Más del 50 por ciento de los tres mil 500 centros de rehabilitación que operan en Guanajuato incurren en abusos contra las personas que buscan atención para superar adicciones, de acuerdo con Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
El representante señaló que las principales irregularidades detectadas incluyen golpes, amenazas, encierros forzados y mala alimentación, situaciones que ponen en riesgo la integridad de los internos.
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“Pues mira, nosotros traemos situaciones con algunos centros de rehabilitación donde ya tuvieron muy poco el interés de rehabilitar a las personas, ya buscan otros fines. Entonces, yo ahorita en la mañana me levanté y haciendo el llamado al gobierno del estado”, comentó.
Agregó que los casos más graves se concentran en municipios como Irapuato, Celaya, Silao y León, donde en los últimos meses se han registrado operativos y denuncias por maltrato. Afirmó que las denuncias no siempre derivan en sanciones y acusó omisiones por parte de las autoridades estatales.
“Entonces, queremos tener una reunión para que tomen cartas en el asunto pues donde, pues si las personas no van a estar, ya no están seguras en lugares como estos, pues que caso tienen, ¿no? Entonces, si ya tenemos un llamado a las autoridades estatales para que tomen en cuenta lo que nosotros queremos plantearles en una mesa de trabajo que se pudiese tener”, contó.
El dirigente explicó que algunos espacios continúan operando pese a las denuncias, incluso bajo investigación. Recordó el caso de un joven asesinado en un centro de Silao hace poco más de un año. Sin embargo, dijo que, pese a la investigación y detenciones, el centro reabrió y “otra vez, las mismas prácticas, golpeando a la gente, en situación deplorable”.
“Encontraron muchas anomalías, psicotrópicos, encontraron mujeres maltratadas, muchos chavos tableados. Entonces, no sabemos qué está pasando No tenemos información. Lo que estoy diciendo es de viva voz de las personas que estuvieron ahí. Ahora nosotros no explicamos por qué el silencio cuando este operativo fue grande, participaron 27 unidades de la fiscalía”, narró Nicolás.
De los tres mil 500 centros ubicados en el estado, cerca de la mitad realiza prácticas indebidas, según el dirigente. Tan solo en León, aseguró, existen entre 350 y 400 espacios, entre clandestinos y supuestamente regulados, donde se han reportado homicidios y agresiones.
Finalmente, Pérez Ponce pidió la intervención del gobierno estatal y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para revisar la operación de los centros.
“Vuelvo a repetir que ojalá y ya pronto nos podamos sentar con la gobernadora, porque a cómo se nos ha hecho del rogar la señora. No es justo que se tengan que perder vidas de personas activistas para voltear a ver lo que uno quiere expresar”, concluyó.
