Mientras la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, a diciembre de 2023, la policía preventiva municipal es la corporación que mayor desconfianza genera entre la población, Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública, anuncia la ampliación del programa de Policía Preventiva a dos ciudades de la frontera y una del sur, cuyos gastos serán responsabilidad de los ayuntamientos.
En el sexenio del priista Egidio Torre Cantú, la policía municipal fue desmantelada ante la severa crisis de inseguridad que azotaba todo el estado y la infiltración del crimen organizado en las corporaciones municipales, responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad.
Transcurridos dos años de la administración estatal morenista, encabezada por Américo Villarreal Anaya, se da a conocer la iniciativa para implementar una corporación municipal de seguridad en las ciudades con mayor incidencia delictiva y con más población. Actualmente, existe en Reynosa un programa piloto que, al parecer, no ha dado los resultados esperados.
En el sur, y una vez finalizado el gobierno panista de Tampico, donde entrará en funciones como alcaldesa de Morena, Mónica Villarreal Anaya, trasciende que funcionará la policía preventiva, cuyos gastos operativos quedarán bajo responsabilidad municipal.
De lo anterior se desprenden algunas interrogantes: ¿tuvo que ganar Morena en Tampico para, en la medida de lo posible, atender una de las demandas más importantes de la sociedad? El Inegi, un organismo oficial, siempre destacó la seguridad y su percepción en el puerto jaibo.
Parece existir una contradicción entre la realidad que se vive en la zona conurbada de Tamaulipas y en gran parte de la entidad, y las mediciones llevadas a cabo por el Inegi.
Más allá del gasto, es necesario e indispensable contar con efectivos altamente preparados y con una corporación que llene vacíos en la seguridad de cada ciudad, además de una cercanía con la población para su protección y no para cometer actos de corrupción.
Esperemos que la decisión de reactivar nuevamente el cuerpo policiaco obedezca a una estrategia integral de seguridad y no a intereses políticos, aunque lo segundo es muy común.
