DOMINGA.– Ana Lucía Salazar no quiere que la llamen sobreviviente, no. Ella es víctima. No sólo es una manera de resignificar el concepto ante el mundo; como ella misma lo explica, expone la necesidad de hablar sobre la violencia sexual infantil eclesial. Sobre todo, romper el silencio cómplice. “La causa me atraviesa pero yo no soy la causa”, asegura. Su denuncia pública ha fomentado otras más en México.
El abuso sexual infantil en contextos religiosos tiene particularidades específicas que lo diferencian de otros: patrones de encubrimiento que garantizan su perpetuidad y gran poder de influencia por supuestos estatus morales o espirituales. Son miles de víctimas alrededor del mundo que no sólo comparten las consecuencias, sino las equivocadas reacciones de las instituciones religiosas a lo largo de la historia.
Cuando tenía nueve años, Ana Lucía decidió contar a sus padres que el sacerdote y director de la escuela donde estudiaba la primaria abusaba sexualmente de ella: Fernando Martínez. Sus padres le creyeron, la acompañaron y denunciaron los abusos en el colegio. Nadie en la institución hizo absolutamente nada.
Fue el año de 1991 cuando la familia Salazar decidió mudarse de Monterrey a Cancún. La matricularon en uno de los colegios más prestigiosos de la península. “Recuerdo verlo [Martínez] mucho en el recreo. Estaba chiquita, entonces me hizo monaguilla. Ahí me captó, de manera solitaria”.
Y en esa soledad era mucho más difícil comprender lo que sucedía. Ana Lucía narra que Aurora Morales, maestra de la escuela, la sacaba del salón en horario de clases para llevarla a la capilla o a la oficina de Martínez. Ahí ocurrían los abusos. Hasta que un día se lo contó a sus padres. Ellos, sin saber qué hacer, acudieron a la escuela donde no encontraron más que excusas y evasivas, y, aunque pensaron en denunciar ante la ley civil, no se atrevieron por miedo a represalias. El colegio en el que estudiaba se llamaba Instituto Caribe (hoy Instituto Cumbres Cancún), fundado por los Legionarios de Cristo.
Ana Lucía, entonces, vivió momentos difíciles: “Evidentemente, el agresor ya no me hablaba porque yo había denunciado. Para los demás era un problema menos, pero para mí, era un problema más. No entendía por qué una persona que me había dicho que me quería tanto ya no me hablaba. Además, había un bullying constante por parte de los demás”. Cansada, llegó un día a casa y le dijo: “Sólo díganle que me pida perdón y ya está”. Su abuelo respondió que no bastaba con un perdón.
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Lo que la familia Salazar no sabía en aquel momento era que el historial de señalamientos contra el sacerdote Martínez había iniciado muchos años antes, en 1969. Siguiendo las ya conocidas formas de encubrimiento, Martínez había sido trasladado de Ciudad de México a Saltillo y, finalmente, a Cancún. De hecho, el encubrimiento continuó: después de seis meses de que Ana Lucía levantara la voz, otro grupo de niñas también denunció abusos de Martínez.
Entonces, la congregación envió al sacerdote a un noviciado en Salamanca, España, antes de que las familias pudieran organizarse o tomar acción. Y los Salazar decidieron regresar a Monterrey, orillados por el hostigamiento que sufrieron: “les decían que tenían que entender que el sacerdote era hombre, que algo había hecho yo para alborotarlo. Incluso, a mis papás dejaron de comprarles en sus negocios, los auditaron para que no pudieran seguir trabajando”, recuerda.
El 2 de mayo de 2019, Ana Lucía escribió en sus redes sociales lo que había vivido y, más tarde, lo denunció públicamente en los medios de comunicación. Era la primera mujer mexicana denunciando a un legionario.
Las reacciones fueron inmediatas y los mensajes empezaron a llegarle por montones. Incluso, recuerda, varios excompañeros de escuela le escribieron pidiéndole perdón por haber sido crueles con ella. Desde ese momento hasta la fecha, decenas de víctimas se acercan a Ana Lucía para contarle sus historias. Allí empezó a forjar su camino como activista.
Los pactos de silencio en la Luz del Mundo y NXIVM
La serie de HBO Max, Marcial Maciel: el lobo de dios, devela el entramado de complicidades que tuvieron que existir para que el fundador Marcial Maciel pudiera cometer abusos durante más de tres décadas y permitiera que otros 30 sacerdotes lo hicieran también. Emiliano Ruiz Parra, periodista, investigador y asesor de guion, lo dice en pantalla: “Las cosas pasaban a los ojos de los demás, los abusos y la drogadicción”.
Abusos que, por cierto, fueron cometidos también contra Fernando Martínez, el agresor de Ana Lucía Salazar. Es decir, que el agresor de Ana Lucía fue, a su vez, agredido años antes por Marcial Maciel .
Pero la iglesia católica no es la única institución donde se presentan dichos abusos; casos como los de la Luz del Mundo o la secta NXIVM muestran patrones similares donde los líderes religiosos –que cuentan con un gran poder de influencia por su supuesto estatus moral y espiritual–, utilizan esa desigualdad para abusar de sus fieles. Además, se repiten los patrones de encubrimiento y complicidad.
Karla Casillas, periodista especializada en perspectiva de género y jefa de investigación de la serie documental en Netflix, La oscuridad en la Luz del Mundo, explica para DOMINGA sus propios hallazgos: “En primer lugar, hay un patrón de deificación del líder. En este caso, Aarón, Samuel y Naasón Joaquín –los tres ‘apóstoles’ que ha tenido esta iglesia– construyeron una narrativa en la que se presentaban como seres divinos, incapaces de cometer pecados y con un acceso directo a Dios. Desde esa posición de poder absoluto se apropiaron del cuerpo y la voluntad de sus seguidoras”.
Casillas advierte, además, sobre las formas de manipulación a través de las cuales los abusos son encubiertos: primero, convenciendo a las víctimas de que el abuso sexual es una especie de “servicio sagrado” al apóstol. Y después, quienes no se someten o intentan hablar, son castigados a través del aislamiento, la humillación o, directamente, la amenaza. Casillas explica que así se construyó un sistema estructurado de abuso y manipulación sexual que dejó miles de víctimas, aunque a la fecha no se cuenta con un registro numérico exacto.
Por su lado, los testimonios vinculados a la secta NXIVM también revelaron formas de manipulación, complicidad y coerción de los seguidores. Tras la fachada de una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos de desarrollo personal, los líderes cooptaban seguidores y, poco a poco, los sometían a procesos de abuso patrimonial, vejaciones, violación e, incluso, esclavización. En muchos casos, las mujeres eran extorsionadas con material fotográfico explícito para que no denunciaran. Los pactos de silencio, entonces, se vuelven fundamentales para las estructuras diseñadas para garantizar impunidad.
El inicio del activismo de Ana Lucía Salazar
Quienes sí logran romper el círculo y levantar la voz, también sirven como ejemplo para que otras personas se atrevan a hablar. Eso mismo ocurrió con Ana Lucía.
Ese 2 de mayo de 2019, más de 25 años después de haber denunciado ante el colegio y la congregación de la Legión de Cristo, encontró información sobre su agresor navegando en internet. Ese día vio con horror que Fernando Martínez se encontraba en el Seminario menor de Ontaneda, España (hoy cerrado), todavía en contacto con niños y niñas y que, además, seguía figurando en la página del colegio como primer director. Algo irrefrenable se apoderó de ella.
“Fue puro impulso, no lo planeé. Me dio mucha ansiedad de que ese hombre estuviera violentando a más infantes”, recuerda.
Para ese momento, Ana Lucía llevaba casi un año reuniéndose semanalmente con Fernando M. González –investigador y autor de libros como Marcial Maciel (Tusquets, 2010)–, el exsacerdote y activista Alberto Athié y José Barba –exlegionario y víctima de Maciel–, hablando sobre la forma en la que operaban los legionarios.
La desesperación que le causó pensar que Fernando Martínez podría estar violentando a más niñas la hizo escribir su historia.
Hola: quiero platicarles algo sobre mi... #MeToo #LegionariosDeCristo #México #Cancun #QuintanaRoo pic.twitter.com/bE28zeRP9J
— Analu Salazar (@Ana1uSalazar) May 3, 2019
Su denuncia pública, la primera hecha por una mujer en México contra un legionario, fomentó otras. Casi un año después, Biani López Antúnez relató en una entrevista para la BBC que ver a Ana Lucía Salazar en los medios de comunicación le dio fuerza y que, a raíz de ello, otras víctimas –excompañeras de clase– empezaron a contactarla para saber si ella también había sufrido abusos. Ana Lucía conoce al menos otras ocho víctimas de Martínez, aunque no todas lo han hecho público.
Durante los últimos seis años, Ana Lucía se ha convertido en una activista especializada en abuso sexual infantil eclesial, participando en foros, trabajando con organizaciones de la sociedad civil y acompañado a otras víctimas en su proceso. Una de ellas es Javier Fernando Alcántara.
Otras denuncias en la Orden de los Escolapios
La historia de Javier Fernando comparte mucho con la de Ana Lucía. “El padre se acerca por el lado afectivo, como de un padre a un hijo. Él era mi padrino de confirmación y, aunque obviamente no vivía con él, diario estaba en la iglesia. Entonces ocurre el hecho, se consuma, y así estoy como por tres años. Yo tenía 11 cuando empezó”, recuerda.
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El sacerdote al que Javier Fernando hace referencia es José Miguel Flores Martínez, perteneciente a la Orden de los Escolapios. Los escolapios llegaron por primera vez a México en 1913, pero la situación sociopolítica los hizo regresar a Europa. Finalmente, en 1951, la Orden se reinstaló en el país e inició el primer curso escolar. Actualmente, según información difundida por la propia Orden, los escolapios atienden seis parroquias y dos capillas y se dedican a “evangelizar mediante la educación a los niños y preferentemente pobres (sic)”.
Javier Fernando conoció a Flores Martínez en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en la Gustavo A. Madero. Primero, yendo a misa con su familia una vez a la semana y, después, asistiendo a diario como monaguillo.
Pasado un tiempo, los padres de Javier Fernando se separaron y el sacerdote le ofreció a su madre ayudar en la crianza y ocuparse de su educación. Sin sospechar lo que estaba ocurriendo, la madre de Javier Fernando aceptó.
Así transcurrieron los años, hasta que un sacerdote nuevo llegó a la parroquia: “a ti te está pasando algo”, recuerda Javier Fernando que le dijo el nuevo párroco. En ese momento, Javier Fernando no se atrevió a decir lo que estaba sucediendo e, incluso, recuerda haber defendido a Flores Martínez. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar: “Todo esto coincidió con la visita del padre Pedro Aguado Cuesta [superior de los Escolapios]. Y rápido, en poco más de una semana, movieron a Miguel Flores Martínez a España, argumentando que se iba a estudiar”.
Tuvieron que pasar varios años para que Javier Fernando pudiera hablar de los abusos que había sufrido. En el camino, las consecuencias de las agresiones afectaron varios aspectos de su vida, que culminaron con el abandono de los estudios y un uso problemático de sustancias. “Empecé con el cigarro, el alcohol y, después, las drogas. Hasta que en 2018 mi mamá me dijo que me veía muy mal y que me iba a internar, entonces me sacaron de la Ciudad de México y me llevaron a Cancún”, relata.
Con su padrino de Alcohólicos Anónimos, Javier Fernando relató por primera vez lo que le había ocurrido y, más tarde, se lo dijo a su madre. Para ese entonces, ella se había mudado al Reino Unido con una nueva pareja. En una de las visitas que hacía a la ciudad se dio la conversación. “Lo quiero denunciar”, le dijo en aquel momento. Su madre lo apoyó y se contactó con Pedro Aguado Cuesta, quien hasta marzo de este año fungió como Superior General de la Orden de los Escolapios.
La impunidad absoluta en México en casos de abuso sexual clerical
Los procesos de denuncia –ya sea ante la justicia canónica o la civil– también cuentan con características comunes que pueden verse en la Iglesia católica y otras estructuras religiosas. Karla Casillas apunta sobre la Luz del Mundo:
“Algo que me sigue indignando es que la justicia haya llegado sólo por la vía de Estados Unidos. Si algo se movió en ese caso fue porque las denuncias se procesaron allá, no en México. Aquí la impunidad sigue siendo absoluta: la iglesia continúa operando con total normalidad, mantiene su registro legal y no ha enfrentado consecuencias institucionales ni nuevas investigaciones”.
En 2010, una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público introdujo el artículo 12 bis, en el cual se obliga al ministro de culto –o cualquier miembro de la iglesia– que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que informe inmediatamente a la autoridad. Si este delito es cometido contra un menor, deberá informar, a su vez, a los tutores de dicho menor.
Renato Vera Osuna, abogado que trabaja en prevención y atención de casos de abuso dentro de la Iglesia, explicó parte de estas modificaciones: “Además de lo [que] contempla el derecho civil, la legislación canónica también obliga al ordinario –como se le denomina al obispo o a los superiores de congregaciones religiosas– dar este aviso y cooperar con las autoridades civiles en absolutamente todo lo que soliciten. Además, se creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y, dicho sea de paso, la única mujer que participa allí es mexicana, la Dra. Patricia Espinosa”.
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Cuando se le pregunta sobre las características comunes que ha encontrado, Vera Osuna habla del clericalismo: “se exalta la figura del ministro religioso, como dándole un poder divino o cercano a Dios. La iglesia católica ya lo considera un vicio porque crea una asimetría de poder.” Esa asimetría dificulta la denuncia en una primera instancia. Pero incluso cuando se rompe ese muro, ni las autoridades civiles ni las canónicas han logrado brindar justicia, reparación del daño o garantías de no repetición a todas las víctimas.
Una fundación para las víctimas de abuso sexual clerical
Los testimonios de Ana Lucía y Javier Fernando se hermanan. Cuando la madre de Javier Fernando contactó a Pedro Aguado Cuesta, entonces máxima autoridad de los escolapios (y hoy obispo de Huesca y Jaca, en España), pensó que realmente la ayudaría. Aguado Cuesta se reunió con ella en Roma y, más tarde, viajó hasta Cancún para conocer a Javier Fernando.
“Él me abraza y me pide perdón en nombre de todos los escolapios del mundo y me dice que mientras dure la investigación canónica, que se metió supuestamente en 2019, él iba a estar en vida de clausura y oración y que, si [Flores Martínez] resultaba culpable, iba a ser entregado a la justicia”, recuerda.
En el transcurso, Javier Fernando recibió ayuda de la iglesia para terminar su preparatoria, conseguir trabajo y, posteriormente, una beca parcial para estudiar en la universidad. Finalmente, el 8 de octubre de 2020, le informan que la investigación había terminado; que habían expulsado a Flores Martínez de la Orden, que se había hecho justicia y que él ya no tendría que preocuparse.
Pero la sorpresa llegó con la noticia de su muerte, en agosto de 2022: “yo me entero de que en todo ese tiempo había seguido dando misas y que, incluso, el padre provincial de México [Fernando Hernández Avilés], había brindado una misa en su funeral, donde dijo que era un sacerdote ejemplar. Además, nunca lo entregaron a la justicia”. Ese fue, para Javier Fernando, el límite. Allí fue cuando se decidió a denunciar ante la justicia civil.
El caso, entonces, se transformó en una carpeta de investigación, no sin antes recibir dilaciones, revictimización y omisiones por parte de los funcionarios que lo mandaron de una a otra oficina y le aseguraron que, como el acusado había muerto, ya no había nada que hacer. Pero Javier Fernando logró avanzar con su denuncia, presentada en mayo de este 2025, con número CI-FIDCANNA/59/UI-3/C/D/02184/05-2025.
Sus objetivos son muy claros: castigo para las personas que encubrieron a Flores Martínez y esclarecer los detalles de su muerte: “Durante toda su vida él tuvo dos actas de nacimiento. El certificado de defunción que ellos presentan dice ‘Miguel Flores Martínez’, pero él se llama José Miguel Flores Martínez. Y como he sido víctima de mentiras y abusos por parte de las personas que lo representan, la verdad es que no confío en dicha información”.
Ana Lucía, por su parte, también documentó que Fernando Martínez, su agresor, continuó dando misa, incluso después de que le habían retirado el estado clerical en 2020. En julio de 2023, la congregación de los Legionarios de Cristo notificó que Martínez había muerto a los 84 años en Italia. Murió impune, sin enfrentar a la justicia, sin pisar la cárcel un solo día a pesar del reconocimiento de su congregación de los abusos entre 1969 y 1995 en contra niñas de seis y nueve años.
En octubre de 2025, Ana Lucía anunció la fundación de Niñez desobediente, una red de víctimas denunciantes de violencia sexual infantil y adolescente a manos de ministros de cultos religiosos en México. Su camino de lucha, activismo y defensa de las infancias se ha ido fortaleciendo y ha ayudado a decenas de víctimas en México y el mundo. A pesar de ello, sigue experimentando las consecuencias de las agresiones que sufrió: “una parte de mí se ha quedado en esa capilla”.
GSC
