Del Primer Diagnóstico Integral sobre Percepción de la Corrupción que se tiene en la historia del Estado de México, se desprende que tanto el sector empresarial como el gubernamental y la ciudadanía perciben a la corrupción como frecuente, poco sancionada y asociada a trámites donde hay contacto directo con personas servidoras públicas de la entidad.
La mayoría de las personas consultadas considera que denunciar un acto de corrupción, especialmente en el servicio público, “no sirve de nada” o genera riesgos personales.
Hay desconocimiento sobre la existencia del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM), así como de las leyes en la materia, aunado a que pocos participan en la lucha, reveló el secretario técnico del propio Sistema, Víctor Romero Maldonado.
En entrevista con MILENIO, el secretario técnico explicó cómo se llevó a cabo este diagnóstico, los resultados y su utilidad.
Resaltó que el primer resultado general demuestra que la política anticorrupción está alineada con las necesidades y combate las causas del problema, mostrando la hoja de ruta para que todos los sectores refuercen acciones y se obtengan mejores resultados en un lapso de uno a dos años.
Este es el primer diagnóstico estatal que existe en el país, donde se mide la percepción del problema desde la ciudadanía, el sector empresarial y el servicio público, para tener una radiografía completa del fenómeno, indispensable para orientar con mayor precisión las estrategias anticorrupción, asegurar su pertinencia y evaluar su impacto.
“Esto denota que vamos por buen camino, aunque los resultados de estas acciones y otras más que estaremos ejecutando, dada la evaluación y reorientación que este diagnóstico nos indica, las podremos medir en uno o dos años”, explicó.
Resultados y contexto nacional
Los primeros resultados son 5 mil 716 procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme, 3 mil 142 carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público, la digitalización de diversos trámites, el fortalecimiento del sistema de denuncias, la capacitación y la primera campaña “Para la corrupción frenar, tú debes denunciar”.
El antecedente que se tiene es la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se posicionó al Estado de México entre las entidades con mayor prevalencia de corrupción, al registrar una tasa de incidencia de 25 mil 855 actos de esta naturaleza por cada 100 mil habitantes y una de las tasas más bajas de denuncia, con apenas 4.5 por ciento de los casos.
Lo relevante, aseveró, es el reconocimiento de “la corrupción como un obstáculo para la gobernabilidad democrática y el desarrollo con equidad, por la desconfianza institucional, la baja rendición de cuentas, el desempeño insatisfactorio de servicios públicos y la incidencia sostenida de actos de corrupción en trámites y cuerpos de seguridad pública, por lo cual es necesario atender las causas estructurales de la corrupción en la entidad, donde todos los sectores están en disposición de alinearse”.
Destacó que el caso mexiquense puede ser motivo de observación, pues es el único donde existen sistemas municipales anticorrupción y tiene un sistema para medirla. Además, cuenta con su Sistema Estatal Anticorrupción completo, una Plataforma Estatal ex profeso y ahora con un diagnóstico actual de la entidad.
¿Cómo se hizo el diagnóstico?
Los estudios fueron diseñados y ejecutados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción sin ejercer recursos públicos extraordinarios y aprovechando únicamente su capacidad técnica y operativa para desarrollar metodologías robustas y procesos de tratamiento de información que garantizan resultados sólidos, señaló.
Solo el primer insumo, el relacionado con la percepción ciudadana, tuvo un costo y fue realizado en 2022; pero el del servicio público y el sector empresarial se efectuaron sin costo alguno y se llevaron a cabo a finales de 2024, para contar con base técnica y política que permitiera reorientar los esfuerzos del Sistema y fortalecer su capacidad de respuesta institucional.
El diagnóstico se obtuvo a través de cuestionarios y muestras aplicadas al sector público y empresarial en los ámbitos estatal y municipal. Del servicio público se logró la participación de más de 13 mil personas servidoras públicas y, en el caso del sector empresarial, de más de 300 unidades económicas de la industria, el comercio y los servicios.
La información se organizó en 10 dimensiones transversales que permiten comparar percepciones, experiencias y expectativas de los tres sectores, con especial atención en los temas de frecuencia, impunidad, confianza institucional, denuncia, ética e integridad, participación social y expectativas de cambio.
El mapa de calor
Uno de los principales elementos que este diagnóstico arrojó es la integración visual y analítica de los hallazgos mediante un mapa de calor, el cual permite observar de forma rápida qué tan presentes son los factores de riesgo y las percepciones críticas en cada sector.
Las 10 dimensiones medidas son: percepción general de corrupción, actos frecuentes de corrupción, impunidad y efectividad de sanciones, barreras para denunciar, conocimiento y uso de mecanismos anticorrupción, confianza en instituciones y autoridades, relación con trámites y servicios públicos, ética pública e integridad institucional, participación y responsabilidad social y, finalmente, expectativas y propuestas para el cambio.
De este se derivan coincidencias entre los tres sectores, particularmente en aquellas dimensiones donde el fenómeno se percibe como frecuente, poco sancionado y con baja confianza institucional.
Las dimensiones más críticas fueron el conocimiento sobre mecanismos anticorrupción y la confianza en instituciones y autoridades, donde el semáforo se colocó en rojo en los tres sectores, pues la corrupción es vista como un fenómeno persistente y difícil de combatir.
Principales hallazgos
El primero de los tres principales hallazgos señala que los tres sectores perciben la corrupción como frecuente, poco sancionada y asociada a trámites donde hay contacto directo con servidores públicos.
Además, persiste una brecha significativa entre el reconocimiento del problema y la apropiación de las herramientas existentes. En los tres sectores, los niveles de conocimiento sobre los canales de denuncia, las instancias responsables y los mecanismos digitales de control siguen siendo limitados, lo cual reduce el potencial de participación y respuesta ciudadana.
En los tres sectores se reconoce el valor de la capacitación, la ética individual y la participación ciudadana como vías de transformación.
Como hallazgos secundarios identificaron que la frecuencia de los actos de corrupción y la percepción de impunidad siguen siendo los ejes dominantes en la experiencia social.
En contraste, la dimensión de ética pública e integridad institucional está presente en los niveles más favorables, lo cual muestra la necesidad de seguir fortaleciendo la comunicación, la prevención y la conducta basada en principios éticos para una gestión pública más íntegra.
En materia de participación social se observó un potencial importante, pues la ciudadanía y el sector privado muestran disposición a involucrarse en acciones preventivas, aunque tienen escaso conocimiento de los mecanismos disponibles.
Además, las expectativas de cambio reflejan un escenario dual: por un lado, persiste cierto pesimismo, pero también hay una demanda clara por instituciones más transparentes, abiertas y con mayor rendición de cuentas.
Las “mordidas”, el acto más frecuente
De las encuestas, detalló, se desprenden diversos resultados. En el sector empresarial, 47.9 por ciento de las personas encuestadas considera que la corrupción es un fenómeno muy frecuente y 42.2 por ciento que “es para hacer negocios” en la entidad.
En lo relacionado con los actos más frecuentes de corrupción, para la ciudadanía son las “mordidas”, con 35.1 por ciento de los casos, y en segundo lugar el desvío de recursos. En el sector público, el delito más frecuente es el soborno, con 70.40 por ciento de los casos, seguido del peculado y el desvío de recursos públicos, así como el abuso de autoridad y el enriquecimiento ilícito.
En el sector empresarial, a la pregunta de cuántas veces presenció algún acto de corrupción en el último año, 27.5 por ciento dijo que el soborno de una a tres veces, el tráfico de influencias en 22.10 por ciento y la participación indebida en procedimientos administrativos en 17.90 por ciento de los casos.
El secretario indicó que la alta frecuencia de sobornos y desvío de recursos en todos los sectores refleja una preocupante normalización de estos actos, por lo cual es urgente fortalecer los mecanismos de control institucional, particularmente en los procesos administrativos y de interacción directa con la ciudadanía.
Por qué no se denuncia
En el tema de las barreras para denunciar, en 42 por ciento de los casos la ciudadanía considera que no se hizo nada ante actos de corrupción y solo 37.7 por ciento denunció. En el caso del servicio público, 53.10 por ciento dijo que no lo hizo por miedo a represalias, y en el sector empresarial 27.8 por ciento “porque no se llega a una solución”; otro 25.3 por ciento por miedo a represalias y 22 de cada 100 piensa que la corrupción es una práctica común.
“La conclusión es que la persistencia del miedo a represalias, las barreras institucionales y la percepción de ineficacia, así como la resolución a la denuncia, sugieren la necesidad de rediseñar los canales de denuncia con un enfoque de cercanía, protección y resultados visibles que devuelvan a la ciudadanía y al sector privado la confianza en que denunciar puede generar consecuencias reales”, subrayó Víctor Romero.
En lo relacionado con el conocimiento de mecanismos anticorrupción, 88 por ciento de la ciudadanía no conoce campañas anticorrupción y 77.2 por ciento del empresariado no tiene idea de qué trata la legislación aplicable a las empresas.
Por ello, consideraron necesario fortalecer la inversión de recursos materiales y capital humano en el diseño de mecanismos anticorrupción más accesibles y operables, debido a que ello es clave para mejorar su implementación efectiva y fomentar una apropiación institucional sostenida.
En la pregunta sobre la confianza en instituciones y autoridades, la percepción de corrupción recae con mayor fuerza en actores cercanos a la ciudadanía, como policías, autoridades municipales y personal operativo, lo cual indica que la experiencia directa con servicios públicos influye más en la confianza que el posicionamiento institucional.
Percepción ciudadana
La ciudadanía dio porcentajes superiores a 70 por ciento a gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores como las figuras que cometen actos de corrupción. En el caso del sector empresarial, las calificaciones fueron de alrededor de 60 puntos para el mismo sector, y en el servicio público siete de cada 10 relaciona a la policía con la corrupción.
En la relación con trámites y servicios, la corrupción suele responder más a fallas estructurales del aparato burocrático que a intereses individuales, por lo cual debe simplificarse procesos y reducir la discrecionalidad para ser más eficaz y sancionar al usuario, aseveró.
En este caso, 38 por ciento de la ciudadanía apuntó que el principal motivo para ofrecer sobornos es agilizar trámites; en el sector empresarial, 16.4 por ciento lo hace para obtener licencias y permisos; mientras que en el servicio público se considera herramienta para agilizar trámites y procedimientos.
Áreas de oportunidad
En lo concerniente a la participación y responsabilidad social existen bases, consideró Romero, para fortalecer la corresponsabilidad social en el combate a la corrupción, la institucionalización de espacios de participación pública-privada y articular acciones educativas y preventivas desde la formación básica hasta los procesos empresariales.
Esto debido a que 54.1 por ciento de las empresas reconoció que no participa en acciones de gobierno para prevenir la corrupción; 73.9 por ciento del servicio público consideró muy necesaria la capacitación en integridad y 29.2 puntos porcentuales de la ciudadanía propone incluir en escuelas programas acerca de este tema. Además, más de 20 por ciento no identifica campañas contra la corrupción.
En el tema de expectativas y propuestas de cambio sobre la evolución de la corrupción en el mediano plazo, existe un panorama pesimista, y en el servicio público se destaca la importancia de fortalecer la concientización social, por lo cual es necesario impulsar acciones de participación, fortalecer jurídicamente los mecanismos que garanticen protección, acceso a la información y vías efectivas para enfrentar el problema.
Principales acciones y retos
El secretario técnico del Sistema Anticorrupción, Víctor Romero Maldonado, destacó que los resultados del diagnóstico muestran que van por buen camino, aunque los resultados de estas acciones y otras más que estarán ejecutando a partir de esta evaluación se podrán medir en uno o dos años.
Los avances, aseguró, no son discursos, sino hechos plasmados en el Octavo Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, donde se identifican los trabajos para la digitalización de trámites, la adopción de procesos electrónicos de simplificación administrativa y herramientas para reducir la discrecionalidad y agilizar servicios, además de consolidar controles internos.
También está la consolidación de la versión 3.0 del Modelo de Gestión de Riesgo de Corrupción para el Sector Público del Estado de México, que ya están implementando diversos ayuntamientos, además del diagnóstico sobre procedimientos clave de mayor incidencia de corrupción en la entidad.
El titular destacó que se fomentaron y consolidaron diversos mecanismos de denuncia que facilitaron a la población reportar posibles irregularidades y actos contrarios a la legalidad, garantizando la confidencialidad y protección de las personas denunciantes.
La Secretaría de la Contraloría fortaleció su Sistema de Atención Mexiquense; el Poder Judicial implementó el programa “Confía” para que la población presente sugerencias, peticiones y comentarios sobre la impartición de justicia; el Instituto de Transparencia instaló 101 módulos de información pública en 36 municipios de la entidad, y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la FGJEM inició 3 mil 142 carpetas de investigación y ha firmado convenios de colaboración en materia de auditoría y fiscalización.
Otra de las acciones que han llevado a cabo previo a este diagnóstico son 5 mil 716 procedimientos de responsabilidad administrativa que culminaron con sanción firme, y que deben socializarse para que la gente vea que sí pasa algo cuando denuncian.
Están por lanzar una campaña que dignifica el servicio público, donde se mostrarán personas servidoras públicas que basan su conducta en principios éticos e íntegros, a lo cual se suma la campaña “Para la corrupción frenar, tú debes denunciar”.
Los retos a futuro
Son varios los retos como resultado de este diagnóstico, acotó Romero. Entre ellos están avanzar hacia mecanismos institucionales que visibilicen las sanciones reales por actos de corrupción; reposicionar los canales de denuncia como herramientas efectivas, accesibles y seguras; mejorar la comprensión, apropiación y utilidad práctica de los mecanismos institucionales, ciudadanos y la cultura organizacional.
“Se debe fortalecer la inversión institucional en campañas de difusión que promuevan el conocimiento, sentido práctico y utilidad de los mecanismos anticorrupción; fomentar esquemas de colaboración entre gobierno, sector privado y ciudadanía; fortalecer la institucionalización de principios de integridad como parte de la cultura organizacional en las instituciones públicas y privadas; fortalecer la capacidad para identificar y corregir procesos administrativos vulnerables, desde un enfoque de rediseño institucional que elimine incentivos de corrupción y priorice la eficiencia y transparencia”, detalló.
También, concluyó, se debe procurar una gobernanza colaborativa que convoque al sector público, privado y social a construir soluciones compartidas, donde las acciones que se llevan a cabo tienen rumbo y ahora una dirección segura, basada en estudios serios para tener mejores resultados.
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