El martes 19 de enero de 1943, en la sección primera del Diario Oficial, se publicó un decreto en el que se aceptaban los derechos y obligaciones asumidos por México en la Conferencia Internacional Telegráfica y Telefónica celebrada en El Cairo, otro decreto que concedía prerrogativas a los barcos, hidroaviones de guerra y navíos de patente de corso que desean arribar y fondear en aguas y puertos mexicanos, siempre y cuando pertenecieran a los países que contribuían a la defensa de América, y en su sección segunda: la Ley que dio origen al Seguro Social.
Desde su nacimiento, el IMSS se estableció como un instrumento de utilidad social en defensa de las y los trabajadores, pero al mismo tiempo creó “la informalidad laboral” en México. La ley estableció que el seguro sería únicamente para quienes prestaran a otra persona un servicio en virtud de un contrato de trabajo, ya sea en empresas privadas, estatales o en cooperativas.
Si bien la dinámica de la época dio sentido a esa redacción, la misma alejó de toda cobertura a las y los mexicanos que desempeñaban un trabajo por cuenta propia, los dejó vulnerables, sin acceso a prestaciones y a servicios médicos. Con el paso de los años, los avances tecnológicos y el impacto de la pandemia por COVID-19, esta situación aumentó, pues comenzaron a sumarse nuevas modalidades de empleo: trabajo desde casa, en el extranjero, en plataformas digitales o freelance.
En 1997 se creó el Seguro de Salud para la Familia enfocado en estas personas, sin embargo, era muy costoso, tenía tiempos de espera prolongados y se limitaba a la atención médica. En más de 20 años sólo logró afiliar a 32 mil mexicanos.
En agosto de 2020, el Consejo Técnico del IMSS aprobó la creación de un programa piloto para que trabajadoras y trabajadores de negocios familiares, profesionistas independientes, pequeños comerciantes, artesanos o mexicanos que trabajan en el extranjero pudieran incorporarse voluntariamente al Régimen Obligatorio del Seguro Social y acceder a los cinco seguros con que cuenta el IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; así como guarderías y prestaciones sociales, lo mejor era que podían afiliar a sus familias.
El 21 de enero de 2021 liberamos un aplicativo para que el registro pudiera realizarse en línea. El programa funcionó: al corte de septiembre pasado, más de 131 mil personas estaban inscritas.
Pese a ello, al esfuerzo institucional le faltaba el reconocimiento legal, y así fue que el pasado 18 de octubre el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, con la cual se elevó a rango de ley este programa.
Esta reforma reconoce el derecho de las y los trabajadores independientes para unirse de manera voluntaria al IMSS, les otorga opciones de pago, les garantiza el acceso completo a los cinco seguros y, gracias a una reforma en materia de acceso a la vivienda, podrán cotizar ante el Infonavit si así lo deciden.
Sin duda se trata de la reforma más importante en materia laboral de los últimos años. Se deja de pensar que el trabajo sólo puede ser reconocido cuando hay una relación obrero-patronal.
Agradezco a las y los diputados, especialmente a Ivonne Cisneros por su compromiso con este proyecto, a las senadoras y senadores, a la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, impulsora de este tema, a Carlos Martínez, director del Infonavit por su búsqueda de vivienda digna para los trabajadores, a nuestra directora de Recaudación e Incorporación, Norma Gabriela López Castañeda y a su equipo, a los Consejeros del IMSS por confiar en este proyecto.
Con trabajadores independientes hacemos que, en el IMSS, todo sea Bienestar.
