zetas en el juicio celebrado en Austin. Cuéllar y otros acudieron como testigos de la fiscalía para declarar en contra José Treviño Morales, quien era el hermano mayor de Miguel Ángel y Omar, Z40 y Z42 respectivamente.
Los testimonios precisaron que los Zetas llegaron a Coahuila a finales de 2005 como avanzada del Cartel del Golfo para tomar Piedras Negras, donde operaban varios pequeños grupos de narcotraficantes que no formaban parte de ningún cártel.
En esa estratégica ciudad reclutaron a varios narcotraficantes que actuaban por su cuenta. Entre ellos, Alfonso Cuéllar y otros tres narcojuniors miembros de pudientes familias de Allende: Héctor Moreno Villanueva, alias El Negro, José Luis Garza Gaytán Guichina y a su amigo José Vázquez El Diablo, quien operaba en Dallas, Texas, para desde ahí distribuir la droga a toda la Unión Americana.
A esos cuatro narcos independientes los hermanos Treviño Morales los pusieron a cargo de sus operaciones de narcotráfico. Cuando los Zetas se separan del Cártel del Golfo y conforman su propio cártel, en 2010, los líderes Z40 y Z42 se fueron a esconder a Allende, un pequeño poblado que en esa época contaba con 22 mil habitantes. Desde esa región coordinaban sus operaciones de contrabando de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, la cual cruzaban a través de los puentes internacionales de Piedras Negras. La droga se cargaba en tráilers de 18 ruedas, propiedad de familiares de Héctor Moreno El Negro.
La eficiencia de José Vazquez para vender la droga a todo tipo de pandillas en Estados Unidos le permitió a Los Zetas contrabandear en promedio unos 500 kilos de cocaína por mes y otra cantidad similar de marihuana. La confesión de José Vázquez El Diablo en el juicio de Austin, y de los otros capos, destacó que durante los casi tres años que estuvieron operando obtuvieron ganancias por alrededor de mil millones de dólares que fueron directo a los bolsillos de Los Zetas.
Los testimonios de Cuéllar, Moreno y Vázquez señalaron que la DEA ubicó a El Diablo como cabeza de distribución de la organización en Estados Unidos. Cuando percibió que lo vigilaban huyó también a Allende pero su familia se quedó en Dallas, Texas. La agencia antinarcóticos lo pudo ubicar y le solicitó que, a cambio de no meter a su familia a prisión, colaborara y entregara los números de celulares de los principales líderes: Miguel Ángel, su hermano Omar, así como el de Heriberto Lazcano y otros. José Vázquez discutió con su amigo Héctor Moreno la petición de la DEA y acordaron mandarles los números de los móviles.
Cuando la DEA tuvo esa información la envió a sus hombres de “confianza” en México: la Unidad de Operaciones Sensibles, de la Policía Federal, para que los capturaran. Pero, desde esa unidad, se filtró al Z40 que alguien los había traicionado.
Miguel Ángel Treviño Morales inmediatamente supuso que entre sus operadores estaban los responsables. Así que desde febrero de 2011 soltó a su jauría de sicarios en Piedras Negras, Allende y todo el norte de Coahuila para que los detuvieran. Pero los implicados –Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno, José Luis Garza Gaytán y José Vázquez– ya habían cruzado la frontera. Así que la venganza de Los Zetas se centró en sus familiares, amigos y trabajadores.
El relato de las familias sobrevivientes en Allende
Las familias que perdieron a sus parientes en la masacre contaron los hechos: al filo de las 17:00 horas del 18 de marzo de 2011 arribaron a Allende 42 camionetas con sicarios, escoltados por cuatro patrullas de la policía municipal. Los Zetas mantenían en su nómina a 40 policías locales.
Los ayudaron varios de esos policías, encabezados por una mujer policía, La Lupe, quien se mostró “muy entusiasmada” para conducir a los sicarios a las residencias de las víctimas que pretendían capturar. Debido a que sus “presas” ya habían escapado del país, los pistoleros se centraron en secuestrar a los familiares, amigos, trabajadores de sus empresas y empleados domésticos. Destruyeron casas, incendiaron propiedades hasta dejarlos cascarones.
La familia Garza Gaytán era la más numerosa y la que registró el mayor número de muertos y desaparecidos. Ese día trasladaron a 80 víctimas, entre mujeres, ancianos y menores de edad al Rancho Los Garza, a las afueras de Allende, donde según los testimonios de los bomberos mataron y quemaron a sus víctimas.
En Piedras Negras, los sicarios capturaron a 40 amigos de Poncho Cuéllar que fueron asesinados en un predio abandonado, en los límites de la ciudad. El operativo para capturar a amigos o familiares de los prófugos, incluyó Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Guerrero y Villa Unión. El total de víctimas que secuestraron, mataron o desaparecieron en todos los poblados del norte de Coahuila suman alrededor de 300, según los testimonios de los familiares.
La reparación del daño que no llega en Coahuila
El caso de Allende simboliza el fracaso institucional del Estado en materia de verdad y justicia. A más de 14 años de la tragedia en Coahuila, las familias de las víctimas siguen sin acceder a la justicia ni a la reparación integral que les prometió el Estado.
Desde 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG/2018 en la que ordenó a diversas autoridades –entre ellas, el gobierno de Coahuila, la entonces Procuraduría General de la República, la presidencia municipal de Allende y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)– que atendieran de manera integral a las familias. Pero cinco años después, no se ha pagado un sólo peso de reparación, ni se ha restituido ninguna propiedad.
Colectivos como Familias Unidas y otros destacaron que esa recomendación de la CNDH no se ha cumplido, la reparación integral del daño. Según la Ley General de Víctimas, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, establece que el Estado debe garantizar la reparación en un plazo razonable y debe incluir: compensación económica, restitución de bienes, atención psicológica y garantías de no repetición. Nada de eso se ha cumplido.
Hoy la burocracia continúa ganando tiempo para cumplirle a las víctimas. La CNDH, la CEAV y la hoy Fiscalía General de la República se deslindan unas de otras. Y las familias de Allende, Piedras Negras, siguen sumidas en la misma impunidad que se mantiene desde hace más de una década.
Debido al nulo seguimiento de la propia CNDH, las víctimas de la Masacre de Allende tuvieron que recurrir a un amparo para que la CEAV cumpla con la reparación, la cual rechaza alegando que le corresponde al estado de Coahuila, argumento que contrasta con lo que precisa la Ley General de Víctimas.
Ante la falta de respuesta de las instituciones, el abogado de las víctimas Jesús González Schmal informó a DOMINGA que presentaron el amparo en diciembre de 2022 y lo ratificaron el 21 de marzo del año siguiente, 2023. Quedó registrado bajo el número 440/2023, ante Sandra de Jesús Zúñiga, jueza de Distrito del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La jueza Zúñiga rechazó incluir en el amparo a la CNDH, pero instruyó a la CEAV a rendir un informe sobre el procedimiento en un plazo que ya venció. El abogado destacó que en agosto de 2024, la jueza falló a favor de las familias y ordenó ejecutar la reparación en un plazo de diez días. No obstante, la propia Comisión impugnó la sentencia, prolongando aún más el calvario
“A finales del mes de agosto de 2024 la jueza concedió el amparo a las víctimas y determinó un plazo de 10 días para que la CEAV ejecute la resolución y pague por la reparación del daño”, precisó González Schmall. “No obstante, directivos de la Comisión interpusieron un recurso de revisión para un aplazamiento, con argumentos absurdos y no válidos para salvar el pellejo”, agregó el abogado.
“Es una vergüenza que la CNDH no actúe para que se cumplan con sus recomendaciones. Y más aún cuando se trata del mayor número de víctimas en la historia contemporánea de México. Tan sólo en Allende se han registrado ante la CEAV alrededor de 60 familias”, concluyó González Schmal.
El recurso de revisión interpuesto sería analizado en segunda instancia por un panel de tres magistrados. Pero con la Reforma Judicial, ahora los nuevos jueces necesitan nuevos plazos para conocer, revisar y atender el caso de la Masacre de Allende.
La CNDH exonera a la FGR por el caso Allende
Los colectivos también denunciaron que la CNDH, que encabeza Rosario Ibarra, recientemente decretó que la Fiscalía General de la República “ya cumplió” con las recomendaciones que le fueron dirigidas sobre el caso, pese a que continúa la impunidad de los que perpetraron y protegieron la masacre.
Colectivos de víctimas y sus abogados denunciaron que el pasado 17 de septiembre de 2025 la Comisión decretó que la hoy Fiscalía ya “cumplió” con las víctimas y, como consecuencia, acordó finalizar “el seguimiento a las recomendaciones que se hicieron a la FGR”, según el Oficio No CNDH/CGSRAJ/DSR-6/7725/2025.
El documento oficial señala que la FGR implementó las “acciones necesarias” para cumplir con la Recomendación 10VG/2018, emitida en 2019, derivada de la investigación sobre las violaciones graves cometidas en aquellos días de marzo de 2011, cuando un comando de Los Zetas arrasó con decenas de familias, propiedades y vidas en Allende, Piedras Negras y otros municipios del norte de Coahuila.
La principal recomendación que ordenó a la exPGR fue: “abrir carpetas de investigación” sobre denuncias presentadas por las víctimas. Además, que colaborara con los organismos de la propia dependencia para el “seguimiento de quejas” y que agregara copias de sus recomendaciones a los expedientes de las víctimas.
El oficio de la CNDH que determinó “concluir el seguimiento” en los hechos equivale a dar por cerrado el expediente en lo que toca al ámbito federal. Sin embargo, los colectivos de víctimas y sus abogados advierten que tal resolución es una simulación que deja impunes a los responsables institucionales y revictimiza a quienes han esperado más de una década por justicia.
Diego Hernández Romero, investigador del Instituto Mora, colaboró en este texto.
GSC/MMM
